“El extractivismo es una recolonización perfecta”

“El extractivismo es una recolonización perfecta”. La frase resonó el miércoles en el Palacio de los Condes de Toreno de Oviedo y resume la mirada de Gloria Inés Ramírez (Caldas, 1956), sindicalista, exsenadora, exministra de Trabajo del Gobierno de Gustavo Petro y hoy precandidata a la Presidencia de Colombia. Si las encuestas y las alianzas le son favorables, podría convertirse en la primera mujer comunista en llegar a la Casa de Nariño.

Maestra de formación y sindicalista por convicción, Ramírez ha hecho de la defensa de los derechos laborales, sociales y ambientales el hilo conductor de toda su trayectoria política. En Asturias participó en un debate organizado por Agenda 2030 y Soldepaz Pachakuti, donde se abordó el impacto del extractivismo en América Latina y en Europa.

Allí, la dirigente colombiana puso sobre la mesa lo que en su país se traduce en deforestación amazónica, minería ilegal y sindicalistas asesinados, y lo que en Asturias adopta la forma de minas discutidas, parques eólicos controvertidos o proyectos extractivos con contestación social. Dos geografías distintas atravesadas por la misma lógica: beneficios lejos, costes cerca.

En conversación con NORTES, Ramírez habla del poder de las élites frente al gobierno de Petro, de la necesidad de reconvertir el trabajo minero hacia nuevas economías, del papel de las comunidades en la resistencia y de lo que marcaría el inicio de un eventual gobierno suyo: una apuesta que gira en torno a la justicia social y la defensa de la vida.

¿Cómo nació esta jornada organizada por la Agenda 2030 y Soldepaz Pachakuti?

Bueno, esta jornada nace al organizar la conmemoración de los 25 años del convenio entre el Principado de Asturias y la organización Soldepaz Pachakuti con organizaciones de derechos humanos en Colombia. En estos 25 años han pasado 152 personas colombianas por aquí: personas protegidas, personas a las que se les ha permitido tomar un aire y otras que han salvado su vida. Para nosotros, este programa de solidaridad es, primero, inmensamente reconocido y, segundo, fundamental, porque —vuelvo y repito— es una manera de salvar vidas, de darnos un respiro frente a los acosos que han existido en nuestro país, y sobre todo de proteger a la gente de las violencias.

“La paz es más que silencio: también debe ser educación, salud y justicia.”

¿Y por qué cree que es importante hablar de extractivismo en Asturias y, por ende, en Europa, y no sólo en América Latina y en Colombia?
Por supuesto. Primero, porque aquí nos sentimos más lejos de nuestro país y, por lo tanto, entre más distancia pongamos, pareciera que hay mejores condiciones de seguridad. Segundo, porque la acogida que ha hecho el Gobierno de Asturias en materia de derechos humanos ha sido muy importante. Y tercero, porque no es solo acoger, sino también denunciar lo que ha pasado en nuestro país: la importancia de los procesos de paz, la importancia de que se siga dialogando para alcanzar la paz que tanto necesitamos, una paz con justicia social. La paz es más que silencio: también debe ser educación, salud y justicia. Y, sobre todo, dar la oportunidad para que muchos liderazgos que están acosados y hostigados puedan tomar un aire, venir, aprender y llenarse de energía para regresar al país.

Del sindicalismo a la precandidatura presidencial

Usted ha sido sindicalista, senadora, ministra y ahora es precandidata presidencial. ¿Qué une a todas esas etapas?
Han sido un proceso de articulación propio del desarrollo de nuevos caminos. Yo empecé en el movimiento de vivienda, una necesidad que muchos colombianos y colombianas hemos tenido: no tenían casa, no tenían dónde pasar la noche. Desde allí empezamos a crear procesos de acceso a la tierra que permitieron que muchas familias pudieran tener un hogar. Han pasado más de 30 años y hoy esos asentamientos son barrios legalizados, con infraestructura y servicios básicos, donde la gente ha podido dignificar su vida. Como maestra, pasé luego a la organización sindical de los docentes y comprendí mucho más lo que significa la injusticia social. Más adelante llegué a la dirección nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, donde no solo defendimos la educación pública, sino también los derechos de quienes la hacen posible. Con ellos aprendimos que los derechos no se regalan: se trabajan y se conquistan. Después vino la experiencia en la Central Unitaria de Trabajadores. Tuve que salir al exilio por la persecución de los grupos armados de entonces y, cuando regresé, en un contexto electoral, los procesos que yo había liderado me postularon como senadora de la República. Fuimos a esas elecciones y logramos un escaño, y luego fui reelegida por cuatro años más: estuve ocho años en el Congreso. Allí impulsamos debates de control político sobre los derechos de los trabajadores, el Estatuto del Trabajo, la discriminación contra las mujeres —incluida la ley del feminicidio—, la economía del cuidado y los riesgos laborales. También denunciamos la existencia de NN—personas enterradas sin identificar, muchas de ellas víctimas del conflicto armado— en cementerios de Colombia, las condiciones precarias en las cárceles y discutimos la soberanía nacional frente a las bases militares extranjeras. Como ves, todo ha estado articulado en una trayectoria que finalmente nos permitió ser parte del gobierno de Gustavo Petro. Yo siempre fui oposición. Cuando llegó su gobierno, el 7 de agosto de 2022 —el primero de izquierda en 214 años de historia—, sentí que era un proyecto que habíamos ayudado a construir. Desde el Ministerio de Trabajo me dediqué entonces a impulsar las reformas estructurales que el país necesita en materia laboral y de Seguridad Social.

