El Gobierno de España ya no tiene excusas para mantener el peaje del Güerna

La Comisión Europea da la razón a Daniel Ripa y emplaza a España para que corrija la infracción a la legislación comunitaria.

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Javier Álvarez Villa
Javier Álvarez Villa
Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias. Miembro del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies.

El 18 de septiembre de 2019 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia de extraordinaria relevancia respecto del modo en que deben acordarse las prórrogas de las concesiones de las autopistas. La Comisión Europea había recurrido la decisión del Estado italiano de ampliar el plazo de la concesión otorgada a la empresa Società Autostrada Tirrenica SpA para la construcción y explotación de la autopista que une Livorno y Civitavecchia, que vencía en el año 2028, extendiéndolo dieciocho años más, hasta el 2046. El recurso fue estimado por el TJUE al considerar que una prórroga de la duración de la concesión por un plazo tan largo suponía una modificación sustancial de las condiciones del contrato, que debía ser objeto de un nuevo anuncio de licitación y, por tanto, de un procedimiento competitivo y con libre concurrencia de ofertas, de conformidad con la normativa de contratación pública comunitaria. Dicho de otro modo, no cabía ampliar la concesión de forma directa o “a dedo”, como había hecho el Estado de Italia.

El litigio italiano se inició en el año 2009 por una denuncia formulada ante la Comisión Europea y se fue prolongando en el tiempo ante la renuencia del Gobierno de Italia a atender los sucesivos requerimientos de la Autoridad comunitaria, que terminaría por hartarse y judicializar el conflicto con el resultado que acabamos de señalar. A pesar de que la sentencia del TJUE data de septiembre de 2019, la ejecución definitiva de la misma no llegó hasta el 2023, – ¡14 años después de la formulación de la denuncia! -, tras nuevos forcejeos y maniobras dilatorias.

Campaña de Podemos contra el peaje.

La prórroga de la concesión de la autopista de peaje del Güerna tiene los mismos ingredientes que el caso italiano. Una concesión administrativa otorgada en el año 1975 para la construcción, conservación y explotación de la autopista Campumanes –León, adjudicada por entonces a “Autopista Concesionaria Astur Leonesa S.A.” por un plazo de cuarenta y seis años, que finalizaba el 17 de octubre del 2021; y una prórroga aprobada por el Gobierno de Aznar, con el todopoderoso vicepresidente Álvarez Cascos a la cabeza, sin anuncio público de licitación, por veintinueve años más, extendiendo el plazo hasta el año 2050.

Ahora el Gobierno de coalición debe decidir si legitima esa decisión ilegal del dúo Aznar–Cascos y se hace responsable solidario de la misma

Entre la indignación generalizada de cargos institucionales, partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales, coincidentes todos ellos en que esa prórroga del peaje hasta el año 2050 perjudicaba gravemente la movilidad de la ciudadanía asturiana y lastraba la competitividad de nuestra economía, que nunca pasó más allá del ámbito de discusión característico de la barra del chigre, fue el por entonces diputado autonómico Daniel Ripa, en representación de Podemos Asturies, el único con el coraje cívico y la lucidez imprescindible para formular una denuncia ante la Comisión Europea en septiembre del 2021. En ella razonaba, en lo sustancial, que la prórroga acordada en el año 2001 vulneraba la normativa comunitaria en los mismos términos y con idéntico alcance que el establecido por la sentencia del TJUE en el año 2019 respecto de la autopista italiana. Con similares argumentos a los que ya había utilizado un año antes en Galicia y respecto a la autopista AP-9 (Autopista del Atlántico), la asociación “En Colectivo”.

Manifestantes en la concentración contra el peaje del Huerna. Foto: Iván G. Fernández

Ahora la Comisión Europea da la razón a Daniel Ripa y emplaza a España para que corrija la infracción a la legislación comunitaria, que afecta tanto a la prórroga del plazo de la concesión, como a la venta pública en el año 2003 de la Empresa Nacional de Autopistas SA (ENAUSA), titular de las acciones de las concesionarias de la AP-9 y de la AP-66, por las Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), otorgando al Estado un plazo de dos meses para formular alegaciones.

La pelota está en el tejado del Gobierno español. El pasado miércoles, el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, afirmaba en el Congreso que “si en este país queda un solo kilómetro de pago es exclusivamente gracias a las decisiones del PP”. Ahora el Gobierno de coalición debe decidir si legitima esa decisión ilegal del dúo Aznar–Cascos y se hace responsable solidario de la misma, defendiendo ante la Unión Europea que la prórroga se ajustaba a Derecho y entrando en una dinámica marrullera y obstruccionista de huida hacia delante como la protagonizada por el Estado italiano, con el objetivo de enquistar el conflicto durante una década; o actúa con la honestidad imprescindible que exige la protección de los intereses sociales y económicos de Asturies, otorgándoles preferencia sobre los estrictamente crematísticos de la empresa concesionaria, lo que pasa por acatar el requerimiento de la Comisión Europea e iniciar ya el procedimiento de declaración de nulidad de la prórroga acordada en el 2000 y de la venta del año 2003.

La sociedad asturiana, en su conjunto, debe exigírselo al Gobierno con la máxima firmeza. Toca demostrar que sí hay país

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