El director general de Política Agraria del Principado de Asturias, Marcos da Rocha, afirma que la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) en 2021 fue una decisión política y no científica, y que el hecho de que las poblaciones se hayan mantenido estables desde que se protegió viene a demostrar que no era necesaria su inclusión en la lista.
Sin embargo, que las poblaciones se hayan mantenido estables tiene una interpretación más sencilla que viene a confirmar por qué era inútil o contraproducente el matar algunos ejemplares para contentar a quienes se quejaban por su presencia. Las poblaciones de lobo nunca van a crecer mucho aunque esté protegido. Es un depredador apical, es decir, está en lo alto de la pirámide trófica, y, además, es territorial; por este hecho no puede tener un crecimiento exponencial. Su protección únicamente genera un mantenimiento y, en su caso, un aumento contenido en caso de que el ecosistema pueda asumirlo. El sacrificio de algunos ejemplares, como se venía haciendo y proponen los responsables del Principado de Asturias, solo sirve para desestructurar las manadas y que produzcan más daños que manadas bien lideradas, tal y como se ha reflejado en numerosas publicaciones científicas.
La inclusión del lobo en la LESRPE en España está respaldada por una sólida base legal, tanto a nivel nacional como internacional, como son el Convenio de Berna o la Directiva Hábitats de la Unión Europea. Además, antes de tomar la decisión se llevó a cabo la necesaria consulta al Comité Científico, que recomendó la incorporación de todas las poblaciones españolas de esta especie en el listado. La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece un marco jurídico robusto para la conservación de especies como el lobo, reconociendo su importancia ecológica y la necesidad de preservar su hábitat en un estado favorable. Actualmente la catalogación de la especie en España, según los últimos datos disponibles, es “desfavorable-inadecuado” y el Tribunal de Justicia de la UE estableció que el “estado miembro debe abstenerse de eliminar ejemplares de una especie cuyos datos disponibles dejaran alguna incertidumbre sobre el estado de conservación”. Hay que puntualizar que la inclusión de la especie en el LESRPE no fue debido sólo a que tuviera la catalogación de vulnerable, por lo no estaría justificado sacar al lobo de la lista por un aumento poblacional.
Por si todo esto fuera poco, Isabel Salado y Carles Vilà, investigadores de la estación biológica de Doñana-CSIC, concluyeron en un estudio reciente publicado en la revista Journal of Heredity que el lobo está perdiendo diversidad genética debido a la fragmentación del territorio, pues al dificultar su expansión se impide que tenga lugar el necesario intercambio genético. Un nuevo argumento científico que viene a apoyar la necesidad de proteger y conservar una especie vital para mantener el equilibrio ecosistémico y reducir la incidencia de enfermedades ambientales y zoonosis.
Todo esto es lo que dice la ciencia. El resto son intereses políticos y económicos que nuestros gobernantes ponen por encima del interés general, y para ello no dudan en ignorar los datos científicos a la hora de tomar decisiones en los despachos del Principado.
