El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón ha pedido que se incrementen las tasas y precios públicos en un 4 por ciento, propuesta que forma parte de las once enmiendas que ha presentado a las ordenanzas fiscales.
La concejala socialista Marina Pineda ha explicado este lunes que el gobierno “no ha abordado con seriedad” el debate de las ordenanzas fiscales al no revisar “en profundidad” las diferentes figuras tributarias “para acomodarlas a los precios reales de los servicios”.
Pineda, que no ha anticipado cuál será el voto de su formación en torno a las ordenanzas, sí ha aseverado que, en caso de salir adelante sus enmiendas, tendrían que “estudiar y valorar” cuál sería su posición.
La edil socialista ha resaltado que las enmiendas presentadas son de dos tipos: la primera para que se actualicen las tasas y precios públicos en un 4% y el segundo bloque pasaría por “aquilatar ciertos supuestos” en aquellos casos en los que existen tarifas reducidas de los organismos autónomos por actividades culturales, de ocio, educativas y deportivas.
Pineda ha insistido en que las tasas y precios públicos estuvieron “prácticamente congelados” entre 2011 y 2019 algo que, a su juicio, es imposible sostener si “el Ayuntamiento quiere mantener el nivel de los servicios públicos”, al tiempo que ha pedido a la concejala de Hacienda, María Mitre, un estudio en profundidad que permita combinar esta revisión con una presión fiscal que no repercuta de manera lesiva sobre las familias.
La edil ha criticado que “la limitación del proyecto del gobierno” ha impedido que los socialistas pudieran presentar enmiendas que contribuyesen “a unas ordenanzas fiscales más justas”, lo cual no garantiza que Gijón “siga siendo un referente en la calidad de los servicios”.
Desde su punto de vista, ese fin “sí se logra” implementando el recargo del IBI a las viviendas vacías (que puede ir del 50 hasta el 150%) y con el foco en los grandes tenedores, en una ciudad en la que hay 8.400 pisos fuera del mercado de venta o alquiler.
Además, los socialistas apuestan por aumentar las bonificaciones por la instalación de sistemas de energías limpias en las viviendas, tanto unifamiliares como colectivas, y por poner en marcha de forma progresiva el IBI diferenciado, que grava el uso más intensivo que se hace de determinadas actividades económicas de los servicios urbanos y que ya se ha implantado “en la mayor parte de las ciudades españolas”.
