Durante un cuarto de siglo, el peaje del Huerna ha sido mucho más que una barrera física entre Asturias y la Meseta. Ha simbolizado también la aceptación de un modelo de país que en ocasiones castiga a las periferias. En el año 2000, el Gobierno de José María Aznar prorrogó sin concurso público la concesión de la autopista AP-66 hasta el año 2050, cincuenta años más de gestión privada sobre la única vía rápida que conecta Asturias con el resto del Estado. Una decisión tomada en los despachos, sin transparencia ni debate público, que hipotecó durante décadas a la ciudadanía asturiana.
Veinticinco años después, la Comisión Europea ha dictaminado que aquella prórroga vulneró las normas comunitarias de competencia. Y quien lo denunció no fue un gran bufete ni una institución, sino un ciudadano y político asturiano que decidió, acompañado de otras personas, dar la batalla. Daniel Ripa, entonces diputado autonómico y hoy portavoz de la plataforma Peaje del Huerna ¡No!. Lo hizo casi en solitario, enfrentándose al escepticismo general, y obligado por las resistencias de su propio partido en Madrid, Podemos, que en aquel momento estaba en el gobierno. Mientras se le decía que “era imposible”, presentó una denuncia ante Bruselas que cuatro años más tarde ha terminado por darle la razón: el contrato era ilegal.
Hoy, con la Unión Europea exigiendo a España que rectifique, el Ministerio de Transportes sigue sin mover ficha y el debate se traslada a un terreno más amplio: cuánto costará recuperar la autopista, quién debe gestionarla, quién pagará lo cobrado indebidamente y por qué, una vez más, Asturias debe esperar a que Madrid resuelva un problema que aquí lleva décadas doliendo.
Ripa subraya que esta victoria no habría sido posible sin un esfuerzo colectivo. Agradece el apoyo jurídico de Javier Álvarez Villa, el trabajo de Segundo González para conseguir el expediente del Huerna y la implicación de Covadonga Tomé, Dacio Alonso, Fran Suárez, Laura Tuero y Andrés Fernández, que presentaron con él la denuncia ante el Supremo, así como de mucha gente de base de Podemos, de Somos y de la sociedad civil que pusieron el cuerpo en acciones. Y lanza un mensaje final que resume su visión: “La fuerza que hizo posible todo esto no vino de los despachos, sino de la gente.”
“Cada persona que pasa por el Huerna sabe que está pagando algo ilegal. Eso tiene un enorme poder político”, afirma Daniel Ripa, el asturiano que llevó el caso ante Bruselas y logró que la Unión Europea declarara ilegal la prórroga del peaje.
El origen de la denuncia
Lleva años denunciando la prórroga del peaje del Huerna. ¿Qué le hizo pensar que había algo ilegal detrás de esa concesión que parecía intocable?
Desde 2015, cuando entré en el Parlamento asturiano, empezamos a trabajar en la idea de que el peaje del Huerna era un problema estructural para Asturias. Promovimos campañas, movilizaciones y presiones sociales para exigir su supresión. Nos dimos cuenta de que no bastaba con la protesta política o ciudadana: era necesario abrir una vía judicial. La única forma de lograr la anulación era introducir presión legal que equilibrase la negociación con Aucalsa, porque si no, la empresa siempre podía alegar lucro cesante y beneficios futuros. Aucalsa llegó a cifrar en más de 3.000 millones de euros lo que esperaba ganar hasta 2050. Por eso decidimos actuar en dos frentes: obtener judicialmente el expediente del Huerna, que el propio Gobierno asturiano no había conseguido nunca porque estaba bajo llave, y promover una moción en el Parlamento de Asturias, aprobada por unanimidad, que instaba al Ejecutivo autonómico a emprender una batalla jurídica contra Aucalsa.
¿Y cómo se tradujo esa iniciativa en acciones concretas?
Comenzamos con reclamaciones ciudadanas, mociones en ayuntamientos y campañas públicas. Sin embargo, el Gobierno asturiano, pese a tener un mandato unánime, no hizo nada. Al llegar Pedro Sánchez al poder, el PSOE pasó de mostrarse favorable a eliminar el peaje a bloquear cualquier medida. El PP no podía abrir el debate porque era el responsable de la prórroga del año 2000, y el PSOE se negaba a actuar. En ese momento entendimos que la única salida era tomar la iniciativa ciudadana. Presentamos una denuncia ante el Tribunal Supremo, en la que participaron Covadonga Tomé, Dafi Alonso, Andrés Fernández y Francisco Suárez, entre otros. El Supremo reconoció nuestro derecho a reclamar como usuarios, pero alegó prescripción y nos impuso 2.000 euros en costas. Aun así, persistimos.
Las fricciones con Podemos
Durante ese proceso también surgieron tensiones dentro de Podemos, incluso con la dirección estatal. ¿Qué ocurrió exactamente?
