En el centro del siempre agitado debate sobre cómo conservar la biodiversidad en Asturias surge un enfrentamiento entre el sindicato Izquierda Sindical Asturiana (ISA) y la administración del Gobierno de la región. La controversia gira en torno a la sustitución de un puesto de bióloga en el Servicio de Vida Silvestre, dependiente del Director General de Planificación Agraria, Marcos Da Rocha. El sindicato califica esta actuación de “amortización encubierta”, mientras que desde la administración se defiende la medida como una reestructuración necesaria para afrontar los retos actuales.
Denuncias del sindicato
Desde ISA denuncian que el puesto de bióloga “es uno de los tres únicos puestos especializados en la protección de especies amenazadas, en la lucha contra las exóticas invasoras y en la redacción de informes de la sección en los trámites de evaluación ambiental de afecciones que los planes y proyectos pueden tener sobre la conservación de la flora y la fauna de Asturies.”
“Es como si fuéramos cirujanos con una lista de espera gigante de gente para operar y, en vez de meter más cirujanos, metiéramos un psiquiatra. No tiene ni pie ni cabeza.”
Explican que la administración asturiana “modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) bajo el pretexto de un ‘exceso’ de biólogos, excluyendo especialistas en conservación de especies y restringiendo esa plaza solamente a ingenieros de montes, haciendo sospechar de una estrategia orientada a eliminar una presencia ‘incómoda’ en el ámbito laboral.”
La bióloga Sara Vila, afiliada a ISA, lo explica con un ejemplo: “Es como si fuéramos cirujanos con una lista de espera gigante de gente para operar y, en vez de meter más cirujanos, metiéramos un psiquiatra. No tiene ni pie ni cabeza.”
Desde el sindicato creen que hay “falta de interés por parte del Gobierno asturiano en la protección de la naturaleza” ya que, según ellos, además, “los temas vinculados al medio ambiente se dividieron en consejerías sin relación con la conservación del medio ambiente.”
Vila señala a la Consejería de Medio Rural: “Cambian perfiles de gente de conservación especializada en ecología, por ingenierías y otros perfiles que están más orientados a obtener beneficios de recursos naturales, algo que los biólogos no hacemos.”
Sin embargo, en su opinión, “un ingeniero no puede hacer el trabajo de un biólogo porque ni la titulación ni el temario de acceso a la oposición incluye toda la normativa que nosotros aplicamos día a día.” Explica que la administración, para “justificar los cambios”, sostiene que “se necesita un equipo multidisciplinar, que hay que afrontar los retos del cambio climático, hacer cosas de silvicultura, cosas del mundo rural, pero en ese equipo había tres biólogos, ahora dos, dedicados a algo muy concreto y necesario: las especies amenazadas, tanto en la flora como en la fauna silvestre. Para hacer todo eso que dicen que quieren hacer ya hay otros puestos con gente especialista en eso que dicen van a hacer en el ámbito de las especies amenazadas”
“Marcos da rocha rechaza la idea de que la medida responda a un exceso de biólogos y aclara que el cambio responde a la necesidad de diversificar las competencias dentro del equipo.”
La versión de la administración asturiana
Por su parte, el director general de Planificación Agraria, Marcos Da Rocha Rodríguez, responde que la reestructuración en la RPT busca ajustar las competencias del servicio a las nuevas necesidades. “A medida que la sección se ha ampliado, incorporando gestión de centros de cría, recuperación de fauna, coordinación de varamientos y otros programas específicos, ha resultado esencial incorporar perfiles técnicos adicionales, como ingenieros de montes o ingenieros agrónomos”, afirma.
El director rechaza la idea de que la medida responda a un “exceso de biólogos” y aclara que el cambio “responde a la necesidad de diversificar las competencias dentro del equipo, no a la sustitución por saturación de un determinado perfil”. Según explica, el objetivo es “fortalecer la sección con conocimientos técnicos complementarios”, destacando que contar con biólogos sigue siendo fundamental, pero que necesitan trabajar junto a otros profesionales.
Indica que el objetivo de fondo es “abordar con mayor eficacia la gestión integral de la fauna silvestre y las infraestructuras que la rodean” porque, según afirma el director general “la protección de las especies amenazadas no se aborda exclusivamente con una sola disciplina, sino con un equipo plural que permita resultados más efectivos.”
Organización administrativa errónea según el sindicato
El sindicato ISA también critica la organización administrativa en Asturias. Señalan que “en lugar de la Consejería de Medio Ambiente, las especies amenazadas dependen del Medio Rural y Política Agraria, mientras los espacios protegidos dependen de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, duplicando tareas y alejando las competencias de los objetivos de conservación”. Además, cuestionan que la mayoría de las especies amenazadas no cuenten con planes de conservación o recuperación, algo que consideran una obligación legal incumplida. Acusan a la Administración de desatender los criterios científicos en un contexto de “sexta extinción masiva” y “alarmante crisis ambiental”, algo que también han llegado a denunciar otros expertos en las páginas de NORTES.
El director general Marcos Da Rocha defiende que “la organización administrativa en el Principado de Asturias tiene en cuenta la interacción entre el medio natural, la actividad agraria y el entorno rural”. Explica que las competencias en materia de vida silvestre, incluyendo especies protegidas, “se enmarcan en un contexto más amplio que integra usos del suelo, actividades agroganaderas, gestión del territorio y conservación de la biodiversidad”.
Según Da Rocha, esta estructura permite abordar la conservación desde una perspectiva “que relaciona biodiversidad, actividad humana y territorio”. Argumenta que la elección de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria como responsable principal de estas cuestiones no obvia la importancia ambiental, sino que busca integrarla en una estrategia más amplia. Subraya que esta decisión pretende ser coherente con “la realidad socioeconómica y territorial del Principado”, sin dejar de cumplir con las normativas de protección ambiental.
El conflicto entre el sindicato ISA y la administración asturiana no solo refleja tensiones laborales, sino también una pugna más amplia sobre cómo priorizar la conservación de la biodiversidad en un contexto de creciente crisis ambiental. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de un enfoque multidisciplinar que integre distintos aspectos del territorio, incluyendo el aspecto humano, el sindicato alerta sobre el riesgo de desatender la protección de especies amenazadas en una región con una riqueza natural excepcional. La pregunta que queda en el aire es: ¿Pueden combinarse ambas visiones o son necesariamente excluyentes?
