La decisión del Gobierno del Principado de Asturias de autorizar la implantación de un hipermercado de Costco en el polígono de Bobes, en Siero, tras declararlo proyecto estratégico, ha generado una amplia controversia política, social y sindical, empezando por el propio ejecutivo, en el que el único representante de IU ha votado en contra.
El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha advertido de que el acuerdo es “vulnerable desde el punto de vista jurídico” y ha señalado que trasladará la situación a la dirección de IU, que no descarta la vía judicial.
Rechazo del comercio y críticas sindicales
La Unión de Comerciantes del Principado (UC) ha calificado la decisión de “política” y ha acusado al Ejecutivo de recurrir a “un atajo” urbanístico que marca “un precedente grave”. El colectivo sostiene que utilizar una figura excepcional para un proyecto de gran impacto territorial exige una justificación reforzada y recuerda que el sector comercial asturiano está formado por unas 12.000 empresas y más de 60.000 empleos.
CCOO también ha mostrado su rechazo al considerar que la inversión no cumple los requisitos para ser estratégica, al no tratarse, a su juicio, de una iniciativa industrial ni tractora de innovación o valor añadido.
Según CCOO, en sus diez años en el mercado nacional español, el supermercado norteamericano no ha tributado nunca en el impuesto de sociedades y, según las cuentas de la empresa, nueve de cada diez empleos que generó en 2024 eran no cualificados por lo que lamenta que una ley relevante como la de proyectos estratégicos “se haya hecho a la medida de la intención electoralista y personal del alcalde de Siero.
Por el contrario, el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha respaldado la decisión del Ejecutivo al valorar la creación de más de doscientos empleos con salarios que, según ha indicado, se sitúan por encima de la media del sector, y ha defendido que la llegada de la multinacional es compatible con el apoyo al pequeño comercio.
Desde el ámbito ecologista, Ecoloxistes n’Aición ha considerado que reinterpretar la normativa para implantar un modelo basado en la gran distribución y la dependencia del vehículo privado supone un paso atrás en términos de sostenibilidad y cohesión territorial.
“No responde a una necesidad real de los consumidores, sino al pulso del alcalde que lo acaba de ganar, veremos si es suficiente para conformarle” ha señalado Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias.
Reacciones políticas
La diputada Covadonga Tomé, portavoz de Somos Asturies, ha lamentado que la Ley de Proyectos Estratégicos se haya convertido en una herramienta “para poner una alfombra roja” a grandes superficies.
En un comunicado, Tomé ha mostrado su rechazo a la decisión adoptada por el Consejo de Gobierno dado que, a su juicio, Costco “no es un proyecto estratégico, no es una empresa novedosa, no aporta valor añadido, no impulsa la transformación ecológica ni supone un cambio en el modelo productivo”.
Para la portavoz de Somos Asturies, se trata de una gran superficie comercial más “y llamar a eso “estratégico” desvirtúa el concepto” y cuando se habla de creación de empleo no se detalla si será o no de calidad a la vez que se ignora que es “una gran empresa que fagocitará el comercio local”
Vox Asturias ha celebrado el anuncio y ha pedido que la simplificación administrativa se extienda a todo el tejido productivo y no solo a grandes inversiones.
En un comunicado, esta formación inciden que la simplificación administrativa y la seguridad jurídica deben ser la norma para todos los empresarios, sin distinciones, si realmente se quiere favorecer la actividad económica en Asturies a la vez que ha criticado el retraso de la administración autonómica en tramitar la solicitud realizada por Costco hace seis meses, el doble del plazo fijado para atender esas peticiones.
Por su parte, el diputado y secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha acusado al presidente del Principado, Adrián Barbón, de utilizar el Boletín Oficial para facilitar la operación y evitar tensiones políticas.
A las críticas se ha sumado el coordinador de Podemos Asturies, Diego Ruiz de la Peña, quien ha afirmado que su formación ya advirtió durante la tramitación de la Ley de Proyectos Estratégicos que podía utilizarse “como coladero”. “No nos equivocábamos, ahora vemos que también sirve para otorgar prebendas”, ha señalado en un comunicado, en el que ha criticado que la norma “se saltaba la autonomía municipal y pasaba por encima de requisitos urbanísticos y medioambientales”, además de suponer, a su juicio, un trato de favor a grandes multinacionales frente al pequeño comercio.
En el mismo sentido, la edil de Podemos Siero, ha pedido “una revisión de la declaración de interés estratégico y que quienes impulsaron esta norma asuman responsabilidades políticas por las consecuencias”.
La autorización abre ahora un escenario marcado por la posibilidad de recursos judiciales y un intenso debate sobre el modelo comercial y territorial que debe primar en Asturies en los próximos años.
