La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar movilizará 14,3 millones hasta 2027 para la inclusión social de las personas sin hogar, de los cuales destinará seis millones a los ayuntamientos para financiar la red de albergues municipales, otros 4,5 se orientan a proyectos que faciliten el acceso a una vivienda y 3,9 más a programas de atención integral desarrollados por organizaciones sin ánimo de lucro.
La partida para proyectos de acceso a la vivienda se financia con cargo al Fondo Social Europeo + y la destinada a la asistencia integral, a través del impuesto sobre la renta de la personas físicas (IRPF).
La titular de Derechos Sociales, Marta del Arco, ha aportado estos datos este jueves durante la inauguración del Simposio de inclusión social: emergencia habitacional, vivienda digna y sociedad inclusiva, organizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
Ha recalcado que el compromiso del Gobierno regional con la atención a las personas sin hogar es “claro y rotundo”, al tiempo que ha valorado el carácter “inclusivo” de Asturies. A su juicio, la vivienda se sitúa en el epicentro de los motivos de exclusión o riesgo de exclusión social.
En este sentido, ha señalado que la ley autonómica de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales reconoce el derecho subjetivo de las personas beneficiarias del salario social a un complemento destinado a sufragar los gastos del alquiler de su vivienda, cuyo complemento llega en estos momentos a 250 hogares de “forma mensual y con carácter indefinido”.
Igualmente, para las personas que perciben la renta mínima autonómica, la normativa prevé una exención para el pago de los préstamos hipotecarios, en la “misma intensidad que el complemento vital para el alquiler, por lo que ninguna situación queda en desamparo”, ha agregado la consejera.
También ha subrayado que el sistema asturiano de garantía “apuntala” la concesión de ayudas de emergencia social para gastos relacionados con la vivienda, que van desde el alquiler a gastos de comunidad u otros, y a las que pueden acceder personas que puntualmente tengan dificultades para hacer frente a estos costes, para las que la consejería ha destinado este año 15,6 millones en transferencias a los ayuntamientos.
