El Gobierno de España ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica que CCOO y UGT llevaban reclamando desde el final de la pandemia, y que incorpora algunas históricas demandas sindicales como la protección a la industria electrointensiva, muy presente en Asturies, y en transición a las energías renovables.
La nueva legislación también pone barreras, hasta ahora inexistentes, a la deslocalización, otra demanda de los sindicatos. Así, cualquier firma que quiera finalizar su actividad industrial en España tendrá que anunciarlo con 9 meses de antelación al Gobierno y, en el caso de haber recibido ayudas públicas superiores a 3 millones de euros tendrá que devolverlas si reducen en más de un 65 % su producción o en 500 personas o más su plantilla. Se trata de nuevas medidas que van en la línea de lo que Yolanda Díaz había anunciando en Avilés ante el cierre de una de las líneas de Saint Gobain. Desde Sumar destacan el sello de la coalición en la ley, pendiente ahora de trámite parlamentario.
La ley pondrá obstáculos, pero también facilidades. Los grandes proyectos industriales considerados estratégicos tendrán una nueva herramienta para acelerar su implementación, y podrán lograr ayudas públicas sin presentarse a concursos. Podrán de este modo reconocerse nuevos Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) más allá del vigente Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR).
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha insistido en que el texto aportará “modernización, seguridad, certidumbre y nuevos instrumentos de apoyo” al sector que aporta el 15% del PIB español, lejos del 20% recomendado por la UE, y del 30% que llegó a representar en los años 70 y primeros 80.
“Tiene como objetivo la reindustrialización, generar oportunidades de equidad social y territorial, garantizar autonomía estratégica, la atracción de nuevas inversiones industriales a España, el impulso de la innovación y la competitividad, la descarbonización de la industria y la transición digital”, ha señalado el ministro.
El texto también otorga protección de las industrias ya existentes. De este modo, cualquier empresa que quiera finalizar su actividad tendrá que anunciarlo con nueve meses de antelación al Gobierno.
A continuación, se establecerá una mesa para la reindustrialización donde estarán la compañía, el Ministerio, las comunidades autónomas y los sindicatos para revertir la decisión o asegurar todas las opciones posibles para el mantenimiento de las capacidades industriales.
En opinión de la ministra portavoz, Pilar Alegría, el nuevo articulado es, prácticamente, un “cambio de paradigma” si se compara con el vigente, de 1992. “Hemos conseguido, después de mucho debate y diálogo, esta nueva Ley de Industria para nuestro país”, ha celebrado.
