A las 12 horas del próximo sábado 19 de abril, los vecinos de Tapia de Casariego se manifestarán nuevamente en el puerto de la localidad para exigir que no se lleve a cabo el proyecto de apertura de la mina de oro de Salave. Con esta manifestación, buscan demostrar que “la inmensa mayoría” de los vecinos está en contra del proyecto.
Frente a esta oposición que ya dura más de veinte años, en los últimos tres lustros han surgido diversas asociaciones que han expresado su apoyo a la reapertura de la mina, contribuyendo a consolidar la narrativa de que el pueblo está dividido entre quienes la apoyan y quienes la rechazan. Sin embargo, al investigar los vínculos entre estas asociaciones que respaldan el proyecto y la empresa promotora, se puede observar un patrón que cuestiona la autonomía de estos movimientos.
Este reportaje amplía una cuestión apenas esbozada en el artículo principal publicado por Nortes: la aparición y trayectoria de entidades como IDOA, cuya actividad pública contrasta con la falta de registros oficiales claros y una trayectoria confusa. Mientras el proyecto de Salave encara una fase clave, la naturaleza real de su supuesto apoyo social sigue siendo una pieza crucial del debate. Lo que a primera vista parece respaldo ciudadano puede, en realidad, formar parte de una estrategia conocida como astroturfing: una técnica que simula apoyo vecinal a través de plataformas impulsadas por intereses empresariales.
2011: El nacimiento de Trabajo ya, mina sí
La primera asociación de apoyo activo al proyecto fue la plataforma Trabajo ya, mina sí, fundada en 2011. Su presidenta, Magdalena Gómez, fue la cara visible en entrevistas concedidas a medios como La Nueva España, en las que celebraba el aniversario de la organización en febrero de 2012. Según sus portavoces, el colectivo había nacido para dar voz a los vecinos favorables a la mina, entonces promovida por Astur Gold y declaraban contar ya con “más de mil socios”. “La empresa ha anunciado que se crearán 800 puestos de trabajo”, aseguraba Gómez en aquel momento.
2014: Escisión con crítica desde dentro
Tres años más tarde de su creación, en febrero de 2014, antiguos miembros de esa plataforma anunciaban la creación de una nueva organización: la Asociación para el Desarrollo y el Progreso del Occidente Astur. En declaraciones recogidas por El Comercio, sus fundadores afirmaban haberse marchado por el “oscurantismo” en la gestión interna de la plataforma Trabajo ya, mina sí y la acusaban de actuar al servicio de la empresa, sin exigirle el cumplimiento de los compromisos sociales anunciados.
La crítica más explícita se centró en la gestión del fondo social que Astur Gold había prometido para compensar posibles impactos negativos derivados de la explotación minera.
Pese a esa aparente ruptura, la nueva asociación estableció su sede en la misma dirección que un despacho jurídico de Tapia de Casariego vinculado a los intereses de la empresa promotora. En aquel momento, el despacho era llevado por una persona que hasta solo unos días antes de la aparición de la nueva plataforma, había sido un directivo de Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC), filial en esos días de Astur Gold. La coincidencia entre el domicilio legal de la asociación y la sede del bufete, poco después de la desvinculación formal de sus representantes con la minera, no implica una relación directa, pero sí añade elementos que dificultan evaluar con claridad su independencia.
“Aunque no figura en el listado oficial de asociaciones de la web del Ayuntamiento de Tapia, mantiene desde 2021 un perfil de Facebook con más de 1.500 seguidores”
2021–2022: El regreso con otro nombre
En los últimos años ha emergido un nuevo actor en este entramado con un nombre parecido a la anterior asociación disidente, pero con diferentes dirigentes: la Asociación por la Reindustrialización del Occidente (IDOA). Aunque no figura en el listado oficial de asociaciones de la web del Ayuntamiento de Tapia, mantiene desde 2021 un perfil de Facebook con más de 1.500 seguidores, en el que publica comunicados y enlaces al proyecto minero. La página no incluye ni correo electrónico ni teléfono de contacto.
