“Implantar la Renta Básica supone desmontar el Estado del Bienestar”

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Diego Díaz Alonso
Diego Díaz Alonso
Historiador y activista social. Escribió en La Nueva España, Les Noticies, Diagonal y Atlántica XXII. Colabora en El Salto y forma parte del consejo de redacción de Nortes.

Daniel Fernández (Madrid, 1995) trabaja como ingeniero y es redactor del periódico La Mayoría, en el que escribe sobre política nacional, internacional, economía y cuestiones sindicales. Sobre la Renta Básica Universal ha reflexionado en La Mayoría.

En España hay varios millones de trabajadores en la economía sumergida y precaria, que no se pueden acoger ni a los ERTES ni a las ayudas de autónomos previstas por el Gobierno. ¿Es un ingreso mínimo vital o renta de cuarentena una buena solución para estos casos?

Está claro que nos enfrentamos a una situación excepcional. Nadie fue capaz de calcular la gravedad de la amenaza que suponía a nivel sanitario el coronavirus, así que nadie fue capaz de prever el enorme impacto social y económico que iba a tener. Eso ha dejado, en efecto, a mucha gente en una situación muy difícil. Y es necesario tomar medidas para ofrecerles soluciones y salidas. Mientras dure esta pandemia, y mientras nos veamos obligados a mantener la economía a media velocidad (cuando no totalmente parada), es imprescindible buscar alternativas. Y si, en este caso, un salario social sería una medida que habría que tener muy en cuenta para aquellos que no tienen otra opción. Pero es importante señalar que ese salario social, aunque ayudaría en un momento tan difícil como este, no estaría resolviendo el problema estructural de fondo.

Las rentas mínimas implantadas en casi todas las comunidades han permitido sobrevivir a muchas personas expulsadas del mercado laboral en un país con un paro estructural que no desaparece ni en los tiempos de más crecimiento

En términos estrictos, la Renta Básica Universal es una asignación monetaria que se hace a todo ciudadano, por el simple hecho de serlo. Una medida así no se aplica en ninguna comunidad, ni en ningún país del mundo. Otra cosa son los programas de ayudas sociales que existen para determinados sectores vulnerables, y que sin duda pueden suponer una diferencia importante para las personas que se encuentran en situaciones precarias. Por eso yo, por ejemplo, prefiero hablar de ‘salario social’. Es importante señalar – y esta también es una diferencia clave con la Renta Básica que todos estos programas tienen por objetivo facilitar y fomentar la integración de las personas y colectivos en condiciones vulnerables, no convertirse en su fuentes de ingresos para siempre.

“Es una medida liberal, disfrazada de progresista”

¿Pero por qué hay que seguir apostando por la inserción en el mercado laboral como única vía de supervivencia en un contexto de robotización y de crisis ecológica?

Cuando hablamos del trabajo, muchas veces olvidamos que tiene una doble cara. Es, en este sistema, un motivo de preocupación e incluso enfermedad, pero también es uno de las principales vías de socialización. A través del trabajo, participamos de la sociedad. Aportamos algo al mundo, nos desarrollamos personalmente y muchas veces hacemos amistades, e incluso conseguimos pareja. No se trata de negar el trabajo, de rechazarlo solo porque hoy en día sirve para explotarnos y alienarnos, sino de democratizarlo. De dirigirlo para que su función social prime sobre los beneficios económicos de una minoría, para potenciar sus aspectos positivos y desechar los negativos.
Si los trabajadores dirigiésemos la economía, la robotización significaría menos horas de trabajo, y más vacaciones. Hoy, en cambio, el robot se convierte en una excusa para despedir a la mitad de la plantilla y obligar al resto a trabajar lo mismo.

Los críticos de la Renta Básica plantean una incompatibilidad entre esta y la defensa de los servicios públicos. ¿Es inevitable ese antagonismo?

Si asumiéramos por ejemplo que esa hipotética Renta Básica Universal fuera de 430 euros, y que se concediera a cada ciudadano español, estaríamos hablando de un gasto de algo más de 200.000 millones de euros. Eso es más de la mitad del importe de los Presupuestos Generales. Ni siquiera sustituyendo todos los subsidios existentes por una Renta Básica se podría financiar un programa de estas características. La única manera de hacerlo sería acabando con el Estado del Bienestar. Y eso tiene implicaciones gravísimas. Estaríamos sustituyendo un sistema de protección social, colectivo, por una asignación individual para que cada uno se buscase la vida. No hay que olvidar que el primero en plantear algo parecido a una Renta Básica fue Milton Friedman, uno de los ayatolás del neoliberalismo, que habló de un impuesto negativo sobre la renta. Al final, se trata de concebir al ciudadano como un consumidor, y buscar la forma de que, incluso en condiciones de extrema necesidad, pueda mantener un nivel mínimo de consumo. Tras la Renta Básica no solo no hay ninguna lógica de protección social, colectiva, sino que hay una perspectiva totalmente contraria.

Pero los defensores de la Renta Básica no solo la plantean como estrategia para acabar con la pobreza, sino también para aumentar la libertad de los individuos. De las mujeres que trabajan en el hogar y dependen económicamente de sus maridos. De las personas para dejar total o parcialmente el mercado laboral y dedicarse a estudiar, cuidar o disfrutar de un año sabático. De los trabajadores precarios para resistir las presiones del empresario y exigir mejores sueldos.

Hay parte de razón en esa afirmación. Pero para eso existen los programas de ayuda social. Si, por ejemplo, modificamos el subsidio de desempleo para hacerlo indefinido y garantizarle una buena dotación, que permita que los trabajadores no se vean obligados a aceptar empleos precarios o en la economía sumergida. Si, por ejemplo, defendemos la Reducción Colectiva del Tiempo de Trabajo, y avanzamos hacia la jornada de 35 horas, y de ahí a la de 30, dejando mucho más tiempo para cuidar y para atender las labores del hogar, que, por cierto, también deberían socializarse. El problema es que los partidarios de la RBU aprovechan la indefinción y la crisis para hacer avanzar una agenda liberal disfrazada de propuesta supuestamente progresista, y eso es muy peligroso. Lo que necesitamos son programas sociales bien dotados, con garantías. Lo que necesitamos es organizar el trabajo de una forma diferente, democrática.

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