Dos multinacionales se insertan en el perímetro del corazón de una ciudad. Enagas, que ya ha dado sus primeros pasos en el tráfico de gas, y Umicore, la multinacional belga dedicada a la fabricación y reciclaje de componentes para baterías de coches. La operación de esta última se podría cerrar a partir del 13 de enero, día en que se dará a conocer las condiciones de la concesión, día en el que se podría modificar el mapa de la industria de la automoción y de la producción de energía en Asturias y en España.
No sabemos cuándo terminará la guerra de Ucrania, la que puso en jaque los modelos energéticos de los países de la UE y, principalmente, de Alemania que había decidido cerrar sus centrales nucleares y pivotar su transición energética hacia las energías renovables y el gas que compraba masivamente a Rusia a través de los gaseoductos del Báltico, hasta hace casi dos años. Alemania encajó el golpe después de 400 días, pero no sabemos cuánto tiempo se podrá mantener si no acelera su paso a otro modelo energético.
En cambio, el gobierno de Macrón ha comprendido desde el principio de la guerra esta situación y otea un horizonte en el que puede convertir al país galo en un proveedor fiable de energía en Alemania. Es posible que se produzca, por tanto, un reajuste en las relaciones entre los dos países. Es posible que ya se haya dado o que ya se esté dando. Hace unos meses, la relación entre España y Francia se tensionó como consecuencia de la catalogación que la Comisión Europea quiso hacer del hidrógeno rosa o, lo que es lo mismo, el hidrógeno extraído de un proceso de electrólisis inducido mediante electricidad de origen nuclear. El hidrógeno rosa pudo haberse quedado fuera del catálogo de energías renovables gracias a España, pero se impuso la lógica histórica del eje franco-alemán que ha guiado buena parte de la historia de la UE y, finalmente, la Comisión de Úrsula Von der Leyen aprobó que el hidrógeno se incluyera en la lista de energías limpias, para sorpresa de las organizaciones ecologistas.
España, a diferencia de Francia, podrá fabricar hidrógeno verde, la producida a partir de la energía eólica y solar, y ser la plataforma geográfica que suministre gas al resto de Europa: hacia el norte desde los puertos de Mugardos, Gijón y Bilbao, hacia el Levante desde Barcelona, Almussafes, Cartagena y Huelva. Mientras esto suceda, continuará cerrando sus centrales nucleares y desarrollando los procesos de descarbonización financiados con Fondos Europeos tras el estallido de la pandemia. Pero Francia es un país eminentemente nuclear. El 62% de su energía eléctrica se produce en sus 56 centrales nucleares aunque no todas funcionan a pleno rendimiento. Por el contrario, en España la 47,9% de la energía eléctrica es renovable y el 20.8% de origen nuclear. España y Portugal están llevando a cabo en los últimos años una apuesta decidida por las energías limpias y buscan acceder a los mercados europeos que, en estos momentos, carecen de una oficina de la energía capaz de regularlos, más allá del sistema de tarifación de la electricidad acordado hace un mes.
En la apuesta por la descarbonización de la industria y la intensificación de las energías renovables, Gijón ha cobrado una relevancia geopolítica de primer orden gracias a su situación geográfica y, primordialmente, a la ampliación de su puerto, abierto a los tráficos desde hace diez años y al almacenamiento del gas. Después de una década inoperativa, la planta regasificadora de El Musel es actualmente propiedad de Enagás en un 75% y es también propiedad de Reganosa con el 25% restante, según el acuerdo al que llegaron el pasado mes de septiembre. Reganosa, por otra parte, dispone de la planta de Mugardos, en Ferrol, donde la Xunta de Galicia de Feijóo ya era dueña del 17% y acaba de ampliar su participación accionarial. La transacción entre Enagas y Reganosa favorece la creación de un gran hub energético en el noroeste peninsular, que refuerza a su vez el papel de España y, particularmente, a la Xunta como enclave del hidrógeno verde en Europa. Ambos propietarios han adjudicado a Endesa la gestión de los tráficos de El Musel. Un dato importante: la compañía, participada mayoritariamente (70%) por el grupo público italiano ENEL, será la que se encargue de los servicios logísticos de la misma. Italia juega un papel importante en los tráficos de gas en el Mediterráneo y es el cliente prioritario de Argelia desde que estalló la guerra de Ucrania. Antes lo era España.