Usted habló el otro día de una “recolonización perfecta”. ¿Qué significa eso en palabras simples? Y, si puede, dé un ejemplo de esa recolonización en Colombia hoy.
Cuando hablo de “recolonización” en el extractivismo digo que, así como en la Colonia se establecieron enclaves capitalistas que usaban la mano de obra y se llevaban nuestras riquezas naturales, hoy llegan de manera distinta: a través de multinacionales que prometen empleo y mejores condiciones. Pero pasados diez, quince o veinte años, cuando vencen las concesiones, vemos que es exactamente eso: expolio, despojo. Se siguen llevando nuestras riquezas. Hoy trabajamos por la reindustrialización, por agregar valor a la cadena de producción y porque el campo y lo rural estén en el centro del desarrollo. Para eso hay apalancamientos técnicos y acompañamientos financieros que permiten que la gente avance y aumente sus ingresos. Reconocemos la economía popular, que refleja un problema estructural —la informalidad—, la economía del rebusque, la que la gente encuentra en la calle. Desde allí impulsamos asociatividad, economía solidaria y comunitaria, generando nuevas posibilidades de formalización laboral y de aumento de ingresos. Eso llevará al bienestar común de la gente y, por ende, de la sociedad.

Riqueza y guerra: comunidades en resistencia

En Colombia —y en otros países— los territorios con recursos naturales han sufrido violencia armada. ¿Cómo se puede romper ese vínculo entre riqueza y guerra?
Para romper ese vínculo hay que dar un salto cualitativo: transformar las economías ilegales en economías legales; economías para la paz. Tenemos grandes problemas: por ejemplo, la deforestación de la Amazonía está muy ligada a actores del conflicto. También la tala de bosques y la minería ilegal llevan a explotación y afectan a las comunidades con confinamientos, reclutamientos y, sobre todo, con el temor permanente a perder la vida. Por eso es fundamental seguir avanzando hacia la paz para que los territorios se transformen y, con el empoderamiento de las comunidades, podamos hacer políticas de transformación estatal: educación, justicia, vías, economía. Esos son los grandes desafíos y riesgos que hoy tiene Colombia.

“Hay que reconocer que el gobierno de Petro ha jugado un papel importante en la protección del liderazgo social.”

Entonces, ¿el papel de las comunidades locales en la defensa del territorio es fundamental?
Es fundamental. Las comunidades tienen que organizarse; si no se organizan, será imposible transformar el territorio. Y, segundo, hay que llegar a acuerdos humanitarios con los actores armados para que permitan que el Estado llegue no solo con soldados o con el ejército, sino con toda su institucionalidad, para que esos colombianos que están en esa Colombia profunda puedan beneficiarse de las políticas públicas y de los programas estatales.

Del carbón al sol: otra economía es posible

“Usted ha hablado de reconvertir el SENA —Servicio Nacional de Aprendizaje, un organismo público de formación técnica y profesional en Colombia— en zonas mineras para preparar a los trabajadores en otros oficios. ¿Qué tan avanzado está ese proceso?
Es un proceso que hemos iniciado. Empezamos en el corredor minero —que hoy llamamos “corredor de la vida”—. A partir del cierre de bocas de mina, nos reunimos con trabajadores y trabajadoras e hicimos un proceso interinstitucional entre los ministerios de Ambiente, Minas y Energía, y Cultura, para una acción integral con estas comunidades. Tras la caracterización de la gente, vimos que había que transformar un territorio minero en un territorio agropecuario y tecnológico. Por eso empezamos a transformar el SENA: de SENA minero a SENA tecnológico y agropecuario. Esto ha permitido que muchos jóvenes y trabajadores empiecen a prepararse para tener nuevas condiciones y encontrar nuevos oficios para la región. También hemos impulsado parques solares y una estrategia de turismo para que ese corredor de la vida tenga otra vocación y genere ingresos que permitan a las comunidades salir adelante.

Usted recordó el pasado miércoles que muchos sindicalistas y líderes sociales han sido asesinados. ¿Qué medidas urgentes hacen falta para protegerlos hoy?
Hay que reconocer que el gobierno de Petro ha jugado un papel importante en la protección del liderazgo social. Aun así, se siguen presentando hechos —no en la magnitud de gobiernos anteriores— y faltan más acciones. Primero, con el ejercicio de los derechos; segundo, con el respeto a la vida en todo el país. He propuesto que, si soy gobierno, los primeros tres meses me dedicaré a un compromiso nacional por el respeto a la vida. Matar se volvió un hecho casi trivial; por eso propongo un manifiesto por la vida, con todos los colombianos y colombianas, para avanzar más. La vida no es para negociarla: es para protegerla, asegurarla y celebrarla. Ese será el primer punto de mi programa. Después trabajaré la productividad nacional y la estabilidad fiscal, con principios que respeten la inversión social. Y, finalmente, una transformación cultural: que escuelas, colegios y universidades incluyan programas sobre el valor de la vida. Sin vida no es posible ejercer derechos y, sin planeta, tampoco habrá dónde ejercerlos. Esos son ejes centrales de mi propuesta en el marco de la justicia social y la lucha contra la desigualdad y la pobreza.