La denuncia del Huerna fue uno de los temas que más fricciones causó con la dirección estatal de Podemos y uno de los detonantes de la ruptura posterior. Yo estaba denunciando al Gobierno del que el propio partido formaba parte, y eso generó un conflicto interno evidente. Madrid consideraba un error judicializar el asunto: defendía que había que mantener las bonificaciones y no abrir una vía legal. Desde Asturias sosteníamos que sin presión judicial jamás se eliminaría el peaje. Para algunos dirigentes nacionales, eso era poner por delante los intereses de Asturias frente a los del Gobierno central. Temía que, si el partido intervenía la organización asturiana o cambiaba su dirección, se retirara la denuncia, así que decidí presentarla a título personal ante la Comisión Europea en octubre de 2021. Poco después, la dirección estatal intervino Podemos Asturias. Fue un momento difícil, pero mantuvimos nuestra posición. Años después, los hechos nos han dado la razón: Europa ha confirmado que el peaje es ilegal.
La vía europea
Después de ese bloqueo en España, decide acudir a Europa. ¿Por qué tenía la convicción de que se podía lograr si aparentemente todo estaba en contra?
En 2019 la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la UE condenaron a Italia por un caso idéntico, la autopista de Livorno, prorrogada a dedo. También había una denuncia gallega similar, presentada en 2017, que se resolvió en 2021. En ese contexto, en octubre de 2021 —justo antes de que la prórroga del Huerna entrara en vigor— presenté una denuncia ante la Comisión Europea. Ese mismo día hicimos una protesta con el lema “Yo no pago”, declarando el peaje ilegal. Y fue una denuncia individual porque, como ya he dicho, en ese momento la dirección estatal de Podemos, ya en el Gobierno, estaba en contra de judicializar el asunto y prefería mantener las bonificaciones. Por eso lo hice por mi cuenta, con el apoyo jurídico de Javier Álvarez Villa.
¿Qué ocurrió entonces con esa denuncia en Bruselas?
La Comisión Europea detectó que el caso asturiano y el gallego eran idénticos y decidió unificarlos en un mismo procedimiento. En 2024 pidió información al Gobierno español y, tras analizar los informes, el Colegio de Comisarios resolvió el 17 de julio de 2025 que la prórroga del año 2000 era ilegal por vulnerar las normas de competencia. Esa resolución es definitiva: no admite recurso. Bruselas dio a España un plazo para tomar medidas y suprimir el peaje. Fue uno de los días más felices de mi vida. Durante años nos decían que era imposible, que éramos ingenuos, y de repente Europa confirmaba que teníamos razón. Hoy, cada persona que pasa por el Huerna sabe que está pagando algo ilegal.
“El ministro sabe que si toma una decisión drástica puede ser cuestionado por sus propios técnicos o por los tribunales”
El papel del gobierno
Bruselas ha declarado ilegal la prórroga del año 2000, pero el Ministerio de Transportes insiste en mantenerla mientras negocia. ¿Qué intereses hay detrás de esa resistencia?
Hay tres niveles. Primero, un problema interno del propio Estado. Los altos funcionarios del Ministerio de Transportes fueron quienes avalaron jurídicamente la prórroga y temen reconocer ahora que se hizo de forma incorrecta. Eso genera una resistencia institucional enorme. Segundo, el miedo político: el ministro sabe que si toma una decisión drástica puede ser cuestionado por sus propios técnicos o por los tribunales. Y tercero, los intereses económicos. Aucalsa pertenece hoy al fondo de pensiones holandés APG, un grupo con enorme capacidad de presión y beneficios millonarios. Con las bonificaciones actuales, la empresa gana incluso más que con el cobro directo del peaje. Si se mantuviera hasta 2050, los ingresos superarían con creces los que obtendría con una anulación e indemnización. Es un negocio redondo.
¿Entonces todo se explica por intereses económicos?
No solo. Hay una derivada interna dentro del propio Partido Socialista. Se nota una tensión entre Madrid y el Gobierno asturiano. Adrián Barbón tiene una posición diferente a la de Pedro Sánchez. No quiere aparecer como el que defiende al Ministerio y que esa ola se lo lleve por delante. Al mismo tiempo, Óscar Puente reaccionó de forma muy agresiva contra el Principado y en mi opinión lo hizo también pensando en la militancia del PSOE, como diciendo “tenéis un presidente que está desenfocado”. En el fondo, el Ministerio no entiende que esto no es solo una autopista. El peaje tiene un valor simbólico enorme en Asturias. Habla de si los gobiernos defienden o no esta tierra. Y eso, en política asturiana, pesa más de lo que se suele creer.
¿Cuánto costaría realmente recuperar la autopista? ¿Habría que pagar un rescate multimillonario o, al ser un contrato ilegal, no habría que indemnizar?
