“Los fondos financieros actúan como actores negacionistas”. Rubén Martínez Moreno (Sant Feliu de Llobregat, 1977) lo dice mientras explica cómo la conversión de la vivienda en un activo financiero puede impedir que las ciudades se adapten a un clima que ya está cambiando. La frase concentra buena parte de una mirada que conecta cuestiones que habitualmente aparecen separadas: la crisis ecológica, el precio de los alimentos, el alquiler, la dependencia del coche, la reconversión industrial o quién controla y se beneficia del despliegue de las energías renovables.
Director del Área de Urbanismo y Transición Ecológica del colectivo IDRA, Martínez es doctor en Políticas Públicas y Transformación Social por la Universitat Autònoma de Barcelona. Este domingo participará en Pan y Roses en el festival Pan y Roses, organizado por Agenda 2030, Hoja de Lata y NORTES. Será en la mesa “Organizar la esperanza: un deseo ecosocial de emancipación”. Lo hará a las 17h en Almacenes Kuivi junto a Jorge Moruno, sociólogo, diputado de Más Madrid, Eva Vilaseca, de la Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial, y Beatriz González, profesora de la Universidad de Oviedo/Uviéu y militante de Ecoloxistes n´Aición. El título de la mesa encaja con una de las ideas que atraviesa su trabajo: la transición ecológica no puede plantearse como una sucesión de sacrificios individuales, sino como una disputa sobre quién tiene capacidad para decidir cómo vivimos, producimos, nos movemos o nos alimentamos.
En esta conversación con NORTES, Martínez parte de una idea que recorre prácticamente todas sus respuestas: evitar el fin del mundo y llegar a fin de mes no son dos problemas enfrentados. Frente a un ecologismo construido alrededor de la responsabilidad individual y el sacrificio, propone mirar hacia las estructuras que condicionan esas decisiones: dónde podemos vivir, cómo llegamos al trabajo, quién fija el precio de los alimentos o quién decide dónde se instalan las renovables. “¿De quién son los tejados?”, se pregunta en otro momento de la entrevista. Una pregunta aparentemente sencilla detrás de la que aparece otra mucho mayor: quién tiene realmente capacidad para decidir cómo se hace la transición ecológica y quién acaba pagando sus costes.
El domingo participas en una mesa que se titula “Organizar la esperanza: un deseo ecosocial de emancipación”. ¿Qué significa hoy organizar la esperanza? ¿Dónde ves posibilidades reales de transformación en un momento marcado más bien por la incertidumbre y el miedo?
Hay todo un debate sobre cómo se levanta la esperanza. Hace poco leí El mundo no se acaba, de Hannah Ritchie, que intenta demostrar con datos que tenemos motivos para tenerla: cómo se han abaratado las renovables o cómo han mejorado determinados indicadores de pobreza y salubridad. Lo entiendo, pero creo que hay una pequeña trampa: parece que las mejoras llegan solas. Las renovables se han abaratado enormemente, sí, pero detrás hubo decisiones políticas, conflictos e inversión. En Alemania se garantizó durante años un precio a quienes instalaban energía solar y China decidió que las tecnologías necesarias para la transición energética eran una industria estratégica. Si no explicas quién invierte, quién controla los recursos y quién toma las decisiones, la esperanza se convierte en una abstracción idealista. La transición ecológica no es un trámite técnico ni un asunto de consumo individual: es una disputa sobre quién controla los recursos, con qué medios y para qué fines. Organizar la esperanza significa organizar la capacidad colectiva para intervenir en esas decisiones y recuperar el control sobre nuestra propia vida. Es ahí donde la esperanza puede convertirse en un motor material de autonomía, libertad e igualdad.
“Evitar el fin del mundo y llegar a fin de mes son el mismo problema”
Una de las ideas que vienes defendiendo es que la crisis ecológica y la crisis del coste de la vida no son problemas distintos. ¿Cómo se conectan cosas tan cotidianas como llenar la cesta de la compra, pagar la vivienda o la factura energética con la crisis ecológica?
