Este sábado, en El Manglar de Oviedo, se celebra Verano Lobero, una jornada festiva y reivindicativa que combina música, ciencia y activismo en defensa del gran carnívoro de nuestros montes. A las 18:30, dentro del coloquio “Los lobos y la vida”, intervendrá Sara González Merinero, abogada especializada en derecho ambiental y miembro del equipo jurídico del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico.
Desde los tribunales —más allá de las pancartas—, Sara libra una batalla compleja: defender al lobo ante el retroceso legal impulsado por la Ley 1/2025, que abre la puerta a su exclusión del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) y al regreso de los controles letales. En esta entrevista con NORTES, advierte sobre los riesgos de esa desprotección, desmonta las narrativas que lo señalan como enemigo del mundo rural, y reclama políticas basadas en ciencia, prevención y justicia ecosocial.
¿Qué consecuencias jurídicas tiene la exclusión del lobo del LESPRE?
Bueno, es difícil de pronunciar, sí. Las consecuencias jurídicas principales de la exclusión mediante la Ley 1/2025 de Desprecio Alimentario son relevantes, ya que esta norma invita a las comunidades autónomas a reintroducir sus planes de gestión del lobo y realizar controles letales, o lo que algunas llaman “extracciones” de lobos en nuestro país.
¿Qué argumentos jurídicos sostenéis desde el Fondo Lobo y otras organizaciones para recurrir esta medida?
En primer lugar, pese a la desprotección que introduce esta ley, el lobo en España no puede ser considerado una especie cinegética ni puede estar sujeto a ningún tipo de control letal en tanto que su estado de conservación sigue siendo desfavorable. Esto se debe a que existen unos parámetros definidos a nivel europeo en la Directiva Hábitats, y según estos criterios, ninguna de las especies incluidas en sus anexos puede ser objeto de control letal si no ha alcanzado un estado de conservación favorable. Es decir, a los lobos no se les puede dar muerte legalmente.
El Constitucional y el pulso jurídico por la protección del lobo
¿Cómo valoráis la acción del Defensor del Pueblo ante el Constitucional? ¿Creéis que puede frenar las cacerías autorizadas?
Nosotros pensamos que sí. De hecho, también presentamos una queja en su momento para que el Defensor del Pueblo formulase un recurso de inconstitucionalidad. La base es que las enmiendas introducidas en la Ley 1/2025 son inconstitucionales porque no cumplen el test de homogeneidad. Es decir, existe un límite al derecho de enmienda: el contenido de la enmienda tiene que estar relacionado con el objeto de la norma. Si no hay relación, no se puede enmendar de esa manera. Por eso creemos que esta acción puede revertir estas disposiciones introducidas de forma oportunista y que eventualmente podrían ser declaradas inconstitucionales. Hemos visto además que el Defensor del Pueblo no ha solicitado medidas cautelares para suspender estas disposiciones, y estamos estudiando presentar una queja o solicitud para que las incluya en su recurso.
¿Qué implicaciones tiene esto a nivel europeo? Pienso en el cumplimiento de convenios como el de Berna o la Directiva Hábitats.
Bueno, como sabes, se ha aprobado la modificación del estatus del lobo en la Directiva Hábitats. Eso lo convierte en una especie susceptible de gestión. Pero que sea “gestionable” —y lo digo entre comillas— no implica que se pueda autorizar automáticamente el control letal. Para que los Estados miembros puedan aplicar este tipo de medidas, el estado de conservación de la especie debe ser favorable. Y no lo es. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya lo ha reiterado en varias ocasiones. De hecho, en la sentencia del año pasado sobre el lobo en España lo dejó claro: los Estados miembros pueden gestionar al lobo siempre que su estado de conservación sea favorable. En España no lo es, así que no se puede matar lobos legalmente. En otros países europeos puede que sí, si se ha alcanzado ese estado favorable. Aunque, por ejemplo, Portugal tiene una legislación muy estricta: el lobo sigue siendo una especie protegida allí, y aunque la Directiva cambie, parece que mantendrán esa protección.
“El lobo cumple una función ecológica fundamental como gran carnívoro.”
¿Es viable el futuro del lobo ibérico?
Y saliéndonos un poco de lo jurídico, el nuevo censo habla de 333 manadas. ¿Qué lectura hacéis de los datos del nuevo censo? ¿Está garantizada la viabilidad genética del lobo en la Península?
No, no lo está. Primero, porque no se cumple el criterio científico de que debe haber al menos 500 manadas para asegurar la viabilidad de la especie a largo plazo. Y segundo, porque uno de los aspectos más relevantes es el de la genética. El lobo en España es muy endogámico: no hay intercambio con poblaciones de otros países, y eso compromete su viabilidad genética a futuro.
¿Qué riesgos plantea autorizar la eliminación del 20% de los ejemplares en algunas comunidades autónomas?
El principal riesgo es que se pueda matar, que se cace indiscriminadamente, y que eso lleve a una desaparición de la especie en determinadas zonas. El lobo cumple una función ecológica fundamental como gran carnívoro. Su eliminación implica revertir años de esfuerzos de conservación y también pone en cuestión un modelo de coexistencia entre ganadería extensiva y fauna salvaje. Todo esto en un contexto de crisis climática y pérdida de biodiversidad, donde deberíamos estar reforzando, no debilitando, los marcos de protección.
Narrativas, conflictos y la instrumentalización del mundo rural
¿Cómo se ha construido la narrativa de que el lobo hace inviable la vida rural? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Qué papel juega esta narrativa en la politización del conflicto y la regresión legal?
