El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha insistido este jueves en que, por el momento, no se ha demostrado que existan responsabilidades políticas en su administración “por acción o por omisión” en el accidente de la mina de Zarréu que costó la vida a cinco trabajadores, aunque ha admitido que su gobierno no hizo “una valoración correcta” al suprimir el Servicio de Seguridad Minera.
Barbón, recién llegado de viaje oficial en México junto a una delegación de empresarios y el consejero Borja Sánchez, persona de su máxima confianza, ha hecho estas afirmaciones durante el turno de preguntas en el pleno de la Junta General del Principado.
El presidente se reafirma así en el cierre de filas que viene caracterizando a la FSA-PSOE desde el inicio de una crisis que desataron las conclusiones del informe de Inspección General de Servicios primero, y poco más tarde el dictamen de Covadonga Tomé, presidenta de la comisión de investigación parlamentaria. Tanto uno como otro pusieron de relieve las irregularidades estructurales en la seguridad y el control de la mina de Zarréu, así como en las explotaciones carboníferas del suroccidente asturiano, reabiertas a través del subterfugio de los llamados proyectos de investigación complementarios. Un permiso de “dudoso encaje legal”, que habría permitido retomar la actividad minera sin necesidad de devolver las ayudas que las explotaciones recibieron por cerrar en 2018, cuando España abandonó la minería de carbón no competitiva.
Las irregularidades se habrían producido con cuatro consejeros en activo, Isaac Pola, Belarmina Díaz, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí. Los dos últimos, Fernández y Roqueñí, ocupan en la actualidad cargos de alta responsabilidad, la presidencia de HUNOSA y la Autoridad Portuaria de Xixón respectivamente, y su dimisión se ha convertido desde hace semanas en un clamor. No solo por parte de las derechas, sino también de los sindicatos CCOO y SOMA-FITAT-UGT, Somos Asturies e incluso IU, socio menor del Gobierno, que este miércoles se reafirmaba en su exigencia de responsabilidades políticas. También organizaciones sociales como Ama Asturies y Ecoloxistes n´Aición, que ya denunció en 2018 la irregularidad de la reapertura de minas, han pedido el cese de ambos cargos públicos.
Fuentes de la FSA-PSOE consultadas por NORTES han afirmado su “perplejidad” con respecto a la defensa numantina por parte de Adrián Barbón y Adriana Lastra de Nieves Roqueñí y sobre todo Enrique Fernández, persona con mucho más peso político que la presidenta del Musel.
Por qué Barbón mantiene su apoyo a Fernández es un arcano que ni los mejores conocedores de la FSA logran descifrar
Profesor de Economía de la Universidad de Oviedo/Uviéu y alcalde de San Martín del Rey Aurelio entre 2011 y 2019, Fernández fue consejero de Industria entre 2019 y 2023 con más pena que gloria. Todos los grupos de la Junta General con excepción del suyo le “reprobaron” por su gestión, o ausencia de ella, en el caso de Alu Ibérica, la antigua Alcoa. La empresa fue llevada a pique por unos empresarios pirata sin que el consejero hiciera demasiado por evitarlo. A pesar de perseguirle cierta fama de indolencia, su partido le recompensó con un puesto en el Senado. No duraría mucho en la Cámara Alta. A principios de 2024 Fernández se convertía por sorpresa en el presidente de HUNOSA. 161.000 euros al año por dirigir una de las empresas más pequeñas de la SEPI. Apenas 600 trabajadores.
Al frente de la Hullera, Fernández no ha vuelto tampoco a brillar como gestor. La huelga de la Brigada de Salvamento Minero, cuerpo de elite maltratado laboralmente por la empresa, y el varapalo judicial al plan para quemar residuos en la antigua térmica de La Pereda han sido los mayores patinazos de una gestión por ahora bastante átona, en la que sigue sin haber noticia de los grandes proyectos para la reconversión verde de la antigua empresa extractiva.
Por qué Barbón mantiene su apoyo a Fernández es un arcano que ni los mejores conocedores de la FSA logran descifrar. Descartado el peso político de Fernández en la cuenca del Nalón, muy mermado en los últimos tiempos, queda la posibilidad de la lealtad personal, del firme convencimiento en que no tiene responsabilidades políticas o la amenaza de Fernández de disparar contra el presidente como corresponsable de la decisión de sumprimir el Servicio de Seguridad Minera en 2019.
Fuentes de la FSA-PSOE señalan que como ya sucedió con Belarmina Díaz, Barbón tendrá que terminar haciendo caer a sus ex consejeros y que lo mejor para el partido sería hacerlo lo antes posible, frenando así la erosión y el desgaste que está suponiendo esta situación ante la opinión pública. Barbón, un dirigente político bien valorado, afrontará en 2027 sus elecciones más difíciles, y este escándalo puede generarle un daño reputacional severo de cara a unos comicios que se decidirán por la mínima. La derecha ha mordido el hueso de las irregularidades mineras y no está dispuesta a soltar un tema que le permite diversificar su discurso más allá del monotema del supuesto infierno fiscal asturiano.
La última ejecutiva de la FSA, ampliada a todos los secretarios y secretarias locales, cerró filas con la versión oficial del partido, que atribuye toda la culpa a la empresa Blue Solving, dueña de la mina de Zarréu. Pese a ello el malestar y el runrún interno siguen en un partido en el que muchos creen que la defensa de Fernández y Roqueñí no conduce a ninguna parte. Según las fuentes consultadas por NORTES, sectores de la FSA consideran que ha llegado el momento de que se convoque un comité autonómico, el órgano más importante entre congreso y congreso, donde participan muchos más militantes, ajenos al aparato, y con mucha más autonomía para opinar y expresarse. Convocarlo puede ser abrir la Caja de Pandora, pero, paradójicamente, quizá sea lo que más le convenga ahora a la organización.