Hay una tendencia a pensar que evitar el fin del mundo y llegar a fin de mes son dos agendas diferentes e incluso en competencia, cuando creo que son el mismo problema observado a escalas distintas. Estamos viendo cómo los bienes esenciales son cada vez más caros: alimentación, energía, vivienda. Desde 2019 o 2020 los alimentos han subido en torno a un 35 %, dependiendo del momento que tomemos, y algunos productos básicos se han encarecido muchísimo más. Una parte se explica por las malas cosechas, las sequías, los choques climáticos o las alteraciones de las cadenas de suministro. Pero entre la oferta y la demanda hay relaciones de poder y oligopolios de distribución con capacidad para decidir quién absorbe esos costes y durante cuánto tiempo. Hemos visto sectores muy concentrados que, en plena inflación, no han reducido sus beneficios, sino todo lo contrario. Por eso la crisis ecológica inmediatamente se convierte en una lucha de clase: tienes a quienes no pueden controlar las condiciones ecológicas de su existencia, comer, tener energía, respirar, y a quienes concentran la propiedad y tienen capacidad para decidir sobre ellas. Hay una relación directa entre el coste de la vida, la crisis ecológica y la clase.
Entonces, ¿qué se puede hacer realmente para abaratar la alimentación sin hacerlo a costa de agricultores, ganaderos o trabajadores?
La economista Isabella Weber ha hablado de la “inflación de vendedores”. En determinados sectores, especialmente en bienes básicos y estratégicos, entre el productor y el consumidor hay intermediarios y distribuidores con una capacidad de negociación enorme. En momentos de crisis pueden apretar al productor y al mismo tiempo encarecer el producto al consumidor. Por eso no se trata de conseguir comida barata pagando mal a quien la produce, sino de intervenir sobre quienes concentran esa capacidad de distribución. Necesitamos infraestructuras públicas que medien entre una producción que debe cobrar dignamente por su trabajo y un consumidor que debe acceder a una alimentación saludable, sostenible y ajustada a su salario. En España ya existe una red pública de mercados mayoristas, Mercasa, con infraestructuras como Mercamadrid o Mercabarna, pero muchas veces funcionan como facilitadores de las grandes cadenas y de la globalización alimentaria. En Mercabarna, por ejemplo, apenas un 15 % de lo que pasa por allí se produce en Cataluña. No tiene sentido disponer de una infraestructura mayorista pública y que no sirva para fortalecer circuitos regionales y locales. Dicho de una forma un poco bruta: hay que quitar poder a los grandes intermediarios que no producen los alimentos y que, sin embargo, tienen una enorme capacidad para imponer precios al productor y al consumidor.
“La transición justa también puede acabar pagándose hacia arriba”
Hay sectores enteros, como el automóvil o la industria pesada, que necesariamente tendrán que transformarse si queremos reducir el impacto ambiental. ¿Cómo se hace esa transición sin que quienes viven de ellos sean quienes terminen pagándola?
Hay sindicatos que llevan tiempo trabajando precisamente sobre ese problema. Un caso interesante es el cierre del carbón en Alemania: los sindicatos defendieron durante años una industria de la que dependían miles de trabajadores y, al mismo tiempo, negociaron compensaciones, prejubilaciones y reinversión en las cuencas. Eso demuestra que esos trabajadores tienen un poder estructural en la transición. Pero también se destinaron compensaciones millonarias a los propietarios de minas y centrales. La transición justa también puede acabar pagándose hacia arriba. Por eso no basta con indemnizar a los trabajadores al final de la cañería. La cuestión fundamental está al principio, cuando se decide la inversión. Si el Estado pone dinero para electrificar la industria del automóvil o reconvertir una fábrica, debe condicionarlo al empleo, a dónde se localiza la nueva industria e incluso a una participación pública en su propiedad. Si el dinero público solo reduce el riesgo del inversor y este conserva después la capacidad de cerrar la planta o llevársela, la transición seguirá siendo frágil. Hace falta planificación industrial, dirección pública y capacidad para condicionar al capital cuando esa transformación se paga con recursos públicos.
Algo parecido ocurre con el coche. Es fácil decirle a alguien que debe utilizarlo menos, pero en muchos lugares desplazarse para trabajar, estudiar o ir al médico resulta muy difícil sin él. ¿Hasta qué punto hemos convertido problemas estructurales en responsabilidades individuales?
