Mayra María Blanco lleva dos años esperando que se resuelva su prestación de dependencia. Ahora ya tiene la resolución, pero el dinero no llegará hasta junio. Para entonces, teme que sea tarde para tapar el agujero que se le ha abierto en casa: dos meses de alquiler atrasados y un burofax del propietario reclamando el pago.
“No tenemos el dinero, pero sí tengo la resolución de la dependencia”, explica. La ayuda reconocida será de 182 euros al mes. Como el expediente se ha demorado durante dos años, el primer pago incluiría atrasos por unos 3.000 euros. Esa cantidad, dice, resolvería el problema inmediato. Pero no puede cobrarla antes. Según relata, la administración le ha trasladado que el pago “va por nómina” y que no se puede adelantar.
El caso de Maira no es el de un desahucio ya señalado. De momento no hay una demanda judicial ni una fecha de lanzamiento. Lo que ha recibido es un burofax extrajudicial del casero, que reclama las cantidades pendientes. Ella tampoco carga contra él: “Lo entiendo, porque usa este piso para pagar la hipoteca”. Su queja apunta a otro lado: a una ayuda pública reconocida que llega cuando la urgencia ya está encima.
La familia vive con unos 1.500 euros mensuales: una pensión no contributiva de 600 euros de ella y una pensión de jubilación de 900 euros de su pareja. Pagan 500 euros de alquiler y tienen una hija de 19 años que estudia. “Si hay algún imprevisto, como el dentista, hay que escoger entre aguantarse la boca o pagar”, resume.
“Si hay algún imprevisto, como el dentista, hay que escoger entre aguantarse la boca o pagar”
El retraso que denuncia Maira encaja con una de las principales debilidades del sistema de dependencia en Asturias. Según los últimos datos publicados por el Imserso, a 31 de marzo de 2026 el tiempo medio de gestión de una prestación de dependencia en España era de 329 días. Asturias estaba entre las tres comunidades con mayor demora: 375 días, solo por detrás de Murcia, con 553, y Andalucía, con 464.
La ley fija un plazo máximo de 180 días para resolver estos procedimientos. El propio Principado reconocía en febrero una demora aún mayor, de 451 días, al presentar el plan Agiliza, dotado con 2,2 millones de euros y con el objetivo de reducir la tramitación al plazo legal antes de final de año.
Un mes después, la Consejería de Derechos Sociales defendía que el plan empezaba a dar resultados: las resoluciones se habían cuadruplicado en febrero, la nómina de prestaciones económicas había aumentado hasta los 5,2 millones y el plazo medio se había reducido en 19 días, hasta los 432. Aun así, seguía más de ocho meses por encima del límite legal.
También el Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, sitúa a Asturias entre los territorios con problemas relevantes de espera. En su último dictamen, difundido en marzo, calculaba que en Asturias había 1.316 personas desatendidas y una lista de espera efectiva de 7.764 personas, equivalente al 15,51%, por encima de la media estatal del 11,10%.
Mayra no pide una ayuda nueva. Pide cobrar antes una prestación ya reconocida. Ese es el punto que convierte su caso en algo más que una historia particular. Está entre el reconocimiento administrativo de un derecho y su utilidad real cuando la vida cotidiana no puede esperar al calendario de pagos.