Con el acuerdo de septiembre, Enagás accede al total de la red de transporte que hasta entonces era propiedad de Reganosa. Básicamente, dispone de 130 km de gasoductos conectados a la Red Troncal que garantiza la seguridad de suministro y el correcto funcionamiento del mercado ibérico del gas. A su vez, Reganosa dispone del 25% del accionariado de Musel E-Hub, que hasta ahora era propiedad 100% de Enagás. Curiosamente, Reganosa fue una de las empresas que había alegado en contra de la regasificadora, cuando esta carecía de informe ambiental durante los gobiernos de Mariano Rajoy, “visitante habitual de Azerbaiyán”. En 2017, las dos empresas españolas se disputaron el control del 66 % de las acciones de la empresa pública de distribución de gas natural en Grecia (DESFA).
Reganosa, la gasística gallega, extendió en 2016 su red de gaseoductos hasta la planta de Delimara, en Malta, constituyendo Reganosa Malta Ltd a petición del Consorcio ElectroGas Malta (integrado por Siemens, Socar y GEM). Socar Trading es el brazo comercial de la petrolera pública azerbaiyana SOCAR (State Oil Company de la República de Azerbaiyán), que participa en la exploración de campos de petróleo y gas, produce, procesa y transporta hidrocarburos, comercializa el petróleo y productos petroquímicos en los mercados nacionales e internacionales, y suministra gas natural a los mercados mundiales y al propio de Azerbaiyán. El consorcio ElectroGas subcontrató a su vez a Reganosa para operar en la terminal de Delimara durante 18 años por una cifra que la gasística situó en 600.000 euros anuales.
En 2019, el diario El País se hizo eco de severas sospechas de corrupción sobre el contrato que otorgó el Gobierno maltés a ElectroGas, sospechas “que llegaron en 2019 al Consejo de Europa”. Su Asamblea Parlamentaria aprobó ese año una resolución que afirma que la adjudicación de la regasificadora maltesa al consorcio fue “altamente irregular”, ya que la empresa estatal de petróleo de Azerbaiyán obtuvo grandes beneficios suministrando el gas a la planta que operaba Reganosa a un precio superior al promedio del mercado. Según el dictamen europeo, miembros del Ejecutivo que licitó el complejo iban a recibir pagos de personas vinculadas a ElectroGas a través de empresas radicadas en Panamá. La policía de Malta fue alertada pero, según afirmó el Consejo de Europa, nunca actuó contra los políticos señalados.
Asturias está cobrando un protagonismo inusitado. Como reconocen algunas autoridades del ministerio de Transporte, si durante 10 años El Musel no ha sido capaz de captar más tráficos marítimos y más diversificados, es hora de reflexionar e intentar sacar partido al millón de metros cuadrados ganados al mar a través de una de las obras de ingeniería civil más importante, junto a la Variante, de la historia de Asturias. En ese contexto se explica también el interés por la instalación de una planta pirolítica primero y ahora una factoría de baterías cuya actividad concreta será dada a conocer definitivamente a partir del próximo 13 de enero.
La llegada de Preco a Gijón provocó este año una alarma justificada en la sociedad gijonesa que no quiso ver en la dársena de El Musel una planta que emitía gases contaminantes. La resistencia del movimiento vecinal y de la Plataforma contra la Contaminación con el apoyo de la mayoría de los partidos, logró que el Gobierno del Principado desestimara este proyecto que anticipaba la llegada de otro, el de Umicore, con 1.300 millones de inversión, más grande, más arriesgado y con un impacto medioambiental que no se podrá evaluar hasta que el próximo 13 de enero se descubra la naturaleza del mismo.
En 2020, la revista Político, alertaba de un aumento de los problemas sanitarios relacionados con la actividad de una de sus plantas en Hoboken, un suburbio de Amberes donde Umicore tiene una de sus factorías principales. “Más de 60 niños han mostrado altos niveles de plomo en la sangre. Un niño de 5 años tenía cinco veces más del límite de 5 microgramos por decilitro de sangre que la Organización Mundial de la Salud considera seguro”, informaba la prestigiosa revista.