Gobernar sin poder

Otra cosa que dijo fue: “Tenemos el gobierno pero no el poder”. ¿A qué se refería exactamente?
Tenemos el gobierno, pero no el poder. Los poderes fácticos —grupos financieros, económicos y el gran empresariado— dicen querer los cambios, pero en la práctica no: bloquean nuestras reformas en el Congreso. Además, han instalado narrativas según las cuales generar empleo sería sinónimo de destruir derechos de la gente y de los trabajadores. Nosotros proponemos otra perspectiva: generación de empleo como política integral de gobierno y el trabajo como derecho fundamental. Por eso hemos planteado que no basta con la Presidencia: necesitamos un Congreso mayoritario que nos permita avanzar en las reformas estructurales que el país necesita para seguir en su cambio y transformación.

América Latina sigue atrapada entre el Norte Global y potencias emergentes como China o los BRICS. ¿Cómo evitar caer en una nueva dependencia?
América Latina tiene hoy una posición estratégica: la mayor cantidad de agua dulce, la mayor biodiversidad, acuíferos esenciales para el planeta, grandes reservas de selva, y también reservas probadas de gas y petróleo —como Venezuela—. Tenemos el “triángulo del litio”, clave para el desarrollo tecnológico —chips y todo el impacto tecnológico que, en diez años, estará casi en su máximo—. Es necesario no ser el patio trasero de nadie. Debemos trabajar en cooperación, transferencia tecnológica y convivencia en paz. Desde el Sur Global se trabaja con los BRICS. Colombia ha pedido estar en los BRICS. Allí no solo está Brasil: ya hay 23 países que han pedido ingresar; allí está el 40% de la población y el 25% del PIB mundial, y hay una gran riqueza y biodiversidad que beneficia al planeta. Hay una nueva arquitectura financiera: los créditos se otorgan en condiciones distintas a las del FMI o el Banco Mundial, que condicionan políticas públicas e intervienen en la soberanía nacional. Nos condicionan —por ejemplo— como en Brasil, si seguía el juicio contra Bolsonaro, con aranceles más altos; o en Colombia, en un juicio al expresidente Álvaro Uribe, con la descalificación del país. Eso hoy no se puede aceptar. Hay que trabajar por la autodeterminación y la soberanía de los pueblos. Y apuntar a la integración latinoamericana y caribeña, para actuar como bloque por la paz y avanzar con recursos para infraestructura en toda la región.

“El Norte ya se gastó su cuota de explotación y de emisión de gases contaminantes.”

Asturias y Colombia, luchas compartidas

Aquí en Europa, aquí en Asturias, también hay conflictos por minas y por proyectos eólicos. ¿Qué puede aprender Asturias —y otras regiones europeas— de Colombia, y viceversa, en estas luchas?
El Norte ya se gastó su cuota de explotación y de emisión de gases contaminantes. Ahora estoy en Asturias, visitando el puerto de Gijón, donde está la gasificadora, donde se recibe carbón y se distribuye energía fósil para toda España. Pienso que la naturaleza y el ser humano tienen que convivir, no destruirse. Eso implica tener en cuenta los estudios científicos: si seguimos con un desarrollo basado en energías fósiles, vamos a acabar con el planeta. Hoy es necesario hacer la transición —que ya hemos empezado— hacia energías limpias, para que las civilizaciones podamos avanzar sin detrimento del planeta.

La vida como programa de gobierno

Si llega a la Presidencia, ¿qué sería lo primero que haría en relación con trabajo, medio ambiente y paz?
La vida será el eje central. A partir de ahí, lo primero sería implementar plenamente la ley laboral y la ley de pensiones, que va a sacar de la pobreza a 3 millones de adultos mayores. También impulsaría la productividad nacional, porque Colombia lleva diez años de estancamiento. Eso implica más educación y más conocimiento, para que la tecnología se use en beneficio de los seres humanos y no al revés, reemplazándolos. Trabajaría claramente en el desarrollo del campo y continuaría con las políticas y propuestas del presidente Gustavo Petro: el campo para la gente, educación para la gente del campo. Como presidenta de la junta directiva del SENA impulsé que sea “el SENA para los campesinos y no los campesinos para el SENA”: que el SENA llegue como institución a cada vereda, que use la infraestructura existente y permita que los jóvenes se eduquen y no tengan que irse del campo. Esos son ejes centrales. Y, desde luego, una política de paz con una mirada renovada: centrada en el desarrollo territorial y en transformar economías ilegales en economías legales, que son la base de la paz. El extractivismo nos está destruyendo. Pero todavía estamos a tiempo de avanzar hacia una transición justa y hacia energías limpias que cuiden la vida en común.