En abril de 2025, apenas unas semanas después de que el Congreso rebajara la protección del lobo al norte del Duero, un pequeño grupo de activistas decidió intervenir en una guerra política y jurídica que parecía jugarse muy por encima de ellos. La respuesta, concluyeron, no iba a estar en los despachos políticos. Iba a estar en los tribunales.
Un año después ha llegado su primera gran victoria. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias acaba de anular el programa anual de control del lobo 2025-2026 aprobado por el Gobierno asturiano, que autorizaba la muerte de hasta 53 ejemplares. La sentencia concluye que el Principado estaba aplicando un programa apoyado en el Plan de Gestión del Lobo de 2015, una norma que había quedado “tácitamente derogada” tras la inclusión de la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) en 2021.
Cuando llegó el fallo, sin embargo, buena parte del daño ya estaba hecho. Según reconoció la propia Consejería de Medio Rural en febrero, ya habían sido abatidos 31 lobos, a los que se sumaban otros 11 ejemplares muertos por distintas causas, lo que elevaba la cifra a 42 animales, cerca del 80% del cupo previsto.
Detrás de ese fallo hay una estructura diminuta para el tamaño del conflicto. El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico integra también a la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica. “Somos lo mismo”, resume Ernesto Díaz, coordinador del Fondo. La organización nació hace apenas un año con un objetivo muy concreto: reunir dinero para pagar abogados y abrir una ofensiva judicial contra los planes autonómicos de control letal.
La organización nació hace apenas un año con un objetivo muy concreto: reunir dinero para pagar abogados y abrir una ofensiva judicial contra los planes autonómicos
“En abril de 2025 creamos un crowdfunding que a día de hoy lleva más de 80.000 euros recaudados y más de 1.500 donaciones individuales”, explica Díaz. No lo presenta únicamente como una cuestión económica, sino como la prueba de una movilización social poco habitual en torno al lobo: “Es una barbaridad de movilización de la sociedad civil”, sostiene.
Con ese dinero han impulsado recursos en Asturias, Cantabria, Galicia y La Rioja. Paralelamente, WWF España, Ecologistas en Acción y ASCEL han presentado procedimientos propios.
El día que el conflicto explotó en Asturias
El detonante llegó en marzo de 2025, cuando PP y Vox lograron sacar al lobo del LESPRE mediante una enmienda introducida en la ley de desperdicio alimentario. Aquella maniobra parlamentaria volvió a abrir la puerta a los controles letales al norte del Duero.
Pero en Asturias hubo una escena que terminó de activar a este grupo. Según relata Díaz, aquella misma noche el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, celebró públicamente la decisión del Congreso.
“Ese mismo día por la noche salió mostrando su satisfacción por el resultado de una votación impulsada por PP y Vox”, recuerda Díaz.
Para el activista, aquel episodio resumió una contradicción política que sigue marcando el debate asturiano. Acusa al Ejecutivo autonómico de utilizar al lobo como herramienta electoral en el medio rural mientras deja intactos, dice, problemas estructurales de la ganadería asturiana como el precio de los piensos, las enfermedades del ganado o la crisis demográfica. “Están intentando rascar votos del fondo de la pota”, sostiene.
El Gobierno asturiano y las organizaciones agrarias mantienen una visión radicalmente distinta. La Unión de Campesinos Asturianos y COAG Asturias llevan años reclamando controles por el aumento de ataques al ganado. Según datos oficiales del Principado, en 2024 se registraron más de 3.200 reses afectadas por ataques de fauna salvaje en Asturias, principalmente atribuidos al lobo, con indemnizaciones millonarias para los ganaderos.
Tras el revés del Supremo en febrero, la Consejería de Medio Rural aseguró que adaptaría el plan para mantener el control de ejemplares “con todas las garantías jurídicas”, mientras el presidente Adrián Barbón ha insistido en que la protección de la especie debe ser compatible con la supervivencia de la ganadería extensiva.
La justicia frena lo que la política desbloqueó
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias llega después de otro golpe judicial importante en febrero. Entonces, el Tribunal Supremo ya había obligado al Principado a suspender temporalmente las batidas al cuestionar el sistema de cupos automáticos utilizado por Asturias.
Los jueces empiezan a dibujar una línea bastante clara. Las administraciones no pueden aprobar cupos genéricos de sacrificio sin justificar técnicamente cada actuación. Tampoco pueden hacerlo sin acreditar el estado de conservación de la especie o sin demostrar que no existen alternativas previas. Y ahí aparece el siguiente gran conflicto.
Porque una parte de esa batalla ya no se está librando únicamente en los tribunales, sino también en los despachos del Ministerio para la Transición Ecológica y de la Comisión Europea.
En las próximas semanas, España debe remitir a Bruselas su informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo. El Ministerio cifró en 333 los grupos reproductores en España entre 2019 y 2024. Sumados a los de Portugal, la población ibérica seguiría por debajo de los umbrales de viabilidad genética que manejan distintos trabajos científicos y referencias técnicas empleadas por organismos como la UICN, según sostienen las organizaciones conservacionistas.
Ese diagnóstico tiene consecuencias prácticas: si Bruselas valida que el estado de conservación es desfavorable, el margen para nuevos controles letales se reduce considerablemente.
Según explica Ernesto Díaz, varias comunidades autónomas —con Galicia al frente y con el apoyo de Asturias— han cuestionado ese diagnóstico y han impulsado un informe alternativo más favorable sobre el estado de conservación de la especie. El Ministerio paralizó temporalmente el envío a Bruselas ante esa discrepancia.
Mientras tanto, siguen pendientes recursos judiciales en Cantabria, Galicia y La Rioja, y el Tribunal Constitucional aún debe resolver el recurso presentado por el Defensor del Pueblo contra la reforma legal que sacó al lobo del LESPRE.
El debate, además, trasciende España. La propia Comisión Europea propuso en 2023 rebajar el nivel de protección del lobo en Europa tras la presión de varios gobiernos y organizaciones agrarias.
En Asturias, de momento, la fotografía sigue siendo paradójica: un pequeño crowdfunding ha conseguido tumbar en los tribunales un plan institucional respaldado por una administración autonómica.
Pero mientras los jueces siguen deliberando, Madrid discute el futuro marco legal de la especie y Bruselas revisa su estatus de conservación, en Asturias ya hay 42 lobos muertos y ninguna solución definitiva al conflicto.