En agosto de 2022, la prensa se hacía eco de que representantes de IDOA habían entregado 2.000 firmas en apoyo a la mina en el consistorio tapiego. En esa ocasión, también volvió a aparecer Magdalena Gómez, la que fuera portavoz de Trabajo ya, mina sí, esta vez como presidenta de la nueva asociación, algo que establece un vínculo directo con aquella primera plataforma de 2011. De la asociación escindida no se ha vuelto a saber nada.
Otro caso ambiguo: el papel de FAPAS
A las dudas sobre la independencia de IDOA se suma otro episodio controvertido, protagonizado hace unos años por una entidad en principio ajena al debate vecinal: el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS). Como en el caso de IDOA, la actuación de esta organización ecologista con larga trayectoria en Asturias en torno al proyecto de Salave ha generado perplejidad y sospechas, incluso entre sectores afines a la conservación ambiental.
En 2013, FAPAS suscribió un acuerdo de colaboración con la empresa promotora Astur Gold para evaluar el estado ambiental del entorno de Salave. Para ello, instaló colmenas en la zona y analizó el polen y la miel recogidos por las abejas. También estudió el comportamiento de algunos mamíferos presentes en el área. El resultado fue concluyente: el terreno estaba “libre de contaminación”. La conclusión fue difundida en medios regionales con titulares como “El Fapas confirma que la zona de Salave está libre de contaminantes” (El Comercio, 10/01/2013).
Sin embargo, apenas dos años después, el propio FAPAS defendía públicamente que las lagunas de Silva, ubicadas en el área de influencia del proyecto, debían ser consideradas como “suelo contaminado”, al detectar niveles elevados de arsénico. Esta contradicción en sus informes generó desconcierto y llevó a algunos vecinos a cuestionar si la organización estaba cambiando de postura según los intereses de la promotora.
El propio presidente del FAPAS, Roberto Hartasánchez, llegó a minimizar en prensa el valor ambiental de las lagunas, refiriéndose a ellas como “unas charcas inundadas con una contaminación capaz de cargarse a cuanto bicho aparezca por allí” y donde solo “se encuentra una planta rara y alguna que otra rana despistada” (La Nueva España, 11/09/2015).
Estas declaraciones, unidas al vínculo contractual con la minera y al brusco giro discursivo entre 2013 y 2015, han sido interpretadas por parte de la ciudadanía como un posible intento de justificar el proyecto minero argumentando que el daño ambiental ya estaría hecho. Sea cual sea la motivación, el episodio de FAPAS refuerza la percepción de que la empresa ha desplegado distintas estrategias, algunas más visibles que otras, para construir una narrativa favorable a la mina, recurriendo incluso a actores inesperados.
“el Observatorio Ibérico de la Minería, (…) incluye dos casos específicos de astroturfing vinculados al proyecto de Salave: ‘Plataforma Trabajo Ya, Mina Sí’ y ‘Asociación por la Reindustrialización del Occidente de Asturias’ (IDOA)”
Astroturfing: cuando el “apoyo vecinal” se organiza desde arriba
La trayectoria de IDOA y el caso de FAPAS encaja con un fenómeno ampliamente documentado en el campo de la comunicación estratégica: el astroturfing, una estrategia que consiste en simular un movimiento ciudadano espontáneo, lo que en inglés se llama grassroots, mediante plataformas artificiales que en realidad están impulsadas, financiadas o coordinadas por actores con intereses económicos concretos.
El término proviene de Astroturf, una marca de césped artificial, en contraposición a la hierba natural. Y ha sido documentado ampliamente en sectores como el energético, el farmacéutico, el tabacalero y el minero.
