El Gobierno del Principado de Asturias ha ordenado la retirada del monumento de exaltación franquista situado en la fachada del Colegio de La Inmaculada de Xixón, en homenaje a los militares sublevados en julio de 1936 en ese mismo lugar, anterior cuartel de Simancas. La decisión, pone así fin a un largo proceso administrativo marcado por la presión de los colectivos memorialistas para que se cumpliera la legislación sobre memoria democrática, pero también a la movilización, en sentido contrario, de grupos ultras.
La resolución, firmada por el consejero Ovidio Zapico (IU), responsable de Ordenación, Vivienda y Derechos Ciudadanos, establece que el conjunto escultórico, inaugurado en 1958, constituye un elemento contrario a la memoria democrática y debe ser retirado en un plazo de cuatro meses por su propietario, la Compañía de Jesús. En caso de incumplimiento, la administración autonómica podrá ejecutar la retirada de forma subsidiaria y repercutir el coste.
El relieve, último gran monumento franquista en pie en Asturies, fue denunciado en 2024 por la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR), que solicitó su eliminación al considerar que ensalza a los militares golpistas que trataron de tomar el control de Xixón en los primeros días de la Guerra Civil, y que fueron muertos o apresados por las milicias antifascistas durante el verano de 1936, tras semanas de resistencia y duros combates. Desde FAMYR se ha propuesto que la retirada vaya acompañada de un reconocimiento, en la misma zona, a los combatientes antifascistas, del mismo modo que en Francia, Italia u otros países europeos, existen monumentos a los miembros de las resistencias al nazi-fascismo.
La decisión se apoya también en informes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que concluyen que no concurren razones artísticas o arquitectónicas suficientes para justificar su mantenimiento y que su resignificación mediante placas explicativas sería insuficiente para neutralizar su significado.
Frente a ello, la propiedad del inmueble defendió durante el procedimiento el valor artístico de la obra y su integración en un edificio parcialmente protegido por el catálogo urbanístico municipal, proponiendo alternativas como la contextualización del monumento. Sin embargo, la resolución considera que se trata de un elemento añadido con posterioridad a la construcción original y, por tanto, susceptible de retirada sin afectar a la protección del conjunto.
El debate sobre el monumento ha trascendido el ámbito administrativo. Mientras los colectivos memorialistas reclamaban su eliminación inmediata, grupos fascistas se manifestaron por su conservación y Vox impulsó una campaña de recogida de firmas para evitar la retirada, defendiendo su permanencia como parte de la “historia” de la ciudad, y monumento a la “convivencia”.
La resolución autonómica recuerda que la normativa vigente obliga a eliminar símbolos que supongan exaltación del golpe militar o la dictadura cuando están situados en espacios con proyección pública, incluso si se encuentran en propiedades privadas. Contra esta decisión cabe recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
