El 29 de octubre, Black Dragon Gold comunicó al Principado que retiraba su petición para que la mina de Salave fuese declarada Proyecto de Interés Estratégico. Dos días después, el 31, La Nueva España desveló que la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) había emitido un informe desfavorable: el proyecto choca con el planeamiento municipal y con el Plan de Ordenación del Litoral (POL), y no puede tramitarse por la vía estratégica mientras persista el rechazo del Ayuntamiento de Tapia de Casariego. En paralelo, la compañía pidió a la Bolsa de Australia (ASX) la suspensión temporal de cotización a la espera de un anuncio relacionado con Sekuens, la agencia asturiana que evalúa las solicitudes PIER.
Lo que dicen los papeles (y lo que aún no se conoce)
Según publicó La Nueva España el 31 de octubre, el documento de 16 páginas de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) advierte de un doble incumplimiento: usos prohibidos por el Plan de Ordenación del Litoral (POL) e incompatibilidad con el planeamiento de Tapia de Casariego, que requeriría una modificación que, incluso de producirse, debería aprobar el Ejecutivo asturiano.
La comisión añade que la proyección de la minería subterránea se superpondría con suelo no urbanizable de especial protección y/o de costas, en un informe del que solo se han hecho públicos algunos extractos.
Esa opacidad informativa —la filtración parcial de un documento clave que nadie más ha podido consultar— marca buena parte del debate posterior, tanto entre los alegantes como en el ámbito político.
La información publicada el 29 de octubre ya anticipaba que el desistimiento de la empresa se había producido pocos días antes de que, según fuentes del Principado citadas por ese diario, el Consejo de Gobierno, pudiera pronunciarse previsiblemente en contra de la calificación estratégica, al constatar la negativa municipal a recalificar unas 61 hectáreas de suelo no urbanizable.
Filtración y asimetría informativa
El jurista Javier Álvarez Villa subraya que nadie fuera de los círculos filtradores ha visto el informe completo: “El problema es que el informe de la CUOTA no se conoce oficialmente.”
“La compañía había atribuido su retirada a la entrada de capital asturiano y a la necesidad de adaptar la solicitud a las nuevas circunstancias.”
La plataforma Oro No cree que la empresa pudo conocer el contenido del informe desfavorable, “por la puerta de atrás”. Su portavoz, Daniel Canto, afirma: “Nosotros no sabemos nada más que lo que sale en el periódico. No hemos visto ningún documento, ningún informe ni nada oficial. Se ha filtrado. La razón la desconocemos.”
La organización reclama publicidad activa: “Si la empresa se ha retirado porque le dijeron que esto iba mal, debería publicarse toda la información inmediatamente. Que se cuelguen los informes, las alegaciones de todas las partes, todo.”
La retirada, leída como maniobra táctica
Según la opinión de Álvarez Villa, la cronología desvela unos indicios que apuntan en una dirección distinta a la esgrimida por la empresa: “A mi juicio, el cambio accionarial en la compañía como causa del desistimiento de la solicitud, es una cortina de humo.”
En esa misma línea, Canto también califica a este movimiento como “retirada táctica”: “Tiene toda la pinta de que alguien les filtró lo que había dicho la CUOTA: que el proyecto no salía. Ante la tesitura de llevarse la bofetada, optaron por retirarse”.
La compañía ha atribuido su retirada a la entrada de capital asturiano y a la necesidad de adaptar la solicitud a las nuevas circunstancias.
Respecto a ese argumento del “capital asturiano”, el portavoz es tajante: “Da igual que el dinero venga de Asturias, de Marte o de la Luna. El proyecto sigue siendo igual de nocivo y perjudicial”.
Aunque el expediente aún no se conoce oficialmente, Álvarez Villa resume el núcleo del conflicto legal que, a su juicio, confirman los datos filtrados: “La CUOTA ha concluido que el proyecto no es viable urbanísticamente probablemente por invadir suelo no urbanizable vinculado al litoral”. No obstante, habrá que esperar a saber las razones que incluye el informe.
