Ainhoa Ruiz Benedicto es investigadora especializada en militarización de las fronteras. Su trabajo analiza cómo los muros, los sistemas de vigilancia y las políticas de control migratorio convierten las fronteras en espacios de exclusión y violencia, así como las alternativas a un modelo de seguridad basado en la militarización.
La pasada semana participó en los XVII Alcuentros de Muyeres y XXVII Alcuentros Sur-Norte de Soldepaz Pachakuti, celebrados en Xixón bajo el lema «Desarmar la seguridad: cuidados para una paz feminista».
¿Puede ser la crisis en Ceuta el inicio del fin de la política migratoria de externalizar fronteras?
La Unión Europea está delegando a otros países que vulneren los derechos humanos de las personas migrantes. Europa tiene unas leyes de asilo, y la forma que ha encontrado de no cumplirlas es externalizando la gestión del drama migratorio a terceros países. La consecuencia no querida de esta política es que ha dado una gran capacidad de presión a los estados que gestionan sus fronteras: “Ahora te abro la frontera y dejo pasar” o “Ahora te la cierro”. Es decir, su propia política de externalización se le ha vuelto en contra.
¿Cómo va a cambiar esto Ceuta?
Desgraciadamente, lo que debería hacernos reflexionar es por qué hay tantísimas personas desplazadas en el mundo y qué podemos hacer para frenarlo. Y esto se traduce en políticas muy claras, aunque nos intenten decir que no. Por ejemplo, hay acuerdos con Senegal de pesca que lo que están haciendo es que las flotas europeas vayan a pescar a las costas senegalesas y arruinen la pesca tradicional de allí. ¿Qué hacen los pescadores que se quedan sin empleo? Intentar venir a la Unión Europea a ganarse el pan. Es un ejemplo de muchos otros. También sabemos las repercusiones que el cambio climático generado por los países con más emisiones tiene en las sequías y el desplazamiento forzado de personas africanas. O las guerras por el coltán en el Congo o el oro en Sudán. La UE está siendo en gran medida la responsable de las migraciones contra las que se quiere blindar.
“La Unión Europea está delegando a otros países que vulneren los derechos humanos de las personas migrantes”
¿La alternativa podría ser una gestión de la migración africana parecida a la que se hace con la migración sudamericana?
Podría ser esa. Pero yo creo que realmente la gente tiene que encontrar la posibilidad de encontrarse segura en sus países. Y la pregunta es si la Unión Europea está contribuyendo a hacer otros países seguros o inseguros. Y entonces aquí entran muchísimas políticas, desde el comercio de armas hasta la influencia que tenemos al desplegar misiones militares. Quiero decir, si Libia no se hubiera intervenido militarmente, si Irak no se hubiera intervenido militarmente, muchísimas personas de estos países no se hubieran desplazado por la fuerza. Entonces la solución pasa primero por ahí, por ver cómo gestionamos realmente la seguridad. Seguridad desde todas las perspectivas. Estamos obligando a países africanos como Libia, que recibían mucha migración y tenían fronteras abiertas para que entraran trabajadores de otros países, a cerrarse y funcionar como una barrera.
¿Migrar entre países africanos se ha vuelto más complicado?
Sí, y eso está, de alguna manera, haciendo que estas personas se encuentren aún más vulnerables, porque unas salidas que tenían para poder desplazarse entre países se les están, de alguna manera, vetando. La consecuencia es que acaban cogiendo rutas mucho más arriesgadas, mucho más caras, para intentar llegar a la Unión Europea.
¿Cómo afecta esta militarización de las fronteras a las mujeres?
Creo que es importante señalar que cada vez son más las mujeres que emprenden procesos migratorios. Hasta hace poco, estaba más arraigado en el imaginario colectivo la idea de que es el hombre quien debe proveer a la familia. Por eso, en los países de origen suele entenderse mejor que un hombre migre que el hecho de que lo haga una mujer. Se espera que ella se quede, cuide de la familia y del hogar, mientras que el hombre puede marcharse y pasar cinco años sin regresar a su país ni ver a su mujer o a sus hijos, pero enviando recursos para mantenerlos. Esto está cambiando. Cada vez más mujeres migran y también sufren un estigma por tomar la decisión de desplazarse y buscar una vida más segura. Y no hablamos únicamente de seguridad material, económica o laboral, sino también de una seguridad vinculada al ejercicio de sus derechos.
En el tránsito migratorio, cuanto más se endurecen las fronteras, más expuestas están las personas a distintas formas de violencia. Al dificultar los desplazamientos, los trayectos se alargan y aumenta el tiempo durante el que las personas migrantes pueden sufrir agresiones. Las mujeres se enfrentan a un riesgo añadido: pueden padecer las mismas violencias que los hombres, pero también otras específicas relacionadas con su condición de mujeres.
