Tengo una buena noticia que darles a todos ustedes: Abogados Cristianos no está gobernando España. En las últimas elecciones no sacaron ni un solo diputado porque no se presentaron. Es más, ni siquiera son un partido político. Ni ellos, ni los de Hazte Oír. Solo son una banda de payasos ultracasposos con mucho dinero y tiempo libre.
El que sí está gobernando España es el Partido Socialista y sus socios, que conforman el Gobierno supuestamente más progresista de la historia. Y gobierna desde 2018, lo cual quiere decir que ya ha tenido tiempo de sobra para realizar aquella reforma del Código Penal, que prometió en su día, para suprimir el delito 525, también conocido como delito de ofensa a los sentimientos religiosos, y que no es otra cosa que el delito de blasfemia.
Es a ese delito al que se han agarrado las dos sectas fachas mencionadas para denunciar a Lalachús por mostrar la estampita de la vaquilla del Gran Prix en el especial de Nochevieja. El mismo delito por el que hicieron dormir a Willy Toledo una noche en el calabozo (se negó a personarse en un juzgado, citado por haberse cagado en Dios en redes sociales), por el que llamaron a declarar a Abel Azcona, a Dani Mateo o a dos humoristas de TV3 (por un gag humorístico sobre la Virgen del Rocío), por el que la revista Mongolia afronta otro proceso (denunciada por una portada satírica sobre el nacimiento de Jesús), por el que juzgaron a tres mujeres (por la procesión del Coño Insumiso) o por el que condenaron a Elisa Mandillo a pagar 2.700 euros por la procesión del Chumino Rebelde en Málaga. ¿Se acuerdan ustedes de todo esto? Pues el PSOE, y no Abogados Cristianos ni Hazte Oír, ya gobernaba España cuando todas estas cosas, y otras muchas del estilo, pasaban.
Es cierto que las condenas solo son casos puntuales (y gravísimos), como el de Mandillo, o el de otro joven de Jaén, que tuvo que pagar 600 euros por un fotomontaje de Jesucristo con su cara. Pero es que la propia denuncia, y su correspondiente admisión a trámite ya comporta un calvario penal y económico para la persona denunciada, como explica el experto en Derecho Constitucional Joaquín Uría, en este podcast de eldiario.es sobre este asunto.
Por eso la supresión de ese delito 525 es necesaria y urgente. Y por eso desde estas líneas planteo lo mismo que planteé en este artículo hace cuatro años, cuando se produjo la condena a Elisa Mandillo: sigan perdiendo su tiempo retroalimentándose sobre lo fachas que son los Abogados Cristianos, los de Hazte Oír o la Conferencia Episcopal. Sigan autoconvenciéndose de que nosotros somos la España de la rabia y de la idea, y ellos los devotos de Frascuelo y de María. Sigan poniendo su punto de mira inquisidor sobre una turba de fantoches ridículos en busca de minutos de gloria, y no sobre el Gobierno cobarde y mentiroso que lleva seis años dando cauce legal a los desmanes de estos tipejos y de sus coleguitas con toga que tienen repartidos por los juzgados. Sigan con estos festivales de autoafirmación, que los ultras saben muy bien qué circos montar en cada momento para dar visibilidad a su ofensiva. Lo de menos es si al final se absuelve o se condena.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, dice ahora que en 2025 se reformará el Código Penal para “modificar” (no suprimir) ese tipo delictivo. Y todos los medios de la progresía lo informan como un anuncio, y no como lo que es: un reconocimiento implícito de la mentira y de la inacción de un Gobierno que solo se preocupa por los aquelarres ultras cuando le afectan directamente, ya sea a través de sus miembros, de sus familiares directos o de sus grandes apuestas televisivas. Los demás que se jodan.
