Teresa Álvarez, concejala de IU Siero, conversa con NORTES sobre las dos grandes polémicas que el cuarto ayuntamiento asturiano vive en este momento: la privatización del agua y la apuesta del alcalde, el socialista Ángel García “Cepi” por la ampliación de las grandes superficies comerciales en el concejo que ya concentra más metros cuadrados de este tipo de infraestructuras.
¿Quién gana y quién pierde con la privatización del agua?
Con la privatización del agua ganan las empresas privadas que convierten un derecho básico en un negocio con beneficios garantizados. Pierde la ciudadanía, que pierde control público, transparencia y acaba pagando más por un servicio esencial. No es una cuestión ideológica: es lo que ha ocurrido en todos los lugares donde se ha privatizado
La empresa que ha asesorado el proceso está presidida por un investigado en el “Caso Lezo”. ¿No era un punto de partida bastante sospechoso?
No es solo sospechoso, es profundamente irresponsable. Cuando se plantea privatizar un servicio esencial, el mínimo exigible es rigor y credibilidad. Arrancar el proceso con una empresa vinculada a un macrocaso de corrupción desacredita cualquier discurso posterior sobre transparencia y buena gestión.
¿Qué se puede hacer una vez aprobada la privatización?
No resignarse. Fiscalizar cada paso, exigir explicaciones y comprobar si se cumple lo prometido. Y si no se cumple, trabajar política y jurídicamente para revertir la decisión. La defensa de los servicios públicos no termina con una votación.
¿Temen un tarifazo?
No es una cuestión de temores, es una cuestión de hechos. Allí donde se privatiza el agua, las tarifas suben. Siempre. Porque introducir beneficio privado en un servicio básico tiene consecuencias directas para la ciudadanía.
¿Qué ocurriría si la empresa incumple el contrato, como suele pasar en todas las ciudades?
Lo primero sería una denuncia pública clara. No se puede mirar hacia otro lado cuando una empresa incumple un contrato de un servicio esencial. En segundo lugar, exigiríamos al equipo de gobierno que haga cumplir íntegramente lo firmado. Los contratos están para cumplirse y la administración está para defender el interés público, no a la empresa. Y si esos incumplimientos tienen recorrido jurídico, iremos a la Fiscalía sin ninguna duda. La gestión de lo público no es una barra libre: cuando hay incumplimientos graves, hay responsabilidades políticas y, si procede, legales.
¿Va esta decisión a afectar a las relaciones IU–PSOE?
A nivel local conviene ser muy claros: Izquierda Unida no gobierna con el PSOE. El PSOE tiene mayoría absoluta y gobierna en solitario. IU actúa con responsabilidad institucional, alcanzando acuerdos puntuales para aprobar presupuestos o remanentes cuando benefician al concejo, pero eso no implica avalar todas las decisiones del equipo de gobierno. Precisamente porque no gobernamos con ellos, tenemos la obligación de decir cuándo se equivocan.
Otro tema candente: la ampliación de Parque Principado.
Como viene siendo habitual, el alcalde lanza globos sonda anunciando proyectos en el concejo vinculados a una supuesta creación de empleo, siendo plenamente consciente —y esa es la gravedad— de que esos proyectos no encajan con la normativa vigente de las Directrices de Comercio. Lo hizo con Costco y lo vuelve a hacer ahora con la ampliación de Parque Principado. Se anuncian proyectos que no caben en la normativa actual y, cuando no salen adelante si no es mediante una modificación a la carta, se buscan culpables fuera. Eso tiene un nombre claro: deslealtad institucional. Y conviene decirlo con claridad, porque lo que se está afirmando es falso y profundamente irresponsable. Izquierda Unida no gestiona las Directrices de Comercio. IU tiene un solo consejero en el Consejo de Gobierno y no lleva esas competencias. La consejería responsable pertenece a la FSA-PSOE y tiene responsabilidades políticas claras. Si existe malestar con la aplicación de la normativa, las explicaciones deben pedirse donde corresponde y no buscar culpables fuera para tapar una mala gestión política. Lo que no es aceptable es dar nombres y apellidos para culpar a quien no tiene la competencia y, al mismo tiempo, callar deliberadamente cuando se trata de señalar a quien sí la tiene y además pertenece a su propia organización. Eso no es transparencia, es desviar responsabilidades. Y hacerlo desde la descalificación política solo demuestra falta de argumentos. Además, ese discurso viene acompañado de un desprecio inaceptable a los votos de Izquierda Unida. Esos votos representan a miles de asturianos y asturianas y tienen exactamente la misma legitimidad democrática que cualquier otro respaldo ciudadano. Menospreciarlos es menospreciar a una parte de la ciudadanía. Tampoco se pueden lanzar titulares ni declaraciones sin datos completos. Hablar solo de inversión y empleo mientras se ocultan deliberadamente los impactos reales sobre el pequeño comercio, la movilidad, el territorio y el conjunto de Asturias no es rigor, es propaganda. Gobernar no es sumar cifras, es asumir las consecuencias de las decisiones. Y hay una cuestión de fondo que se intenta evitar: la solidaridad territorial. Siero tiene una situación geográfica privilegiada que muchos otros concejos no tienen. Seguir concentrando grandes superficies comerciales en el mismo punto tiene efectos negativos directos sobre el comercio y la actividad económica del resto de Asturias. Precisamente para evitar estos desequilibrios existen la planificación autonómica y las Directrices de Comercio. Ignorarlas es romper ese equilibrio.
El alcalde dice que la cosa va de crear vivienda asequible a cambio de la ampliación.
Ese argumento no se sostiene. Para que exista una cesión de suelo destinada a vivienda pública sería necesaria una modificación puntual del PGOU, y conviene recordar que ese mismo PGOU está paralizado por decisión del propio equipo de gobierno. Utilizar la vivienda como argumento mientras se bloquea el planeamiento urbanístico y se anuncian proyectos que no encajan en la normativa vigente es, como mínimo, contradictorio. La vivienda es un derecho y debe abordarse con coherencia, planificación y herramientas públicas, no como una moneda de cambio para justificar operaciones comerciales.
