El Tribunal Supremo inicia la discusión sobre el caso de La Suiza

La Sala Segunda de lo Penal, presidida por el juez Manuel Marchena, será la encargada de estudiar el recurso de la defensa.

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Diego Díaz Alonso
Diego Díaz Alonso
Historiador y activista social. Escribió en La Nueva España, Les Noticies, Diagonal y Atlántica XXII. Colabora en El Salto y dirige Nortes.

Este martes 18 de junio ha comenzado a deliberar en el Tribunal Supremo el recurso de
casación interpuesto por la defensa de las sindicalistas de CNT condenadas por el caso de
La Suiza de Xixón.

La Sala Segunda de lo Penal, presidida por el juez Manuel Marchena, será la encargada de estudiar el recurso. Una concentración del sindicato libertario ha acompañado en Madrid el inicio de los trabajos del alto tribunal, que podría no dictaminar hasta otoño si las condenadas entran o no en la cárcel.

Tres años de movilizaciones

En 2021, el magistrado-juez del Juzgado de lo Penal 1 de Xixón, Lino Rubio Mayo, condenó
a tres años y medio de prisión a ocho afiliadas y afiliados de CNT por un delito de coacciones, al considerar que sus movilizaciones ante el conflicto con el empresario de la pastelería La Suiza en Xixón había superado el ámbito de la libertad de expresión y la libertad sindical.

Concentración ante el Tribunal Supremo. Foto: Álvaro Minguito

La Audiencia Provincial de Asturies ratificó la condena en abril de 2022 para seis de las
ocho sindicalistas de la CNT, dirimiendo en apenas diez días lo que a priori podría ser un
sencillo conflicto sindical que acabó generando 14.000 folios. Finalmente, en abril de este año el Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso de casación interpuesto por la defensa de las seis de Xixón.

A lo largo de estos tres años el caso de La Suiza ha ido recibiendo cada vez mayor solidaridad y atención mediática, protagonizando este sábado una importante movilización en las calles de Xixón. Todos los sindicatos de clase asturianos, IU y Podemos, han reclamado la libertad de las condenadas. Desde CCOO y UGT han calificado el caso como un peligroso precedente para el ejercicio de las libertades sindicales al convertir los piquetes en sinónimo de coacciones y amenazas.

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