Recuerda que “el proyecto es inviable porque la Ley de Proyectos Estratégicos prohibe que se sitúen en el suelo no urbanizable costas y está categoría incluye la superficie y el subsuelo.”
Tras el desistimiento, el jurista considera el expediente archivado, “al menos en esta fase”. Sobre un posible regreso, mantiene cautela: “Habrá que ver si el informe, cuando se conozca oficialmente deja algún margen para reformularlo, pero tal y como está planteado, no parece viable”.
“El trabajo impecable del periodista Vicente Montes, profesional de referencia en la información asturiana, al acceder al informe y publicar su clave urbanística, convive con la pregunta de fondo que planea sobre el proceso: quién filtró y por qué.”
Del conflicto legal al impacto bursátil
El desenlace administrativo anunciado en prensa se reflejó de inmediato en el mercado. El mismo día en que la empresa comunicó su retirada, las acciones de Black Dragon Gold sufrieron un fuerte retroceso en la Bolsa de Australia, lo que llevó a la compañía a solicitar la suspensión temporal de su cotización mientras aclaraba los cambios accionariales y el futuro del proyecto.
En los meses previos, la tendencia había sido la opuesta: desde el verano, el valor de las acciones venía subiendo de forma sostenida, impulsado por la expectativa de que la Agencia Sekuens pudiera declarar estratégico el proyecto de Salave. La filtración del informe urbanístico desfavorable y el posterior desistimiento marcaron un brusco cambio de ciclo, truncando ese optimismo inicial.
La compañía, la ASX y el pulso del pequeño accionista
El 30 de octubre, la Bolsa de Australia (ASX) aceptó la suspensión temporal de la negociación de Black Dragon Gold, “a petición de la compañía”, hasta el 3 de noviembre o hasta que se emita un anuncio sobre un “update” de la Agencia Sekuens. La ASX explicó que la pausa respondía a la necesidad de gestionar las obligaciones de información de la cotizada.
Mientras tanto, pequeños inversores debatieron con intensidad en el foro australiano HotCopper tras conocerse la noticia del día 31. Los mensajes —consultados por este medio— mostraban opiniones dispares: algunos veían la retirada como un replanteamiento estratégico ligado a la entrada de capital local, mientras otros la interpretaban como un signo de debilidad financiera y de riesgo regulatorio. En general, predominaba la inquietud sobre el futuro del proyecto y sobre el posible impacto de una comunicación oficial desfavorable en la cotización.
El relato empresarial y lo que queda por aclarar
La versión pública de Black Dragon Gold, difundida el 29, vinculó el desistimiento a “cambios estructurales y de financiación” por la entrada de inversores asturianos y a la necesidad de “adaptar la solicitud” a esas “nuevas circunstancias”. Por su parte, fuentes del Principado citadas por La Nueva España advirtieron de que los obstáculos urbanísticos persistirían incluso si la compañía presentaba una versión reformulada del proyecto.
El trabajo impecable del periodista Vicente Montes, profesional de referencia en la información asturiana, al acceder al informe y publicar su clave urbanística, convive con la pregunta de fondo que planea sobre el proceso: quién filtró y por qué; si, como sostienen las fuentes consultadas, la empresa tuvo acceso anticipado a las conclusiones y si ese conocimiento precipitó el paso atrás para evitar una denegación formal.
Dónde queda el proyecto hoy
Con el rechazo municipal intacto, la prohibición del POL sobre usos en suelo de costas y un criterio urbanístico autonómico que, según lo publicado, es desfavorable, la mina de Salave carece a corto plazo de vía para ser declarada estratégica. La suspensión bursátil abre una ventana —breve— para que la compañía ordene su comunicación con el mercado. En el territorio, Oro No celebra el alto y reivindica que las alegaciones que cuestionaban la legalidad del proyecto encuentran respaldo. En lo administrativo, quedan por conocerse oficialmente los informes completos y, con ellos, el alcance exacto de una incompatibilidad que, por lo publicado, afecta tanto a superficie como a subsuelo en la franja de costas.
