La multinacional norteamericana Santa Bárbara-General Dynamics recurrirá este mes ante el Tribunal Supremo la adjudicación a la unión temporal de empresas formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) del programa de obuses autopropulsados y lo ha justificado en que estas compañías no tienen capacidad para desarrollarlo.
Así lo ha anunciado este lunes Alejandro Page, director general de la antigua empresa pública Santa Bárbara Sistemas, privatizada en tiempos de José María Aznar, y vicepresidente de GDELS, filial europea del gigante armamentístico norteamericano, en un encuentro informativo en el que ha asegurado que existe interlocución con la industria y con el ámbito político, a nivel ministerial, si bien de momento “no hay resultados”.
Page ha asegurado que la UTE Indra-Escribano no tiene ahora mismo capacidad para desarrollar ese contrato de 3.002 millones de euros sin recurrir a la tecnología extranjera, mientras que Santa Bárbara sí la tiene “con hechos” demostrados.
Recientemente trascendía, a través de El Confidencial, que Page se había entrevistado con la cúpula del PP en la búsqueda de apoyos políticos para su particular guerra contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de favorecer a la española Indra, con participación del Estado a través de la SEPI. Anteriormente se habían buscado otras fórmulas para influir en el Gobierno, como un fichaje millonario de Iván Redondo, ex asesor de Pedro Sánchez en Moncloa.
Si el objetivo de Redondo era acercar posiciones con Defensa y evitar la vía judicial, esta vía amable ya se ha dado por fracasada. Santa Bárbara ya presentó un recurso contencioso-administrativo para suspender los 3.002 millones en préstamos adjudicados a los programas de obuses autopropulsados por parte del Gobierno a dicha UTE, que admitió a trámite el Supremo a principios de enero.
Estos créditos fueron concedidos en 2025 a la UTE Indra-Escribano, con la que ambas compañías se adjudicaron un total de 1.821 millones de euros para los programas de cadenas y 1.181 millones para los de obuses de ruedas.
Una vez admitido a trámite por el Supremo, el siguiente paso es presentar un recurso de alzada a la adjudicación “por coherencia”, ha explicado Page, que ha precisado que el propio recurso contencioso-administrativo ya lo contemplaba. Además, incluía una serie de medidas cautelares, entre ellas, la suspensión de los préstamos que, según Page, deberían resolverse en un mes una vez pase el periodo de alegaciones.
“Vamos a intentar seguir negociando para que se solucione la situación y si no, el proceso seguirá adelante”, ha advertido Page, que ha dicho no entender que no se pueda llegar a “algún tipo de entendimiento”. Ha recalcado que su empresa está alineada con la política de defensa del Gobierno y con la autonomía estratégica, de la que “formamos parte y por eso la defendemos”.
Por otra parte, ha señalado que Santa Bárbara es la única empresa que tiene capacidad para llevar a cabo la modernización de los vehículos Leopard, por lo que, a su juicio, no tendría sentido que el contrato acabase en otra empresa. “Estamos en una posición muy fuerte para cuando salga”.
Page ha reconocido que la estrategia del Gobierno pasaba porque Santa Bárbara no fuera el ‘campeón nacional’ de la industria de defensa y por eso se creó ‘Tess Defence’, el consorcio liderado por Indra y del que forman parte también Escribano y Sapa. La pretensión de Santa Bárbara es que Tess se convierta en ese campeón nacional en el ámbito de Tierra al igual que lo son Navantia en la Armada o Airbus en Aire.
En 2024 Indra exploró la posibilidad de comprar Santa Bárbara a General Dynamics. La oferta fue rechazada por la multinacional norteamericana.
Críticas del comité de Trubia
Por su parte, el comité de empresa de la fábrica de armas de Santa Bárbara en Trubia, Oviedo/Uviéu, ha dicho no entender que se deje a esta factoría al margen del proceso inversor del Ministerio de Defensa, al remarcar que sus cientos de trabajadores cuentan con “los conocimientos y la experiencia, además de las instalaciones y los medios técnicos necesarios”, para el desarrollo de este tipo de programas.
“Si en España existe una fábrica con conocimientos, historia y capacidad en materia de artillería, esa es la fábrica de armas de Trubia”, ha expresado en un comunicado.
El comité ha recordado que la fábrica de Trubia da empleo estable a más de 900 personas pertenecientes a Santa Bárbara y las diferentes empresas auxiliares que prestan sus servicios a la factoría y ha subrayado que no puede asumir que estos puestos de trabajo “puedan llegar a verse amenazados por la indiferencia” a la que dicen estar “sometidos de manera persistente”.