A pesar de la alfombra roja con la que ha sido recibido su anuncio, publicado en el BOE el pasado 13 de diciembre, desde Navidad se ha instalado el silencio de medios y autoridades en torno a un proyecto que llegó a vincularse a Volkswagen pero que directivos de la multinacional del automóvil “no pueden confirmar”, remitiéndose a los responsables de Umicore. El silencio dice también cosas. En la entrevista publicada el pasado domingo en el diario El Comercio, el presidente asturiano Adrián Barbón, repasó los proyectos de esta legislatura, pero en ningún momento se le preguntó ni el mencionó nada sobre este proyecto mil millonario.
La transición energética es también una transición extractiva. Hemos pasado de la extracción del carbón a la extracción de los minerales críticos que se necesitan para descarbonizar el sistema. La energía que da el sol en forma de radiación directa o de viento necesita ciertos equipamientos para transformarlos en electricidad: aerogeneradores, baterías de coches eléctricos, placas solares. Todos están hechos de ciertos metales que, o se extraen de las minas y después se procesan, o se reciclan a través de procedimientos de refinamiento, bien pirolíticos o bien hidrometalúrgicos, que siguen siendo contaminantes. Un coche eléctrico multiplica por cuatro y hasta seis la cantidad de minerales que necesita un coche con motor de combustión interna y se trata de una cantidad tal de minerales que preocupa seriamente, de cara al proceso de transición.
A corto y medio plazo no hay ningún ingeniero que pueda garantizar la existencia de recursos suficientes para satisfacer la demanda de producción de coches. Esos metales puros que se emplean hay que refinarlos primero o reciclarlos después de su uso. Nace así una geopolítica nueva, diferente, con una cadena de valor distinta. Y la pregunta es sencilla: ¿quién controla esa cadena? Pues es China el estado que hegemoniza el procesado de los minerales y se sitúa muy por encima de Occidente en la fabricación de aerogeneradores, placas fotovoltaicas y baterías. En Europa, en cambio, se ha impuesto una idea. Recicla pero no lo hagas en mi patio trasero, “Not in my back yard”.
Hasta el 13 de enero no sabremos si Umicore está dispuesta o no a instalarse en El Musel, qué pretende hacer si lo hace ni tampoco cómo lo hará. El ex-consejero de Industria, hoy senador, Enrique Fernández, mantuvo una videoconferencia con responsables de la compañía el 20 de diciembre de 2022 de la que nunca se supo nada. Entre los políticos, los medios de comunicación y la sociedad sigue existiendo un foso de oscurantismo. La fosa que separa los informes políticos y la comunicación que hacen los responsables de las instituciones políticas es profundo. La cadena entre conocimiento científico y tecnológico, intereses económicos y promesas fáciles de vender puede tener efectos desastrosos, tan desastrosos como la chispa de una batería junto a una bombona de gas.
ADENDA I: No está de más recordar que Puertos del Estado percibe por la regasificadora de El Musel una importante cuantía. Más de 2,5 millones de euros anuales por la tasa de ocupación de cerca de 262.000 metros cuadrados y el 1% sobre el volumen de negocio. Tampoco está de más recordar que la Autoridad Portuaria ha tasado en casi 6 millones de euros los terrenos que podría comprar el Ayuntamiento de Gijón para llevar a cabo su Plan de Economía Azul. La Autoridad Portuaria no parece tener la pretensión de cedérselos a los vecinos de Gijón.
ADENDA II: A Umicore y Enagas se suma también la industria de generadores eólicos terrestres y marinos en la bahía gijonesa. En ese contexto se despliega la tensión existente entre la Asociación Eólica del Principado de Asturias, principal patronal que agrupa a las empresas del sector, con el gobierno de coalición de PSOE e IU. La asociación está representada en su Junta Directiva por las siguientes empresas: EDP Renováveis, Enel Green Power España, Eurus, Costa Eólica, ERPASA, Iberdrola, Viesgo Renovables y Electra Norte.
