El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes una docena de medidas en materia de vivienda que abarcan trasferir 30.000 casas de la Sareb a la nueva empresa pública, cambios fiscales en socimis y alquiler turístico o exenciones de 100 % en el IRPF para los que alquilen según el índice de precios de referencia.
En la clausura del foro “Vivienda, quinto pilar del Estado del Bienestar”, ha avanzado además un PERTE de Viviendas, destinado a impulsar la modernización del sector de la construcción industrializada y modular, que se localizará en la provincia de Valencia a fin de contribuir a reconstruir el tejido económico afectado por la dana.
Tras la presentación por parte de Feijóo de su paquete de medidas, el presidente del Gobierno ha acusado al PP de haber hecho una política ideológica y neoliberal con nefastas consecuencias que frenó la construcción de viviendas públicas de 115.000 a 5.000 o llevó al mercado libre muchas viviendas protegidas hasta dejar a España a la cola de Europa con un 2,5 % del parque. También ha recordado que durante el ‘boom’ se creaban 400.000 hogares al año y construían 600.000 viviendas y hoy las cifras son de 300.000 hogares y de 90.000 casas, respectivamente.
Sánchez ha presentado un paquete de medidas en el que, por decirlo en términos coloquiales, “pone una vela a Dios y otra al diablo”, quizá consciente de que entre los votantes del PSOE hay de todo un poco: quienes sufren el drama de la vivienda, y quienes, en mayor o menor medida, participan, o aspiran a participar de los beneficios de ese “capitalismo popular” que es poseer un piso que no se necesita para vivir.
El presidente del Gobierno promete intervención y regulación del mercado, pero sobre todo medidas más conciliadoras con los propietarios y la patronal de la construcción.
Transferencia de viviendas del Banco Malo a la empresa pública de vivienda
Una de las medidas estrella del Plan Sánchez es la empresa pública de vivienda que empezará a incorporar las más de 30.000 viviendas que actualmente tiene el conocido como banco malo, 13.000 de ellas de forma inmediata y otras 17.000 de forma progresiva. Se trata de una histórica reivindicación de la PAH y el movimiento por la vivienda desde los tiempos de la crisis inmobiliaria, cuando el Estado rescató a través de la SAREB o “Banco Malo” todos los inmuebles que los bancos y cajas de ahorros no habían logrado colocar en el mercado.
A esta nueva empresa pública se acaban de transferir más de 3.300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial para construir casas sociales de alquiler asequible.
Después de que SAREB anunciara recientemente que paralizaba la venta de su división promotora Árqura, dueña de un importante banco de suelo, Sánchez ha apuntado que esta bolsa de inmuebles se financió con dinero público que ahora se va a devolver a la gente.
En este sentido, ha apuntado que lo que se construya o rehabilite con dinero público seguirá siendo siempre de los españoles y no acabará en manos de los fondos buitre y grandes especuladores como, ha denunciado, ocurrió durante el mandato del PP.
Cambios fiscales para socimis y pisos turísticos y exenciones del 100 % en el alquiler
Sánchez propone una intervención del mercado de muy baja intensidad. Así se compromete a llevar al Parlamento una reforma fiscal para que los pisos turísticos tributen como un negocio, impulsando en el marco de la nueva directiva europea sobre el IVA la aplicación de una fiscalidad que lo equipare al de otras actividades económicas.
También busca endurecer la regulación que persiga el fraude en los alquileres de temporada con la creación de un fondo para que los gobiernos autonómicos y municipales refuercen las inspecciones. La propuesta queda lejos de la demanda de los sindicatos de inquilinos: acabar con los contratos de temporada y corta duración, e impulsar un contrato de alquiler indefinido que de más seguridad al inquilino e impida las periódicas subidas abusivas del alquiler.
Otro anuncio del presidente es cambiar el régimen de ventajas fiscales que tienen las socimis para que solo se apliquen a la promoción de vivienda en alquiler asequible a fin de acabar con la actual “injusticia” y que no sea para pagar menos impuestos.
Asimismo, se va a proponer al Congreso la aprobación de una exención fiscal del 100 % del IRPF para aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia. Una medida muy criticada por los partidos de izquierdas y los sindicatos de inquilinos, que la consideran regalar dinero público a cambio de cumplir la Ley de Vivienda. Esta medida debería ir además acompañada de una declaración de zonas tensionadas, que las comunidades del PP boicotean, y que por ahora sólo están en vigor en Catalunya.
Limitar la compra de extranjeros
Tras eliminar la ‘Golden Visa’, el Ejecutivo va a limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes. Así, se incrementará hasta el 100 % el gravamen fiscal que deben pagar los no europeos que no residan en España cuando compran una vivienda aquí, priorizando que las disponibles sean para los residentes.
Crear un sistema de garantías públicas para el alquiler
Sánchez ha apuntado además la puesta en marcha de un sistema de garantías públicas, similar al francés, que proteja a propietarios e inquilinos que participen en alquiler asequible y que asegurará al dueño de la vivienda el cobro de la renta y al inquilino una mayor oferta a precio asequible.
Estará en funcionamiento este año y se empezará aplicando a los propietarios que alquilen a menores de 35 años. Además, se creará un nuevo programa de rehabilitación de viviendas vacías destinadas al alquiler asequible con ayudas a los que reformen un piso para ponerlo en alquiler asequible durante al menos 5 años.
PERTE para Valencia con el foco en la industrialización
Otra de las iniciativas pasa por un nuevo PERTE para la innovación y modernización de la construcción industrializada y modular en España, a fin de construir casas en menos tiempo y con menos costes, que se desarrollará en la provincia de Valencia.
Con respecto al nuevo Plan de Estatal de Vivienda, Sánchez ha anunciado que entrará en vigor en 2026 y aumentará los programas de ayuda con especial atención a personas mayores, los jóvenes, discapacitados y a aquellas que residen en zonas degradadas.
