El 26 de octubre de 1992 llegaba a Madrid la “Marcha de Hierro”, una columna de trabajadores del metal procedente de las dos grandes siderurgias españolas, la asturiana ENSIDESA y la vasca Altos Hornos de Vizcaya. Ambos grupos de siderúrgicos habían partido andando desde Asturies y Bizkaia para reclamar al Gobierno de Felipe González el futuro de sus respectivas empresas, cuya fusión estaba prevista en la Corporación Siderúrgica Integral. En aquel momento de incertidumbre y crisis, la continuidad de los empleos y de la actividad industrial pendía de un hilo. 50.000 personas se manifestarían aquel 26 de octubre en las calles de Madrid en defensa de la siderurgia de asturiana y vasca. Fue una movilización formidable en la que hubo una estricta unidad sindical entre UGT, CCOO, USO, ELA-STV y LAB. Junto a los 700 trabajadores vascos y asturianos que habían recorrido España a pie, llegarían en 500 autobuses otros muchos obreros que habían quedado en la retaguardia y no habían participado en la marcha, así como sus familias. También se unirían en la capital cientos de madrileños que para arropar a los trabajadores del metal. En aquel momento ambas acerías empleaban a casi 25.000 personas y los planes de reestructuración del PSOE pasaban por la destrucción de casi 9.000 empleos.
La movilización sería una impresionante demostración de fuerza por parte del movimiento obrero, pero para el sindicalista de CCOO Francisco Prado Alberdi no alteraría sustancialmente un guión cuyas líneas maestras ya estaban escritas desde hacía tiempo, y del que solo quedaba perfilar algunos detalles. El Estado apostaría por la siderurgia asturiana, y relegaría a un papel muy secundario a Altos Hornos de Vizcaya, y aún más testimonial a los antiguos Altos Hornos del Mediterráneo, de Sangunto, Valencia, la tercera cabecera en discordia. Una vez saneada y hechas las inversiones necesarias para hacer la siderurgia española competitiva a nivel internacional, el Gobierno iniciaría su privatización. Los trabajadores prescindibles se irían a casa, pero con buenas prejubilaciones.
Para Prado Alberdi la Marcha de Hierro lograría sensibilizar a la opinión pública con respecto a la situación de la siderurgia y de sus trabajadores, pero fueron sobre todas las movilizaciones previas las que salvaron una industria que en Asturies sigue empleando a día de hoy a más de 5.000 personas y tira de toda la industria auxiliar y del metal en la región. Unos empleos que vuelven a estar amenazados por por los ajustes que la empresa ha comunicado esta semana a sus trabajadores. El viernes los comités de empresa de las tres plantas asturianas de Mittal anunciaban su rechazo al ERTE decidido unilateralmente por la dirección, tras comunicar unas cuantiosas pérdidas de 1.120 millones de euros este primer trimestre. Con la aplicación de este ERTE los trabajadores perderán hasta un 35% de sueldo. Los sindicatos ya han anunciado paros en los turnos.
Salvar ENSIDESA es salvar Asturies
Las movilizaciones para salvar la siderurgia asturiana arrancaron en plena Transición. El 28 de febrero de 1978 60.000 personas se manifestaban en Avilés bajo el lema “Salvar ENSIDESA, salvar Asturias”, en una masiva marcha respaldada por toda la izquierda, todas las fuerzas sindicales y el movimiento vecinal. La suspensión inmediata del plan de desmantelamiento de ENSIDESA, el rechazo de los planes siderúrgicos en ciernes, la nacionalización de toda la siderurgia integral, la instalación de industria transformadora en Asturias, el control democrático de la riqueza productiva de la región y la creación de un gobierno preautonómico eran la tabla reivindicativa de una protesta que pondría contra las cuerdas a la UCD, haciéndole de desistir de sus planes de efectuar un ajuste duro en la gran empresa pública.
El 28 de febrero de 1978 60.000 personas se manifestaban en Avilés bajo el lema “Salvar ENSIDESA, salvar Asturias”
La crisis económica mundial, la aparición de nuevos competidores internacionales y el anquilosamiento tecnológico de la siderurgia española llevarían a que ENSIDESA acumulase grandes pérdidas cada vez más inasumibles por parte del Estado. La situación de los altos hornos privados, en Sestao y Sagunto, no era mejor, y en la práctica vivían gracias a las ayudas del Estado. Finalmente el accionariado privado se retiraría y ambas empresas serían asumidas por el Instituto Nacional de Industria.
