La plataforma estatal Jóvenes Pensionistas acaba de poner en marcha una campaña para denunciar la situación que vive este colectivo de menores de 65 años, acuciada por la pandemia del COVID-19. Para ello están recogiendo vía email vídeos y audios de personas, tanto las que ya han visto reconocida su incapacidad como las que están pendientes de proceso administrativo, para visibilizar la situación tan extrema que están viviendo.
En España hay un total de 958.824 personas con incapacidades permanentes reconocidas, lo que supone un 10% de los pensionistas, aunque no hay cifras oficiales de las que siguen procesos de reclamación judicial por parte de las personas enfermas afectadas. “La Seguridad Social no las ofrece, mientras que se está procediendo sistemáticamente a las denegaciones y las que se consiguen son a través de juicio”, afirma María Ángeles Poveda Olmos, portavoz estatal de la plataforma Jóvenes Pensionistas.
Un proceso muy costoso y largo, en el que mucha gente se queda en el camino precisamente por unos costes inasumibles cuando se habla de personas que han perdido sus ingresos, que dependen de terceros y que por la cronicidad de sus patologías son “un sector sin futuro: la enfermedad nos roba el presente y el futuro nos lo roba la Administración sin unas pensiones dignas. No podemos acceder a vivienda, medicamentos, alimentos…” porque los ingresos de dos terceras partes de los jóvenes pensionistas es del 55% de la base de regulación por tener incapacidad permanente total, que para un mileurista es de unos 550€. La pensión media es de 986€ según la base del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para una incapacidad permanente absoluta, que sería el 100%, explica Poveda.
Esta campaña, que se articula en torno a su canal de Youtube y la difusión en sus redes sociales de Facebook y Twitter de vídeos y audios testimoniales (que se pueden mandar al correo jovenespensionistas@gmail.com), quiere poner el acento en los tres ámbitos donde se ven más perjudicados. En primer lugar la falta de atención sanitaria para las personas con enfermedades crónicas y degenerativas, sin seguimiento sanitario, aplazando consultas y cirugías, lo que está agravando sus patologías y la salud mental.
En segundo lugar la atención inadecuada o la falta de atención domiciliaria a personas dependientes, sin medidas de prevención y protección frente al virus. Y en tercer lugar lo que se relaciona con el ámbito administrativo con la paralización de los procesos de valoración de incapacidad y discapacidad, revisiones y juicios de incapacidades permanentes pospuestos. Esta situación ha dejado a muchas personas sin ingresos económicos. Unas personas invisibles que, por sus especiales características de limitación física y psicológica, no pueden salir a la calle a manifestarse o movilizarse.