Pensemos en alguien que cada mañana se levanta a las seis, coge el coche y hace 80 kilómetros para ir a trabajar. ¿Qué grado real de elección individual hay ahí? Esa persona probablemente vive donde puede pagar una vivienda, trabaja donde ha encontrado empleo y no dispone de un transporte público que conecte ambos puntos de manera eficiente. Si le pedimos que deje el coche por coherencia ecológica, le estamos pidiendo que pague con su tiempo y con su salario un modelo territorial que no ha decidido y que seguramente tampoco le gusta. El predominio del coche no existe simplemente porque la gente lo prefiera, sino porque llevamos décadas decidiendo dónde se construye vivienda, dónde se concentra el empleo y qué infraestructuras financiamos. Ahí está la diferencia entre deseo y dependencia. Cuando aplicas impuestos sobre el combustible a quien no tiene alternativa, como ocurrió en Francia con los chalecos amarillos, esa persona percibe que le estás haciendo pagar por una dependencia que no ha escogido. Si organizamos políticamente esa experiencia compartida de dependencia, quizá descubramos que hay bastante más ecologismo potencial en la vida cotidiana de la clase trabajadora de lo que pensamos.
En Asturias conocemos bien los conflictos que puede provocar el despliegue de renovables en las zonas rurales. ¿Qué diferencia una transición energética justa de otra que simplemente sustituye unas formas de extracción por otras? ¿Quién debería decidir dónde se instalan esas infraestructuras y quién debe beneficiarse de ellas?
No conozco suficientemente los conflictos concretos de Asturias, pero creo que hay paralelismos con lo que ocurre en Cataluña. Las renovables son imprescindibles y no existe transición energética sin ellas, pero la forma en que se están desplegando puede reproducir una vieja geografía del poder: el territorio rural pone el suelo, el paisaje y recibe los impactos, mientras buena parte del beneficio termina en empresas y fondos y la energía se consume fundamentalmente en las ciudades. Al municipio pueden quedarle impuestos o rentas por los terrenos, pero eso no significa que el territorio tenga capacidad para decidir. Ahí falta democracia. Y también deberíamos preguntarnos qué están haciendo las ciudades. En Barcelona, el potencial fotovoltaico de los tejados podría cubrir alrededor del 60 % del consumo eléctrico de los hogares, pero actualmente solo se está aprovechando aproximadamente un 2,5 % y, además, el autoconsumo se concentra en las viviendas unifamiliares y las rentas altas. ¿Por qué podemos transformar territorio rural apelando a la utilidad pública y no plantearnos esa misma utilidad pública sobre los tejados urbanos? Y en el ámbito rural no basta con que la gente participe en la decisión inicial. Debería poder controlar parte del excedente y decidir dónde se reinvierten los beneficios: vivienda pública, centros sociales, bibliotecas o guarderías. Una mayor democracia económica quizá haría que esos territorios percibiesen de otra manera la transición porque no solo soportarían sus impactos, sino que participarían realmente de sus beneficios.
Has llegado a decir que el lenguaje ecologista está políticamente agotado. ¿Ha cometido el ecologismo el error de aparecer demasiadas veces como alguien que viene a decirle a la gente lo que está haciendo mal?
Creo que una parte del ecologismo ha dejado fuera a mucha gente y no es culpa de esa gente. El mensaje de que “cada gesto cuenta”, llevado hasta sus últimas consecuencias, coloca la responsabilidad precisamente sobre quienes tienen menos capacidad de decisión y deja fuera de foco a quienes deciden cómo se organiza la producción, el territorio o las infraestructuras. Eso no solo es moralmente injusto, sino que además impide organizar políticamente a quienes experimentan esa falta de capacidad de elección. No tengo ningún problema con que alguien recicle, se haga vegano o reduzca voluntariamente su consumo. El problema es pensar que la suma de millones de decisiones individuales va a transformar por sí sola el modelo. Sin organización, sindicación y conflicto no habrá ese cambio. Un ecologismo convertido en sermón culpabilizador, en una especie de homilía que señala a la gente porque coge el coche o come demasiada carne, tiene muy poca capacidad transformadora.
“Tenemos ciudades construidas para un clima que ya no existe”
Hay otro elemento que aparentemente está más lejos de la agenda ecológica: la vivienda. ¿Qué tiene que ver el precio de un alquiler o de una hipoteca con la transición ecológica?