Esa narrativa tiene su origen en determinados sectores, especialmente el cinegético y el ganadero. Entendemos que existen tensiones reales entre el lobo y la ganadería extensiva, pero se tiende a sobredimensionar su impacto. El pastoreo tradicional ha cambiado mucho: ya no se deja el ganado suelto en el monte para recogerlo días después. Ahora, el manejo es distinto y los daños atribuibles al lobo, aunque existen, son reducidos en términos absolutos. Lo que también vemos es que muchas veces se utiliza al lobo como chivo expiatorio. Cuando una administración no indemniza a tiempo o indemniza poco, el descontento recae sobre el animal, no sobre el sistema que debería proteger a los ganaderos. Si, por ejemplo, un lobo mata tres ovejas o una vaca y la administración tarda más de tres meses en pagar, es lógico que el ganadero se enfade. Pero en lugar de solucionar el problema, se opta por señalar al lobo como culpable. Es una forma de desviar la atención y eludir responsabilidades.
¿Y cómo puede el derecho combatir este tipo de discursos sin entrar en un enfrentamiento directo con el mundo rural, que es lo que a veces parece ocurrir?
El derecho ambiental está profundamente ligado a la ciencia. Nuestra normativa, tanto comunitaria como estatal, exige que las decisiones se basen en datos contrastados y en informes científicos. Lo que podemos hacer desde el derecho —y no es poco— es poner la ciencia sobre la mesa, contrastar los discursos con los datos reales y mostrar cuándo están sesgados o son directamente falsos. Pero el derecho tiene sus límites. Lo que hay aquí es una batalla de discursos. Y cuando el relato cala —como ha sucedido en muchas zonas loberas, como Asturias o Cantabria—, hay que actuar también desde lo social. Las administraciones tienen la responsabilidad de concienciar, de educar, de informar con rigor y también de poner en marcha medidas preventivas. Porque nuestro marco jurídico vigente apuesta por la coexistencia, no por la eliminación. Los controles letales, además, han demostrado que no reducen el riesgo a largo plazo. A lo sumo, pueden contenerlo de forma puntual. Lo que sí funciona son las medidas preventivas: volver al pastoreo tradicional, contar con presencia humana en los pastos, introducir mastines u otras herramientas que están recogidas como recomendación en la reciente propuesta de modificación de la Directiva Hábitats. El propio Comité Económico y Social Europeo, que es un órgano consultivo de la Unión, ha avalado estas medidas, afirmando que el control letal no funciona, y que lo que realmente da resultados son las políticas preventivas junto con indemnizaciones rápidas y justas.
“Desde nuestra ‘trinchera jurídica’, intentamos aportar argumentos sólidos, respaldados por ciencia, para cambiar el relato.”
Derecho, educación ambiental y movilización ciudadana
¿Qué lugar ocupa la educación ambiental y la mediación social en vuestro trabajo como equipo jurídico?
Bueno, al margen de intentar hablar con nuestras personas cercanas sobre lo que dice el derecho y cómo se articula la protección ambiental, lo cierto es que no tenemos demasiado margen para hacer educación ambiental de forma directa. Aun así, creo que ejercer el derecho ambiental ya implica, de alguna manera, un esfuerzo de educación. Pero nuestro campo de actuación principal son los tribunales, no las calles. Sí es cierto que estamos presentes en movilizaciones, y que como abogados ambientalistas —tanto Jaime Doreste como yo, en el gabinete jurídico— intentamos también conversar con compañeros, compañeras y círculos cercanos para desmontar ciertas creencias muy extendidas. Por ejemplo, esa idea de que los cazadores ayudan a regular el ecosistema cuando ya existe un depredador natural como el lobo, que cumple exactamente esa función reguladora. Desde nuestra “trinchera jurídica”, intentamos aportar argumentos sólidos, respaldados por ciencia, para cambiar el relato.
El 22 de junio se celebró una gran movilización en defensa del lobo. ¿Qué importancia tiene el respaldo ciudadano en vuestra estrategia legal y política? Porque, aunque a veces se presenta el derecho como una ciencia exacta, sabemos que no lo es. ¿Hasta qué punto influye el apoyo social?
Muchísimo. La labor más importante que hacen muchas asociaciones, además de acudir a los tribunales, es precisamente esa: concienciar, educar ambientalmente, sensibilizar. Explicar que el lobo, y otras especies también, son parte del ecosistema y que su conservación es esencial para una vida sostenible en el planeta. Acabar con la biodiversidad, por intereses que no siempre son razonables, no conduce a ningún buen destino. Por eso, la movilización social es clave. Da fuerza al discurso jurídico. Porque, no nos engañemos, los jueces también son personas. Y si viven en zonas donde el discurso dominante es contrario al lobo —si su vecino es ganadero o cazador— pueden tener sesgos. Ahí entra también nuestro papel: el de contrarrestar esos sesgos con argumentos jurídicos y científicos, pero también con una ciudadanía movilizada, informada y comprometida. Que se vea que hay gente en la calle defendiendo la biodiversidad
Este sábado participas en la jornada “Verano Lobero” en Oviedo, una cita que combina divulgación, debate y cultura. ¿Qué papel crees que tienen este tipo de encuentros en un momento tan crítico para el lobo ibérico?
Creo que son fundamentales. Son ocasiones para compartir, crear redes de apoyo y también para que personas que, tal vez por desconocimiento, tengan la oportunidad de acercarse a esta realidad desde otro lugar. Que puedan ver que quienes defendemos al lobo somos personas normales, que venimos de distintos ámbitos: hay abogados, periodistas, empresarios… y que no somos esa caricatura del ecologista radical. También son espacios para debatir, generar conciencia y cambiar el relato, especialmente en lugares como Asturias, que siendo una región loberas, no nos ha dado la razón en sede de medidas cautelares. Por eso estos encuentros son tan necesarios. Porque necesitamos espacios de diálogo. Y eso, sin duda, también transforma.