En su informe de 2023 “Minería y derechos sociales en la Península Ibérica”, el Observatorio Ibérico de la Minería, dentro de una enumeración de asociaciones y colectivos que califica de asociaciones pantalla, incluye dos casos específicos de astroturfing vinculados al proyecto de Salave: “Plataforma Trabajo Ya, Mina Sí” y “Asociación por la Reindustrialización del Occidente de Asturias (IDOA)”.
Según el informe, este tipo de entidades llevan a cabo acciones que pueden incluir: “Publicación de propaganda, organización de actos, presión política (lobbying), boicots a eventos de grupos críticos, recogida de firmas, distribución de material físico y digital, y celebración de encuentros sociales disfrazados de información técnica.”
El documento elaborado por el Observatorio Ibérico de Minería deja claro que este tipo de asociaciones y supuestos colectivos ciudadanos, aunque se presenten como expresiones ciudadanas, actúan como plataformas de influencia para legitimar proyectos privados, generando una imagen de respaldo popular que no se corresponde necesariamente con una base social real
En el caso de Salave, la reiterada aparición de una misma figura dirigente y la coincidencia de sedes o direcciones legales con estructuras vinculadas directa o indirectamente a la empresa promotora, no son los únicos indicios que pueden alimentar las dudas sobre la legitimidad de estas plataformas como representación vecinal.
IDOA y sus vínculos con Tapia y la mina de Salave
Más aún. A pesar de su actividad pública, IDOA no figura en el listado de asociaciones disponible en la web del Ayuntamiento de Tapia de Casariego (aunque sí figura la asociación que se escindió en 2014 y que no presenta actividad conocida en la actualidad); ni en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias, disponible online y actualizado, según la página web, en 2023. Tampoco aparece en el Fichero Nacional de Denominaciones del Ministerio del Interior, cuya consulta electrónica no devuelve resultados coincidentes con su nombre (búsqueda realizada en marzo de 2025). En prensa, la asociación aparece mencionada como “Asociación por la Reindustrialización del Occidente Asturgalaico”, también “del Occidente de Asturias” o simplemente “del Occidente”, si bien siempre se mantienen las siglas IDOA.
Aunque no puede descartarse que figure registrada bajo otra denominación, la aparente ausencia de datos en las principales bases públicas pone aún más dudas sobre su formalización legal. Tampoco consta que haya recibido subvenciones públicas autonómicas ni participado en procedimientos administrativos registrados en el BOPA.
“Parte de los recursos de la empresa se han destinado a gestionar la dimensión social del proyecto. Se desconoce de qué forma”
Por su parte, las cuentas de EMC, filial española de la promotora Black Dragon Gold, no son públicas, al tratarse de una sociedad limitada. No obstante, en documentos corporativos de Black Dragon Gold, como el informe no auditado de septiembre de 2019 (Unaudited Financial Statement and MD&A), se alude a tareas de community relations delegadas en EMC para el proyecto Salave. Este concepto, habitual en el lenguaje corporativo anglosajón, puede abarcar desde acciones con colectivos locales hasta estrategias de reputación o relación con las instituciones. Aunque no se detallan destinatarios ni actividades concretas, la mención confirma que parte de los recursos de la empresa se han destinado a gestionar la dimensión social del proyecto. Se desconoce de qué forma.
Además, el informe sectorial elaborado por el Observatorio Ibérico de la Minería añade una base documental a las sospechas ya existentes sobre la trayectoria de IDOA, al incluirla explícitamente entre los casos de astroturfing que se están dando en España.
En este contexto, que actores con intereses empresariales adopten —o incluso construyan— discursos vecinales añade confusión y hace difícil saber quién representa realmente a la ciudadanía. Más allá del caso puntual de una mina, lo que está en juego es la transparencia institucional, la calidad del debate público y la legitimidad de los canales de participación.
Este medio contactó con IDOA a través de su perfil de Facebook y les solicitó una entrevista telefónica. Aunque la asociación respondió inicialmente y mostró disposición a conversar, no volvió a comunicarse al cierre de esta edición.
