El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto-ley que consolida jurídicamente el embargo “total” de armas a Israel y prohíbe el comercio de productos provenientes de los territorios palestinos ocupados, en el que se establece que puedan aplicarse excepciones para salvaguardar el interés general nacional.
Esta norma llega dos semanas después de la aprobación del resto de medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para contestar a los ataques de Israel sobre Gaza y aumentar las medidas de presión sobre el Gobierno de Benjamin Netanyahu, “en defensa de la paz, de la seguridad internacional y del respeto a los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario”, según el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.
El titular de Economía, que ha comparecido en la rueda de prensa tras el Consejo junto a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha explicado que este real decreto-ley es “un paso contundente y pionero” y una muestra más del compromiso político del Gobierno y del liderazgo de España para ser capaces de lograr una paz justa y duradera en la zona y que “el genocidio cese”.
Estas medidas, que Cuerpo espera que cuenten con mayoría suficiente en el Congreso para su ratificación, se suman a las que se aprobaron en la reunión del Gobierno del pasado 9 de septiembre, cuando quedaron pendientes debido a la complejidad técnica que exigía su aprobación, con varios ministerios implicados y obligados a adecuar su contenido a la legislación europea.
Cuatro medidas
Cuerpo ha detallado las cuatro medidas esenciales dentro de este real decreto ley, la primera de ellas la consolidación del embargo total de armas a Israel, la prohibición de las exportaciones con destino a Israel y las importaciones con origen en Israel de todo el material de defensa y productos o tecnología de doble uso.
La segunda medida es la denegación de la solicitud de tránsito para los combustibles de aeronave con posible uso militar en Israel, que no estaban incluidos hasta ahora en el Reglamento de control de Comercio Exterior y pasan a incluirse para denegar estas solicitudes de tránsito.
La segunda medida es la denegación de la solicitud de tránsito para los combustibles de aeronave con posible uso militar en Israel
La tercera es la prohibición de importación de productos originarios de asentamientos israelíes ilegales en territorio palestino ocupado y la cuarta es la prohibición de la publicidad de comercialización de bienes originarios de estos asentamientos y de servicios prestados en ellos. Al respecto, el ministro ha explicado que para ser capaces de implementar de manera efectiva estas prohibiciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores hará una propuesta de los códigos postales de las zonas ocupadas, que será luego aprobada por el presidente de la Agencia Tributaria para contar con una lista completa que se circulará a los funcionarios en aduanas para impedir el paso de esos productos.
Autorización de operaciones de manera puntual y excepcional
Con los anteriores puntos en la mano, el Gobierno podría terminar con la importación de componentes tecnológicos israelíes a la fábrica de armas de Trubia. Se trataría en concreto de suministros procedentes de Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace Industries (IAI), dos empresas señaladas por Amnistía Internacional por su participación directa en el genocidio palestino, y que son proveedoras del conorcio público-privado Tess Defence que en estos momentos produce los blindados Dragon para el Ejército español.
Aunque según diferentes informaciones aparecidas en prensa, Indra, principal empresa del consorcio, ya estaría buscando alternativas a las empresas israelíes, existentes en el mercado, el real decreto-ley prevé la posibilidad de que el Consejo de Ministros autorice operaciones de manera puntual y excepcional, de acuerdo a la normativa de comercio exterior de material de defensa y de doble uso, para poder atender situaciones de seguridad nacional y de política exterior. Este último punto divide en la actualidad a PSOE y Sumar.
El socio minoritario ya ha planteado que pedirá la eliminación de esta excepción durante la tramitación en el Congreso de la normativa. “En caso de que no salga adelante nuestra posición es regular esas excepciones para que tengan que ser sustituidas en un corto periodo” ha señalado Enrique Santiago, diputado de IU y coportavoz de Sumar en el Congreso.
La norma aprobada incluye además una disposición para revocar las autorizaciones vigentes a fecha de entrada en vigor del real decreto-ley y prohibir las pendientes de resolución.