No existe obligación de pagar un lucro cesante por beneficios futuros, como afirma el Ministerio. Eso es falso. En todo caso, habría que compensar solo el valor patrimonial de la compañía, lo que invirtió en su momento, no lo que esperaba ganar. El ministro llegó a hablar de 30.000 millones de euros, una cifra absurda. El coste real estaría entre 100 y 150 millones. Comparado con los 1.000 millones que costó rescatar las radiales de Madrid, es insignificante. Puede parecer mucho desde Asturias, pero a escala nacional no lo es. Y sobre todo, lo ilegal no puede mantenerse porque resulte caro. Los asturianos no tenemos culpa de los chanchullos entre el Gobierno de Aznar, Francisco Álvarez-Cascos y Rodrigo Rato. Si la concesión fue ilegal, hay que anularla. Cuanto más se retrase, más caro será.
Europa, devoluciones y responsabiliades
Si el Estado no actúa, ¿puede la Comisión Europea obligar a levantar el peaje o sancionar a España?
Sí. Si en unos seis meses no hay avances, la Comisión puede llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el precedente italiano, el proceso tardó unos 14 meses y acabó con multas diarias de más de 100.000 euros hasta que se cumplió la sentencia. Es lo que probablemente ocurrirá aquí si el Gobierno sigue sin actuar. Nosotros también llevaremos el asunto al Supremo si no se suprime el peaje. Pero creo que el Ejecutivo acabará cediendo. No se puede sostener una ilegalidad indefinidamente.
Los transportistas y usuarios reclaman la devolución del dinero pagado durante estos años. ¿Quién debería responder, la empresa o el Estado?
El responsable es el Estado, que permitió mantener una concesión ilegal. A partir de ahí, podrá reclamarle a Aucalsa lo que corresponda. La Unión de Consumidores ya recomienda guardar los justificantes bancarios o los tickets de los peajes, porque Aucalsa tiene el registro completo de cada transacción desde el 17 de octubre de 2021. Ese será el punto de partida para las reclamaciones colectivas. Los transportistas pueden haber pagado hasta 15.000 euros anuales en peajes; es una cantidad enorme. Habrá una vía judicial para exigir la devolución. Y aunque el PSOE no sea el causante directo —la prórroga fue obra del PP—, es el Gobierno actual quien tiene la responsabilidad de resolverlo.
Paradoja política y futuro del peaje
El PP firmó la prórroga y hoy se manifiesta contra el peaje; el PSOE no la firmó, pero ahora la defiende. ¿Cómo explica ese cambio de papeles?
Es una constante. Zapatero prometió eliminarlo y no lo hizo. Sánchez y Barbón también hicieron campaña contra el peaje y lo han mantenido. Al final, los grandes intereses económicos pesan más que los compromisos. Aucalsa tiene una facturación enorme y un poder de influencia considerable. En el núcleo del poder económico español, PP y PSOE están entrelazados. Eso explica que el Ministerio critique a Cascos en redes, pero luego envíe a Bruselas informes donde afirma que la prórroga fue “absolutamente legal”. Podrían admitir que fue una chapuza, pero prefieren cubrir las espaldas de los anteriores gobiernos. Criticar cuesta poco; rectificar, mucho más.
¿Ha habido algún reconocimiento dentro del PSOE asturiano al trabajo que ha hecho en este asunto, o la tensión se mantiene igual?
Aunque el PSOE no ha hecho mucho por reconocerlo públicamente, el propio Adrián Barbón admitió hace poco que lo que cambió todo fue la denuncia que presenté ante la Comisión Europea. Eso fue importante. También hubo momentos duros. Juan Cofiño, desde la Junta, llegó a llamarme ignorante por defender la vía judicial. Entiendo que esa era la posición oficial del partido entonces. Pero también ha habido gestos de reconocimiento posteriores, y eso es de agradecer, porque no es habitual que en política se reconozca el trabajo de alguien que no pertenece al propio partido o que ha defendido una posición distinta.
Cuando el peaje se elimine, ¿quién debería gestionar la autopista? ¿Gestión pública directa, consorcio con Asturias o una fórmula intermedia?
Debe aplicarse el mismo modelo que en el resto de autopistas españolas cuya concesión ha expirado: gestión pública directa. No necesitamos una fórmula especial. En lugares como Sevilla, Cádiz, Zaragoza o Valencia se han eliminado peajes y todo ha funcionado. Aquí la prórroga solo se hizo en Asturias y Galicia, y eso nos discrimina. Una vez eliminada, habrá que debatir si debe haber tasas generales al transporte por carretera, pero esa discusión tiene que ser nacional. Lo que no puede ser es que Asturias pague sola mientras el resto del país circula gratis.
Ha dejado hace tiempo la política institucional y ha vuelto a su profesión. ¿Desde qué lugar habla ahora de todo esto?
Renuncié al acta de diputado —unos 35.000 euros al año— y volví a trabajar como psicólogo. Pasé por las universidades de Burgos y Extremadura, y ahora doy clases en la Complutense. Hablo desde la vida civil, desde haber pasado por la política y haber vuelto a la calle. Creo que tiene que haber caminos de ida y vuelta. Hay cosas que solo pueden hacerse desde las instituciones, pero otras hay que seguir defendiéndolas desde fuera, colectivamente. Y el fin del peaje del Huerna es una de ellas. Y aquí estamos. El fin del peaje es irreversible.
