Ovidio Zapico ha anunciado que su departamento evaluará, a petición de los ayuntamientos, aquellos barrios que pueden ser susceptibles de ser declarados “zonas tensionadas”, para lo que se han reservado 30.000 euros para la realización de los
estudios pertinentes. Se trata de una medida contenida en la nueva Ley de Vivienda, que abre la puerta a las comunidades a limitar los precios en aquellas zonas en las que el coste medio de la vivienda es superior al 30% de los ingresos medios y el precio de la compra o del alquiler haya subido al menos tres puntos porcentuales por encima del Índice de Precios de Consumo de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre, en los cinco años anteriores a la declaración del área tensionada.
El consejero ha expuesto las líneas maestras de su consejería en una comparecencia parlamentaria en la que los temas de vivienda han sido centrales. El también coordinador de IU ha anunciado que la dirección General de Vivienda tiene previsto iniciar la construcción de 550 viviendas así como la rehabilitación de otras 300 de titularidad pública. En política de Vivienda, “nuestra seña de identidad” en palabras del Consejero, se han incremento los recursos en 19 millones de euros, hasta rozar los cien millones (98.362.253 €) que, ha enfatizado, “nos permitirá dar un giro de 180 grados
a estas políticas y acabar con la parálisis de los últimos años”.
Como primeras medidas para relanzar la vivienda pública, Ovidio Zapico ha señalado que la Dirección General ya trabaja “a velocidad de crucero” con la puesta en marcha de un protocolo de rehabilitación y adjudicación de vivienda de emergencia, la paralización de los desahucios previstos en Vipasa, el pago de las ayudas al alquiler pendientes desde 2021 o la adjudicación por trámite de urgencia de viviendas públicas a personas desahuciadas, tal y como recoge el decreto 25/2013 22-V. En este sentido, ha explicado que la Dirección General trabaja ya en la resolución de cuatro expedientes.
La acción pública también se podrá sentir en el mercado, con acciones como el ejercicio del tanteo y retracto en las transacciones de viviendas protegidas, para lo que el departamento contará con 400.000 euros. El objetivo es evitar el fraude en los precios, asegurando que los topes marcados por la ley para este tipo de pisos se respete.
También habrá recursos para la compra y mejora de vivienda pública, con 13 millones de euros de ayudas para el acceso a la vivienda, los 27,5 para la mejora de la envolvente térmica en barrios residenciales o los 10 millones para la rehabilitación de fachadas. Además, se dedican 3,2 millones de euros a ayudas a la accesibilidad, 1,3 millones a proyectos para iniciar obra nueva en 2025 y otros 1,2 para cohousing.
