El pasado 16 de mayo se activó un proceso largo y complejo: el indulto para las trabajadoras condenadas por el caso La Suiza. Desde entonces, el Ministerio de Justicia tiene en sus manos la posibilidad de cerrar una de las causas penales más polémicas del sindicalismo reciente, y que ha despertado una ola de solidaridad en toda España, incluso con repercusiones internacionales.
Como es sabido, el juez Lino Rubio Mayo ordenó el pasado 9 de julio el ingreso en prisión de las sindicalistas de CNT, pese a que el fiscal no se oponía a que se esperara a la decisión del Gobierno. Las seis condenadas —cinco mujeres y un hombre— se presentaron así voluntariamente el 11 de julio en Villabona, donde ya están cumpliendo condena, si bien en un régimen de tercer grado. Esta semana los sindicatos y Sofitu, el grupo de apoyo a las sindicalistas, anunciaba que las movilizaciones van a seguir hasta lograr el indulto y con ello la plena libertad de las condenadas
Una solicitud completa, con respaldo amplio
El abogado Gonzalo Mañes, letrado del Gabinete Técnico Confederal de la CNT, presentó directamente la solicitud el 16 de mayo, a través de la plataforma electrónica del Ministerio de Justicia: “Se entregaron las resoluciones judiciales, la justificación del pago completo de la responsabilidad civil y más de una veintena de cartas de apoyo de organizaciones sindicales de todo el Estado, tanto mayoritarias como otras más pequeñas.”
Con esa entrega, la parte solicitante dio por completado su trabajo: “Nuestra labor se acaba ahí. Es el Ministerio quien debe continuar el procedimiento.”
¿Qué hace ahora el Ministerio?
A partir de la solicitud, el Ministerio de Justicia activa un expediente de indulto. Lo primero que hace es comunicar al juzgado encargado de la ejecutoria —es decir, el que gestiona la ejecución de la sentencia— que el trámite ha comenzado. También solicita informes tanto a ese juzgado como, si procede, a la Audiencia Provincial, al Tribunal Supremo y al Ministerio Fiscal. Además, traslada la solicitud a las personas perjudicadas por los hechos para que puedan presentar sus alegaciones. Finalmente, el Ministerio evalúa el conjunto de la documentación presentada, incluidas las cartas de apoyo y motivación sindical.
Este proceso no tiene plazos fijados por ley. “La normativa que lo regula es muy antigua”, explica Mañes. “Y todo depende de múltiples factores, más aún en un contexto como el actual, en pleno verano, cuando muchas actividades se ralentizan”.
Una espera que empezó hace ocho años
El caso judicial comenzó en 2017, y la sentencia firme llegó en 2021. Desde entonces, las seis personas condenadas han vivido en una especie de espera angustiosa: “Eso ya era una condena en sí misma”, señala Mañes. “Tres años sin saber si vas a ingresar en prisión impiden que una persona haga planes, avance en su vida laboral o personal. Y todo esto sin haber cometido ningún otro delito en todo este tiempo”, afirma el letrado.
Durante esos años, todas han mantenido empleos estables, tienen hijos, responsabilidades familiares y están completamente integradas en la vida social y laboral.
En este sentido, las cartas de apoyo no apelan solo a lo jurídico, sino también a lo humanitario y reparador. Pero la solicitud también insiste en algo más profundo: el valor constitucional de la libertad sindical. “Estamos hablando de un derecho fundamental, recogido en el artículo 28 de la Constitución. No es un caso cualquiera. Esto afecta directamente al núcleo del sindicalismo”, advierte Mañes. “Y creo que el Gobierno puede ser sensible a ello”.
Una decisión política, no solo técnica
Aunque los informes que se solicitan son importantes, el indulto es competencia del Consejo de Ministros. Se trata de una decisión política, aunque sustentada en un expediente técnico.
El Gobierno puede resolver en cualquier momento, y también tiene margen para modular su decisión: indulto total o parcial, con efectos inmediatos o condicionados.
Por ahora, el Ministerio de Justicia no ha ofrecido señales públicas sobre los plazos que maneja para resolver el expediente. Sin embargo, todo lo necesario para que tome una decisión ya está en sus manos: la solicitud fue registrada en mayo, la documentación requerida se ha entregado en su totalidad, y el respaldo institucional y sindical es amplio y explícito.
“Hemos hecho todo lo que está en nuestra mano para que el indulto pueda concederse”, afirma Mañes. “Ahora, ya no se trata de un procedimiento judicial. Es una decisión institucional”.
También dentro del propio Gobierno se han alzado voces a favor de la medida de gracia. A principios de julio, tras reunirse con las sindicalistas, la Vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que el Gobierno tramitará el indulto y calificó el caso como “escandaloso”. “Cuando lo he escuchado me he escandalizado, este es el sentimiento que tengo yo hoy”, afirmó. Para Díaz, la condena busca “restringir los derechos fundamentales de las trabajadoras y trabajadores a reivindicar derechos y a ejercer el derecho constitucional a la huelga”.
Con la solicitud ya registrada, la documentación completa y un respaldo social e institucional amplio, el indulto está en marcha. La cuestión, ahora, es cuánto tiempo más pasarán teniendo que ir a dormir a prisión las seis sindicalistas antes de que llegue la decisión del Gobierno.