Sabemos que los hombres migrantes sufren mucha violencia. En Libia, por ejemplo, hemos visto casos de secuestro y esclavitud con fines laborales. Las mujeres, además de estos riesgos, están expuestas a la violencia sexual, las violaciones y los secuestros con fines de explotación sexual. Estas agresiones pueden provocar embarazos no deseados y problemas de salud reproductiva. En definitiva, las mujeres afrontan los mismos riesgos que los hombres y otros añadidos, lo que incrementa sus posibilidades de sufrir violencia durante el tránsito migratorio.
A todo esto se suma un fenómeno que hemos empezado a detectar en los últimos años. En algunos países de origen, como Mauritania y Senegal, se están desarrollando campañas para desincentivar la migración, en el marco de las políticas de externalización de fronteras. Es lo que llamamos disuasión blanda: estrategias destinadas a convencer a las personas de que no emprendan el viaje. Hemos observado que estas campañas están calando y que empiezan a criminalizar, ya desde los países de origen, a quienes quieren migrar. Curiosamente, esto está afectando especialmente a las madres de las personas que deciden marcharse. De alguna manera, se las culpabiliza de la decisión de sus hijos e hijas, incluso cuando estos han emprendido el viaje sin que ellas lo sepan. Ya hemos detectado que ocurre en Mauritania: se estigmatiza a las madres, como si hubieran debido impedir que sus hijos migraran, y se las responsabiliza de sus decisiones.
¿Quién se lucra con la gestión de las fronteras?
Frontex es una agencia pública de la Unión Europea, pero que recurre a muchas empresas de las seguridad, una industria muy ligada a la industria de armas. Estas empresas evidentemente obtienen un lucro, por un lado, de que las fronteras se militaricen y, por otro, de expandir esta narrativa de que todo esto es necesario, de que el migrante es una amenaza y que la forma de combatirlo es desplegar herramientas de control como los drones.
“Es menos costoso desplegar cuatro drones en el Mediterráneo que desplegar cuatro fragatas, y eso tiene consecuencias para los derechos humanos”
El migrante como un invasor
Es menos costoso desplegar cuatro drones en el Mediterráneo que desplegar cuatro fragatas, y eso tiene consecuencias para los derechos humanos. El dron te puede avisar de que se está acercando una embarcación, pero tardas muchísimo más en rescatarla o puedes hacer la vista gorda. En cambio, si es una fragata la que se encuentra una embarcación en riesgo de hundirse tiene la obligación de rescatarla.
En Asturies van a abrirse dos nuevas fábricas de armas. Todo con un apoyo entusiasta de derecha e izquierda, de empresarios y sindicatos.
Los sindicatos tendrían que tomar conciencia de que la clase obrera es internacional y que, si realmente quieren defender la clase obrera y los derechos de la clase obrera, deberían pensar en que esas armas se van a utilizar para, de alguna manera, exterminar, atacar o vulnerar los derechos de trabajadores en otras partes del mundo.
Los sindicatos saben que las fábricas crean puestos de empleo con más calidad que el turismo o el comercio
Sí, pero muchas veces la industria militar puede tener un doble uso, puede tener un uso civil. Tendríamos que reconvertirlas a ese uso civil, a fabricar cosas con impacto positivo a nivel social, y no a producir guerra, muerte y destrucción. A los accionistas que invierten en industria militar les interesa que haya guerra. Cuanto más tensionemos el contexto, más posibilidades habrá de que lleguemos a la guerra. Lo que tenemos que hacer es desescalar, abrir espacios de diálogo. Igual esto puede ser tachado de ingenuo, pero si ya estamos preparándonos para la guerra, es evidente que la guerra va a ocurrir.
¿Nos obligan a elegir entre rearme y Estado del Bienestar?
A Grecia se le pidieron muchísimos recortes sociales, pero en ningún momento que bajara el gasto en armamento que era de los más altos de la UE. El gasto militar siempre tiene un tratamiento privilegiado frente al gasto social. Cuando nos hablan de que hay que recortar gastos, de que tenemos que recortar en pensiones, educación o sanidad porque hay deuda pública, nunca se habla de tocar el gasto militar. Y es una forma de seguridad, de construir seguridad. El armamento construye un modelo de seguridad muy concreto, que es el militar, pero construir vivienda, construir sanidad, construir un Estado del bienestar fuerte también es una forma de construir sociedades seguras.
El Centre Delàs lleva tiempo diciendo que gastamos mucho más en Defensa de lo que nos dicen los números oficiales.
Como todas las cifras, todo depende de la lectura que hagas. Los gobiernos siempre declaran como gasto militar el gasto del Ministerio de Defensa, pero si miramos la letra pequeña vamos a encontrar partidas dentro de otros ministerios que también se pueden considerar gasto militar: las pensiones de los militares, los seguros de los militares, préstamos que se conceden para producir armamento a empresas… Incluyendo todo eso, estaríamos ya cerca de lo que nos estaba reclamando la OTAN antes de Trump, que era llegar al 2%.
¿Se está cumpliendo el embargo de armas a Israel?
No hay claridad en la información. Seguimos sin saber qué contratos se han anulado por parte del Gobierno de España. Y después está la cuestión de que se permite la compra de componentes y material a través de filiales europeas de empresas israelíes.
