Miles de personas a título individual y diversas organizaciones ecologistas y científicas han presentado alegaciones en defensa de la conservación del lobo ibérico ante distintos procesos de consulta pública abiertos en los últimos meses por administraciones autonómicas y estatales.
En Asturies, el Gobierno autonómico abrió el pasado marzo una consulta previa sobre un nuevo plan de gestión del lobo tras varias resoluciones judiciales que paralizaron controles de ejemplares. Según fuentes conservacionistas, más de 300 alegaciones fueron respaldadas por ciudadanos y entidades asturianas, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta oficial en el comité consultivo del lobo reunido recientemente en Oviedo/Uviéu.
Posteriormente, el Ejecutivo asturiano sometió a información pública el borrador del nuevo plan de gestión, un proceso que concluyó este 28 de mayo y al que, según el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, se sumaron más de 500 personas y entidades.
Por otra parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico abrió el pasado 6 de mayo un trámite de información pública previo a la elaboración del informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo que será remitido a la Comisión Europea. De acuerdo con organizaciones ecologistas, más de 2.500 personas y entidades han remitido alegaciones en ese proceso.
Entre las entidades que han trasladado informes técnicos al ministerio figuran la WWF, Ecologistas en Acción, la Sociedad Ibérica para la Conservación y Estudio de los Mamíferos, ASCEL y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, que defienden mantener el actual estatus de protección de la especie al considerar que su estado de conservación sigue siendo desfavorable.
Mientras tanto, el Gobierno del Principado ha anunciado el envío de documentación propia al ministerio y ha cuestionado el procedimiento de participación impulsado por el Ejecutivo central. Esta posición se enmarca en las discrepancias mantenidas en los últimos meses entre ambas administraciones en materia de política ambiental.
La situación deberá resolverse previsiblemente en próximas reuniones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, en un contexto de debate sobre los criterios científicos y de gestión aplicables a la conservación del lobo ibérico.
