Etapa final del primer Gobierno de Aznar. Rafael Arias–Salgado ministro de Fomento e hijo de ministro de Franco, anuncia en diciembre de 1.999 que la privatización de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) era un proyecto que formaba parte del programa de privatizaciones del Gobierno, para lo cual estaba ya preparando un borrador de Real Decreto que se aprobaría, con toda probabilidad en la siguiente legislatura (El País, 11 y 15 de diciembre de 1.999)
Apenas tres meses después, el 17 de marzo del año 2000, el Gobierno del PP, del que era vicepresidente Álvarez Cascos, autoriza la prórroga del peaje del Güerna, cuya concesión era titularidad de AUCALSA, integrada en la empresa pública ENA, por 29 años más: tenía que finalizar en el año 2021, pero se amplía hasta el 2050. La prórroga se aprueba justo cinco días después de las elecciones generales en las que el PP obtendría la mayoría absoluta y un segundo gobierno consecutivo.
Arias – Salgado hijo fue designado en julio de 2012 presidente de World Duty Free Group, la antigua empresa pública ALDEASA, privatizada en 1997 por el Gobierno de Aznar del que el formaba parte como ministro de Fomento
En mayo del año 2003, el Gobierno asturiano presidido por Álvarez Areces, anuncia la presentación ante la SEPI de un requerimiento previo a la interposición de un recurso contencioso – administrativo
Segundo gobierno del PP. En mayo del 2003 el Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) acuerda adjudicar la totalidad de las acciones de la empresa pública ENA, que incluyen la propiedad de AUCALSA y las concesiones de las autopistas, incluida la del Güerna, a un consorcio privado liderado por la constructora SACYR, por un importe de 1.586,33 millones de euros. El Consejo de Ministro del Gobierno de Aznar, con Alvarez Cascos ahora como ministro de Fomento, confirma la autorización para la venta con fecha 25 de julio de 2003.
Areces reacciona. En mayo del año 2003, el Gobierno asturiano presidido por Álvarez Areces, anuncia la presentación ante la SEPI de un requerimiento previo a la interposición de un recurso contencioso – administrativo para que cesara la actuación material consistente en el proceso de privatización de la sociedad estatal ENA y, en concreto, la privatización de la filial AUCALSA.
En el anuncio se hacen públicos una serie de argumentos de interés general para rechazar la privatización de la autopista del Güerna: se había efectuado eludiendo el principio legal exigible de coordinación entre Administraciones; la Administración por sí misma y a través de la concesionaria pública AUCALSA, había desplegado en la autopista todos o prácticamente todos los esfuerzos inversores públicos, convirtiendo la citada vía en la única infraestructura capaz de unir Asturias con Castilla y León y, por tanto, con el sur de su territorio, hasta tal punto que todos los túneles que se había construido para desdoblar la autopista, así como la construcción de los tramos restantes de la concesión, se habían financiado con recursos estatales en un 50%, correspondiendo el otro 50% de financiación a los recursos obtenidos por la concesionaria pública en el mercado de capitales; su paso a la esfera privada provocaría, sin duda, un encarecimiento del servicio que deberían soportar los ciudadanos, quienes no disponían de una vía alternativa, y lastraría aún más el desarrollo de Asturias (Cinco Días, 23 de mayo de 2003)
Tras el rechazo del requerimiento previo por parte de la SEPI, el Gobierno de Areces interpuso recurso- contencioso administrativo ante el Juzgado central de ese orden de la Audiencia Nacional, que recayó en el Juzgado nº 4, el cual, con fecha 31 de diciembre de 2003 decretó la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo, al considerar que el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias carecía de legitimación para recurrir la privatización de la empresa pública ENA y, por ende, de la titularidad de la concesión de la autopista del Güerna.
Pero el gobierno de Areces no se arredró y presentó recurso de apelación ante la Sala de lo contencioso – administrativo de la Audiencia Nacional. El 28 de abril de 2004 la Audiencia Nacional, en sentencia de apelación de la que fue ponente la entonces magistrada en activo Margarita Robles – el mundo es un pañuelo – estimaba el recurso y obligada al Juzgado central de lo contencioso – administrativo a admitirlo a trámite y a pronunciarse sobre el fondo del asunto (base pública de jurisprudencia del CGPJ). En marzo de 2004 Zapatero había ganado las elecciones generales y el PSOE volvía al Gobierno del Estado
Desde esa fecha se pierde el rastro público del recurso. No hemos encontrado información posterior en relación con el mismo. ¿Hubo sentencia resolviendo sobre la legalidad del proceso de privatización o se desistió del recurso? Si, en su caso, la sentencia fue desestimatoria y era recurrible, ¿por qué no se impugnó? Si se desistió del recurso, ¿qué motivos de interés general concurrieron para ello? Areces ya no puede responder a estas preguntas, pero sí pueden hacerlo otros miembros relevantes de su gobierno por aquellas fechas, así como el gobierno actual. Por razones de transparencia democrática y de rendición de cuentas ante la sociedad asturiana, sería muy conveniente conocer el desenlace de este proceso