Hay varias conexiones. La primera es el propio tipo de viviendas que hemos construido. En España, solo alrededor del 14 % de los hogares de renta baja tiene un aislamiento térmico adecuado, frente a aproximadamente un 33 % entre los de renta alta. Tenemos un parque envejecido y, en cierto sentido, ciudades construidas para un clima que ya no existe. Un piso mal aislado en una isla de calor acumula temperatura durante días y acaba obligándote a utilizar aire acondicionado, si puedes pagarlo, de manera que un problema climático termina convirtiéndose en un problema de salud y desigualdad. La segunda relación tiene que ver con el territorio: los precios de la vivienda expulsan a las rentas medias y bajas hacia periferias más alejadas y peor conectadas, mientras el trabajo, la familia o las relaciones sociales continúan en otros lugares. Eso genera más desplazamientos y más dependencia del coche. En ese sentido, incluso una regulación del precio del alquiler puede ser una política climática. Y hay una tercera cuestión más estructural: la financiarización de la vivienda. Cuando grandes fondos convierten miles de viviendas en activos cuyo objetivo es maximizar rentabilidad, también adquieren capacidad para modelar la ciudad y debilitan la planificación pública. Si quieres adaptar las ciudades al cambio climático pero una parte creciente de la vivienda está gobernada desde una hoja de cálculo de rentabilidad, pierdes soberanía para decidir qué rehabilitar, dónde construir o cómo reorganizar la ciudad.
Al mismo tiempo que Europa habla de financiar una enorme transformación energética y social, está aumentando con fuerza su gasto militar. ¿Son compatibles ambas prioridades o existe el riesgo de que la política de defensa absorba recursos, industria y capacidad pública que necesita la transición ecológica?
Creo que no son compatibles. Hay un juego de suma cero: no puedes invertir una cantidad enorme de recursos, capacidad industrial y planificación pública en ambas cosas al mismo tiempo. Y lo interesante es qué nos dice ese giro sobre la propia economía europea. Durante años se habló del European Green Deal, de digitalización, de tecnologías verdes, del coche eléctrico o de paneles solares, pero Europa ha comprobado que en muchos de esos sectores China tiene una posición dominante y parece haber empezado a buscar otra salida. Una economía puede intentar reconstruirse mediante innovación tecnológica, mediante planificación y desarrollo de un mercado interno o mediante una economía del desastre y de la guerra, basada en la industria armamentística y en la reconstrucción. Europa parece estar desplazándose desde aquel Green Deal hacia el rearme. Yo no lo interpretaría únicamente como una contradicción moral o como cinismo. Expresa algo más profundo: una economía europea que lleva tiempo buscando un modelo capaz de recuperar crecimiento y tasas de beneficio y que no acaba de encontrarlo.
Y para cerrar, volvamos al encuentro del domingo. Si el problema no consiste únicamente en cambiar hábitos individuales, sino en cambiar quién decide sobre la energía, la vivienda, el transporte o los alimentos, ¿qué alianza social sería necesaria? ¿Quién tiene que organizar esa esperanza?
Lo primero es aceptar que no existe ahí fuera una mayoría transformadora ya formada esperando a que alguien la represente. Hay mucha gente que padece la inflación alimentaria, el precio de la vivienda o la dificultad para llegar a fin de mes y que experimenta una sensación de injusticia: “He hecho los deberes, trabajo, me he esforzado y aun así no llego”. Pero ese sentimiento no tiene un automatismo político. Puede traducirse en direcciones completamente distintas. Construir un sujeto de clase que comparta esa experiencia de desposesión e injusticia y la convierta en un proyecto emancipador exige construirlo políticamente. Hacen falta sindicatos de inquilinos, sindicatos laborales, trabajadores de sectores industriales que participen en el diseño de la reconversión, tejido asociativo, proyectos municipalistas y coaliciones políticas de otras escalas. Todo eso debe ofrecer un horizonte donde una economía buena para el planeta sea también buena para el bolsillo. En España existe además un sujeto especialmente incómodo: una parte de la clase media que se ha precarizado pero conserva patrimonio. Puede sufrir el coste de la vida y, al mismo tiempo, querer extraer la máxima rentabilidad de una vivienda, aunque eso dificulte que sus propios hijos puedan pagar un alquiler. Esa contradicción también hay que disputarla políticamente. No podemos dar por hecho que las posiciones de la gente sean permanentes. También ahí hay una batalla por organizar la esperanza.
