Asturies pondrá fin a la “barra libre” al alquiler turístico

El Gobierno aprueba la reforma de la Ley de Turismo, que inicia este viernes su tramitación parlamentaria.

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Redacción Nortes
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Te contamos lo ocurrido centradas en la periferia.

Las viviendas que vayan a destinarse en Asturias al uso turístico (VUT) no podrán alquilarse por habitaciones, deberán contar con la autorización expresa de las comunidades de vecinos y tendrán que cumplir unos requisitos mínimos de accesibilidad y sostenibilidad, además de exhibir en un lugar destacado una placa identificativa de la actividad.

Las compañías turísticas que ya funcionan tendrán seis meses para adaptarse a todos estos cambios, una vez entre en vigor la ley y el incumplimiento de los requisitos establecidos conllevará la salida del registro y la imposibilidad de ejercer la actividad en un periodo de seis meses a cuatro años.

Estas son algunas de las medidas que se han incluido en la reforma de la Ley de Turismo que ha aprobado este viernes el Consejo de Gobierno, que dará hoy mismo traslado del proyecto al parlamento asturiano para que inicie su tramitación parlamentaria.

El objetivo es que el cambio sea aprobado en las próximas semanas, antes de que se inicie el Gobierno, según ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, Gimena Llamedo, que ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para que faciliten su tramitación.

El cambio persigue adaptar la actual Ley de Turismo a las exigencias del mercado y a los cambios legislativos impulsados a nivel europeo y estatal, incrementar la calidad y competitividad del sector, mejorar la ordenación de estos negocios, poner coto a los negocios ilegales y mejorar la convivencia entre visitantes y vecinos.

También pretende evitar que en Asturies se reproduzcan los graves problemas de acceso a la vivienda que se están produciendo en otros lugares de España y sienta las bases para delimitar futuras zonas turísticas protegidas, con el objetivo de salvaguardar el medio ambiente y el patrimonio histórico de las áreas más concurridas, informa el Principado.

Nuevos requisitos

El proyecto establece que las viviendas de uso turístico deberán alquilarse íntegramente, es decir, que no podrán contratarse por habitaciones, e impide que cualquier piso sometido a régimen de protección pública o protección oficial pueda destinarse a vivienda de uso turístico.

Esta actividad económica tendrá que contar con autorización expresa de las comunidades de vecinos, que podrán impedir el establecimiento de este tipo de negocios en sus edificios si así se establece en los estatutos de la comunidad o por acuerdo de la mayoría, un requisito que deberán cumplir en un plazo máximo de seis meses.

Por otra parte, estos pisos deberán exhibir en un lugar destacado y visible una placa identificativa de su condición de VUT y su número de inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Principado, y deberán mostrar estas identificaciones en todas las páginas web y en cualquier soporte físico en el que se promocionen.

Más control y sanciones más duras

Las medidas de inspección se incrementarán para garantizar el cumplimiento de la normativa y con ese fin se plantea un servicio específico que prestará especial atención al intrusismo, la clandestinidad y la oferta ilegal.

De forma paralela, la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo trabaja en el diseño de una herramienta digital para la detección de negocios irregulares.

Las cuantías por infracciones se han incrementado en todo los tramos y podrán llegar a los 1.500 euros, en el caso de las leves -hasta ahora el máximo era de 600-, a los 15.000, si son de carácter grave -9.000 euros más que hasta ahora-, y a los 100.000 si son consideradas muy graves -el tope actual era de 60.000-.

La reforma incluye el concepto de zona turística protegida para aquellas áreas en las que se superen los niveles máximos de oferta y demanda, tanto de actividades como de establecimientos, o donde se pongan en riesgo el medio ambiente o los recursos turísticos básicos.

Estas zonas podrán circunscribirse a un concejo, limitarse a algunas partes del mismo e incluso incluir más de un municipio y su declaración deberá ser aprobada por el Consejo de Gobierno, aunque para favorecer la cogobernanza, las entidades locales podrán establecer ciertas limitaciones en estas zonas de especial concurrencia por razones de interés general.

Condiciones para las empresas

La modificación obligará a contratar, con carácter general para todas las empresas del sector, un seguro profesional de responsabilidad civil y solo permitirá presenta por vía electrónica la declaración responsable de conocimiento y cumplimiento de los requisitos que deben presentar los propietarios de pisos turísticos con antelación al inicio de la actividad.

Las compañías turísticas que ya funcionan tendrán seis meses para adaptarse a todos estos cambios, una vez entre en vigor la ley y el incumplimiento de los requisitos establecidos conllevará la salida del registro y la imposibilidad de ejercer la actividad en un periodo de seis meses a cuatro años.

A finales de 2023, en Asturias había registradas 5.696 viviendas para turistas -2.016 vacacionales y 3.680 de uso turístico-, según datos de la Fundación Universidad de Oviedo/Uviéu.

En el período de 2010 a 2019 se incorporaron una media de 250 nuevas viviendas turísticas al año, cifra que se ha disparado hasta las 605 desde 2020 hasta la actualidad.

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