Este miércoles a mediodía un grupo de personas se concentraron frente al Hospital Covadonga de Xixón para exigir el fin de los conciertos con la empresa Ribera Salud, propietaria del centro desde 2024. La movilización, convocada por el movimiento en defensa de la sanidad pública, llega apenas días después de conocerse el escándalo derivado de las declaraciones del CEO del Hospital de Torrejón —también gestionado por Ribera Salud— en las que admitía prácticas orientadas a maximizar beneficios empresariales a costa de la calidad asistencial.
Según el documento difundido por los convocantes, el directivo reconocía estrategias de “selección adversa”, es decir, clasificar a los pacientes según su rentabilidad y rechazar aquellos considerados “no convenientes” para la cuenta de resultados Ribera Salud. Además, profesionales del propio hospital habrían confirmado prácticas como reutilización de material de un solo uso o engorde de listas de espera para patologías complejas o no rentables.
Ribera Salud, en el centro de la polémica
Ribera Salud es una empresa sanitaria privada con ánimo de lucro, actualmente perteneciente a la multinacional francesa Vivanto Santé, y opera varios centros bajo modelos de gestión privada con financiación pública. En Asturias, la compañía adquirió en 2024 el Hospital Covadonga, que desde entonces ha comenzado a recibir pacientes derivados del SESPA, una práctica que el movimiento ciudadano denuncia como una “parasitación del sector público”, donde la Administración “pone el dinero y los pacientes, y la empresa obtiene el beneficio”.
La protesta de este miércoles reclamó que el Gobierno asturiano suspenda de inmediato el concierto con el hospital gijonés y abra una investigación pública sobre su funcionamiento. “Ni un solo paciente más debe ser derivado a una empresa que ha perdido toda credibilidad”, señala el manifiesto del movimiento.
Contexto estatal: la Ley 15/1997, de nuevo en el debate
El escándalo reabrió el debate nacional sobre la Ley 15/1997, que permite modelos de colaboración público-privada en sanidad y que diversas organizaciones llevan años pidiendo derogar. Para los convocantes, esta norma ampara modelos heredados de las políticas de privatización sanitarias impulsadas en los 90 y 2000, y es responsable de que “la salud se transforme en un negocio”.
El movimiento reclama tanto a la Consejería de Salud como al Ministerio de Sanidad la derogación de esa ley, así como un compromiso firme para blindar la gestión pública del sistema sanitario.
