El Gobierno de Asturias realizará un estudio jurídico para determinar si es posible autorizar el proyecto de explotación de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, condicionado al pronunciamiento que emita el Instituto para la Transición Justa (ITJ) sobre la devolución de las ayudas al cierre percibidas por el anterior titular de la concesión.
Tras la reunión mantenida esta semana por el presidente del Principado, Adrián Barbón, con los alcaldes de los concejos mineros, el Ejecutivo ha recordado que la aprobación del plan de explotación de TYC Narcea Special Research, propietaria de los derechos mineros, está supeditada a que la empresa aclare ante el ITJ si debe reintegrar dichos fondos.
Según ha informado el Gobierno autonómico, la última comunicación remitida por el Instituto a la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, recibida en marzo, advertía de que, ante una posible reapertura de antiguas concesiones mineras, cualquier permiso deberá quedar condicionado a la devolución previa de las ayudas correspondientes.
En esos casos, señalaba el organismo estatal, deberá tramitarse un procedimiento específico para determinar la cuantía a devolver y proceder a su abono. Sin ese trámite, cualquier autorización minera carecería de validez.
Mientras se resuelve ese procedimiento, el Principado continuará tramitando el proyecto de explotación con la intención de sacarlo a información pública una vez que la empresa subsane las deficiencias detectadas en la documentación presentada, entre ellas la falta de determinadas especificaciones en materia de seguridad.
TYC Narcea presentó el proyecto de explotación en abril de 2025, después de que el Servicio de Minas se lo requiriera en enero de ese mismo año, coincidiendo con una prórroga del Proyecto de Investigación Complementario (PIC) que le permitía extraer hasta 90.000 toneladas de carbón.
Con anterioridad, en noviembre de 2023, la compañía había solicitado elevar ese límite hasta las 300.000 toneladas, una petición que fue rechazada por la autoridad minera.
