Siete asociaciones feministas, Asamblea Feministas Asturianas, Asociación rapiegas, Asociación Sara Suatez Solís, Foro de Mujeres de El Llano, Forum de Política Feminista, Feministas Socialistas y Tertulia feminista Les Comadres, han expresado este miércoles su rechazo al anteproyecto de Ley LGTBI autonómica por considerarlo una “aberración” desde el punto de vista político, filosófico, psicológico y clínico asistencial.
Un acto en la Escuela de Comercio de Xixón protagonizado por la filósofa Amelia Valcárcel y el psicólogo José Errasti ha servido para divulgar las objeciones de estas asociaciones, centradas en el tratamiento legislativo de las personas trans, hasta ahora inexistente en la legislación asturiana. “Esta ley no es necesaria porque existe una ley estatal, que probablemente tenga que ser reformada porque da lugar a cosas incomprensibles, y además se presenta blindada al debate”, señaló la filósofa, para la que se busca “abrir un proceso de debate público, que los legisladores sepan lo que van a votar, porque no es normal que una ley diga que no hay dos sexos sino que el sexo es un espectro, contrariando los principios de la biología”.
Mientras tanto, el anteproyecto, que cuenta con el respaldo social de asociaciones LGTBI, el 8M Asturies, CCOO y UGT, continúa su tramitación con el objetivo de dotar a Asturies de un marco normativo propio que desarrolle y aplique en el ámbito autonómico los derechos reconocidos en la legislación estatal, sobre todo en aquellos servicios públicos que están transferidos al Principado como la sanidad y la educación. El objetivo de la Consejería de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, gestionada por IU-Convocatoria por Asturies, es aprobar la ley antes de las elecciones de 2027, acabando así con la anomalía de que el Principado sea junto con Castilla y León la única comunidad sin normativa propia autonómica.
¿Qué defiende exactamente la nueva ley?
El texto recoge la necesidad de adaptar el sistema de salud a las necesidades específicas de las personas trans, en línea con el proceso de despatologización defendido desde 2018 por la Organización Mundial de la Salud, y que pide no tratar la transexualidad como una enfermedad psicológica o un trastorno mental, sino como un aspecto más de la diversidad sexual de los seres humanos.
En ese sentido, la ley plantea la necesidad de formación específica del personal sanitario para acercarles al conocimiento de esta realidad y erradicar así prácticas discriminatorias que traten a las personas trans como enfermos mentales.
La nueva legislación garantiza asimismo la creación de unidades de atención a las personas trans en todas las áreas sanitarias, la provisión de tratamientos hormonales a aquellas personas que deseen adoptarlos, así como la existencia en los hospitales públicos de personal formado para realizar cirugías. También deja claro el derecho de las personas trans a acceder en igualdad de condiciones a los tratamientos de fertilidad y reproducción asistida.
Con respecto al ámbito educativo, la ley también incide en la formación de alumnado, profesorado y familias, y en la prevención del acoso escolar y el suicidio.
En el ámbito educativo, se reconoce también el derecho del alumnado a ser tratado conforme a su identidad sexual, incluyendo el uso del nombre elegido y el acceso a instalaciones según la identidad de género manifestada.
La norma también contempla la adaptación de la documentación administrativa, la protección de la confidencialidad de los datos personales —especialmente en lo relativo a la identidad de género— y el impulso de estudios y medidas de acción positiva para corregir desigualdades estructurales .
Asimismo, prevé instrumentos de seguimiento como una estrategia autonómica de igualdad y órganos de participación encargados de evaluar el impacto de las políticas públicas en este ámbito .
Por otro lado, lay contempla medidas contra la discriminación y el desempleo de las personas trans en el trabajo.
El texto completo puede consultarse aquí.
