El Estado entra en Telefónica “con vocación de permanencia”, opción que sigue descartando para ArcelorMittal

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales compra el 3% de las acciones de la multinacional española.

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Diego Díaz Alonso
Diego Díaz Alonso
Historiador y activista social. Escribió en La Nueva España, Les Noticies, Diagonal y Atlántica XXII. Colabora en El Salto y dirige Nortes.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha entrado con un 3 % y “con vocación de permanencia” en el capital de Telefónica, tras adquirir acciones por un valor aproximado de 700 millones de euros.

Con esta adquisición, la multinacional vuelve a tener capital público por primera vez desde su privatización en 1997, en tiempos de José María Aznar en la presidencia del Gobierno.

Esta operación, que desde CCOO y UGT, así como Sumar, IU, Podemos y el PSOE gijonés, se ha reclamado para ArcelorMittal, está por ahora descartada en la siderurgia integral asturiana, la única en España capaz de realizar toda la transformación que va desde el mineral del hierro hasta los productos acabados de acero.

Desde CCOO Damián Manzano, responsable de Industria, señala que el caso de Telefónica demuestra que cuando el Estado quiere “eso se puede hacer y es perfectamente legítimo”. Para Manzano la opción de entrar en “empresas estratégicas” es compatible con la Constitución Española y la Unión Europea y se acaba de demostrar en este caso. Desde CCOO defienden la nacionalización de ArcelorMittal si la multinacional no lleva adelanta las inversiones pendientes en descarbonización. Inversiones imprescindibles para el futuro de las plantas asturianas.

Salvaguarda de las capacidades estratégicas

Mientras tanto el presidente Adrián Barbón como el ministro Jordi Hereu descartan un escenario de intervención pública en ArcelorMittal, la SEPI ha dado ese paso en Telefónica recordando que se trata de un empresa “estratégica para los intereses nacionales” por su liderazgo en el sector de las telecomunicaciones y sus capacidades industriales, que, a su juicio, son “determinantes” en áreas como la seguridad y la defensa, según ha explicado.

La decisión de que el Estado vuelva al capital de Telefónica se tomó tres meses después de conocerse que la operadora estatal Saudí Telecom quería hacerse con el 9,9 % de Telefónica. De hacerlo sería el primer accionista de la multinacional española siempre que la SEPI no complete el 10 % de participación en Telefónica. En este último caso, sería la SEPI el número 1.

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