La consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí, ha admitido que tiene un conflicto de intereses con la empresa minera Minersa, compañía en la que trabajan su marido y su hermana, y que en la actualidad plantea una controvertida ampliación de su mina de fluorita entre los concejos de Siero y Xixón. A preguntas de los medios, y tras las críticas de vecinos y oposición, Roqueñí ha recordado que desde su nombramiento en 2023 informó al Principado de la existencia de este conflicto entre los intereses de sus familiares y el área de su Consejería.
No es este el único caso en el que confluyen los intereses de Minersa y la Consejería de Roqueñí. La empresa también participa en un proyecto europeo para recuperar materias primas en escombreras mineras, una iniciativa que no levanta ningún tipo de oposición vecinal, y que al contrario goza de buena prensa entre los grupos ecologistas.
¿Qué dice la Ley?
Según la Ley 8/2018, el conflicto de intereses en el caso de un cargo público se puede producir tanto con intereses propios, como con los de familiares, personas con quienes tenga una cuestión litigiosa pendiente, personas con quienes tenga amistad íntima o enemistad manifiesta, personas jurídicas o entidades privadas a las que el alto cargo haya estado vinculado por una relación laboral o profesional de cualquier tipo en los dos años anteriores al nombramiento. Una serie de supuestos bastante extensa y siempre muy difícil de regular, sobre todo cuando el alto cargo no procede del mundo político, como en el caso de Roqueñí, ingeniera de minas, sino de su desempeño en un sector profesional en el que es normal que tenga vínculos afectivos, laborales o incluso sentimentales.
En todos estos casos mencionados por la Ley, el alto cargo tendrá que abstenerse por escrito, algo a priori correcto, pero que puede terminar siendo poco más que un puro formalismo a la hora de determinar si el político o la política usa su posición en provecho propio o de personas cercanas.
Roqueñí ha asegurado este lunes que ha respetado de manera exquisita la Ley y que “siempre” se ha inhibido en la toma de decisiones de procedimientos administrativos relacionados con este proyecto minero. Las explicaciones sin embargo, como cabía esperar, no han convencido a la oposición. La portavoz de Podemos Siero, Silvia Tárano, que ha liderado la contestación política a la mina, ha pedido al PSOE explicaciones, así como disculpas por “desacreditar” a los vecinos. Tárano ha denunciado también la pasividad del Gobierno mientras Minersa realizaban sondeos ilegales, unas prospecciones que ha sido sancionadas por el Ayuntamiento de Xixón. Más allá ha ido Adrián Pumares, de Foro Asturias, que directamente ha pedido la destitución de la consejera y ha hablado de situación “bochornosa”. En el PP no han llegado a tanto, y sin discutir la legalidad de lo hecho por Roqueñí, han dudado de la ética y estética de la consejera.
Javier Álvarez Villa, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias, señala que más allá del “sensacionalismo” y “oportunismo” en las críticas de las derechas, el caso pone de manifiesto la influencia de determinados grupos económicos en el PSOE. Villa cree que no se trata tanto de cuestionar los comportamientos concretos de Roqueñí, “pueden ser perfectamente legales”, como de someter a crítica las políticas públicas de un Gobierno que ha sacrificado participación democrática y control medioambiental en aras de la captación de inversiones. El funcionario y miembro del Conceyu por otra función pública pone como ejemplo de este “todo vale”, la reciente Ley de Proyectos Estratégicos, un texto bendecido por los poderes económicos y los principales medios. Villa se muestra muy pesimista con el texto finalmente aprobado y considera que supondrá rebajar el contrapoder de los ciudadanos e incluso de los ayuntamientos frente a aquellas decisiones que cuenten con el apoyo del Gobierno autonómico.
