A partir del 27 de octubre entra en vigor la nueva ley de creación y reconocimiento de universidades y centros superiores, que contempla criterios más exigentes en docencia, investigación y suficiencia financiera y que busca elevar la calidad de los grados, doctorados y másteres que imparten todas las universidades.
La ley, anunciada para acabar con las llamadas “universidades chiringuito”, establece condiciones pensadas para dificultar que puedan crearse universidades privadas a la carta, casi de la nada, con el objetivo de rentabilizar aquellos estudios con más demanda. Así por ejemplo se exige que la oferta académica mínima sea de diez títulos oficiales de Grado, seis títulos oficiales de Máster y tres programas oficiales de Doctorado en tres de las cinco grandes ramas del conocimiento: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura.
El proyecto legislativo también establece que se deberá destinar el 5 % del presupuesto a impulsar la investigación y deberán captarse en convocatorias, programas y contratos de investigación, incluidas las cátedras universitarias y la valorización de patentes, como mínimo el equivalente al 2 % de su presupuesto total anual. También será necesario un mínimo de 4.500 estudiantes y un 50 % de doctores o doctoras para el conjunto de enseñanzas sobre la totalidad de la plantilla.
La ley deja también un resquicio a los llamados “centros adscritos”, el coladero por el que podrían pasar la Nebrija en Avilés y la Alfonso X en Oviedo/Uviéu
Con estas condiciones, de los tres proyectos que plantean instalarse en Asturies solo podría hacerlo a día de hoy la Universidad Europea, que plantea ofertar diez grados en Xixón. Sin embargo, la ley deja también un resquicio a los llamados “centros adscritos”, el coladero por el que podrían pasar la Nebrija en Avilés y la Alfonso X en Oviedo/Uviéu. Ninguna de ellas tiene pretensión de ofertar diez grados, sino únicamente algunos estudios biosanitarios con alta demanda y déficit de oferta en el sistema público como es el caso de enfermería.
Para la creación de un centro adscrito en otra comunidad se deberá contar con el acuerdo de ambas comunidades pero no se exigirá un informe vinculante del Ministerio. De esta forma, con el visto bueno del Gobierno asturiano, la Nebrija y la Alfonso X podrían abrir sus “sucursales” asturianas sin necesidad de ofertar más titulaciones que aquellas que le resulten rentables.
Fuentes del movimiento en defensa de la universidad pública apuntan que los centros adscritos que se plantean no dejan de ser “asociarse con uno mismo”, y consideran que se trata de un fraude, por lo que anuncian batalla legal.
Sea o no legal, la situación no deja de ser chocante: ¿alguien se imagina a la Universidad del País Vasco abriendo una sucursal en Asturies para ofertar un título que no tenga la Universidad de Oviedo/Uviéu? Eso es lo que que consolidará la nueva normativa en caso de salir adelante. La pelota está ahora en el tejado del Gobierno asturiano, que se muestra dividido sobre las universidades privadas, PSOE por un lado e IU por otro, y que tendrá la última palabra para autorizar o no la llegada de las sucursales de la Nebrija y la Alfonso X a la comunidad.
