La mañana del sábado 18 de mayo un grupo de activistas de Rebelión o Extinción interrumpieron el tráfico de camiones en la entrada de la fábrica de ArcelorMittal en Veriña para reclamar el cese de las subvenciones públicas otorgadas a esta multinacional, que mantiene una apuesta a nivel global por los combustibles fósiles. En esta protesta, cinco jóvenes activistas se encadenaron de extremo a extremo de la carretera por la que circulan los camiones que entran y salen de la fábrica, acompañados de bengalas y de otros activistas con pancartas con mensajes como: «menos ayudas al capital, más justicia social», «Stop Subsidios Fósiles», «Arcelor-Mortal» y «Financiando la extinción». El bloqueo se mantuvo hasta la llegada de una unidad de intervención policial, que identificó a los manifestantes y procedió al corte de las cadenas, sin realizar detenciones.
Ahora la subcontrata de transportes de Arcelor acusa de un delito de coacciones y solicita para cada una de las personas que participaron en la acción entre 6 meses y 3 años de prisión, además de exigirles 2.400 euros como indemnización. Ese mismo día de inicio del proceso judicial conocían la existencia de otra denuncia, esta vez por parte del cuerpo de policía que les imputa una infracción grave del orden público según la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza), con sanción de entre 601 y 30.000€ por persona.
Este lunes, frente a los juzgados gijoneses ha tenido lugar una nueva concentración de apoyo a los jóvenes ecologistas, que ha tenido también el apoyo de partidos, sindicatos y asociaciones, así como de otros colectivos en lucha como Las Seis de La Suiza.