En opinión de Prado Alberdi, que hoy preside la Fundación Juan Muñiz Zapico de CCOO de Asturies, ENSIDESA estaba pésimamente gestionada. “Carecía de buenos gestores, era un cementerio de elefantes, repleto de políticos franquistas sin ninguna actitud empresarial que iban a chupar del bote, había más mandos que en ninguna otra empresa y existía una corrupción enorme” señala Prado Alberdi, electricista, dirigente muchos años de CCOO, y que ha conocido como trabajador todas las etapas del gran complejo siderúrgico asturiano. La empresa pública estaba totalmente desprestigiada y las condiciones de sus trabajadores producían una enorme envidia entre los del sector privado. Eran los años en los que en Asturies se decía popularmente aquello de “El que vale vale, y el que no, ¡pa ENSIDESA!”. Sin embargo, Alberdi y otros líderes sindicales estaban convencidos de que “ENSIDESA recortada y modernizada tenía futuro,convertida en una acería que hiciera productos de mayor calidad”. Esa sería su batalla frente a la UCD primero y el PSOE después, ya que sobre la mesa del Gobierno llegaría a estar la posibilidad de cerrar por completo la llamada “fabricona”, o de reducirla a su mínima expresión. Para Prado Alberdi combatir el fatalismo gubernamental, que daba el sector siderúrgico prácticamente por perdido, sería una batalla de la que se descolgaría UGT tras la victoria electoral del PSOE en 1982. La fractura sindical introduciría una gran tensión en el seno de las plantas de ENSIDESA con cada convocatoria de huelga. Posteriormente, Comisiones lograría arrastrar al sindicato socialista hacia una actitud más combativa frente al Gobierno de Felipe González.
“Cada vez pasaríamos más de una posición de resistencia a una de propuesta y alternativa. Nuestra estrategia era ir logrando arrancar inversiones que modernizasen las instalaciones y comprometieran al Gobierno a buscar planes de viabilidad y no de cierre y desmantelamiento”, señala Alberdi, que apunta que Fernando Lozano, presidente ejecutivo de ENSIDESA entre 1984 y 1991, sería uno de los pocos altos cargos que se tomarían en serio hacer de la siderurgia asturiana una empresa moderna y capaz de competir en el mercado internacional.
La lucha por salvar ENSIDESA chocaba además con un serio problema territorial. En España había otros dos altos hornos, Altos Hornos de Vizcaya, en Sestao, y Altos Hornos del Mediterráneo, en Sagunto, Valencia, que también luchaban por sobrevivir a la crisis. Los sindicatos coincidían en defender el futuro del sector, pero claro está, en cada territorio se barría para casa. Los trabajadores de Sagunto eran los que peor lo tenían. Como señala el experto en patrimonio industrial Julio Bodí en cada territorio los trabajadores defendían que “la suya era la realmente viable”. El autor del estudio “De chatarra a patrimonio. El proceso de patrimonialización de las antiguas instalaciones siderometalúrgicas de Sagunto” explica que los sindicatos valencianos encargarían un informe a la empresa japonesa Kawasi , que concluiría que la industria siderúrgica local era viable. No serviría de mucho. En 1984 AHM cerraban, conservándose tan solo una planta de laminado, Siderúrgica del Mediterráneo, hoy también propiedad del magnate anglohindú Mittal.
Quedaba la acería de Sestao, que además de fuerza sindical, tenía a su favor importantes apoyos políticos: el PNV y una parte importante del PSOE. En una entrevista concedida a La Nueva España el ex presidente de ENSIDESA, Fernando Lozano, explicaba que el ministro socialista José Luis Corcuera sería uno de los máximos defensores de AHV, pero también que en una comparecencia con diputados, Francisco Álvarez-Cascos, “en lugar de defender las posibilidades de ENSIDESA se dedicó a atacarla de una manera implacable”.
Prado Alberdi explica que no tenía ningún sentido privilegiar una empresa privada y menos moderna, como la vasca, que ENSIDESA, una siderurgia integral con una tecnología más moderna. El historiador de la Universidad del País Vasco José Antonio Pérez señala que entre los sindicatos vascos siempre ha habido cierto resentimiento hacia la apuesta del Estado por ENSIDESA en detrimento de AHV, pero también coincide en que la acería vasca se había ido quedando obsoleta y era menos competitiva. Tras el cierre en 1996 del alto horno de Sestao, en el que todavía en los años 80 trabajaban 11.000 personas, el premio de consolación para Euskadi sería la Acería Compacta de Bizkaia, en la que siguen trabajando medio millar de empleados, y que hoy es también propiedad de Mittal.
Alberdi señala que el resultado de dos largas décadas de huelgas y movilizaciones fue agridulce. Por un lado la lucha sindical logró modernizar y salvar la industria siderúrgica asturiana, y que el adelgazamiento de la plantilla se realizara de forma no traumática. Sin embargo no se logró frenar la privatización total de la empresa. En su opinión, el Gobierno de Felipe González fue reflotando de mala gana ENSIDESA, arrastrado por la lucha sindical, y cuando comenzó a vislumbrar la viabilidad, no quiso conservarla como una empresa pública que podría haber dado beneficios con buenos gestores al frente.
“Cuando la privatización se hizo irreversible, defendimos que el Estado conservara al menos lo que entonces se llamaba la acción de oro, para mantener así algún tipo de control público” apunta Alberdi, que lamenta que se consolidara la equiparación entre empresa pública y mala gestión. El último gobierno de Felipe González prepararía una privatización rematada en 1998, ya con Aznar en el Gobierno, con la entrada en el accionariado del grupo siderúrgico luxemburgués Arbed. La empresa adquiría una acería modernizada y con una plantilla ajustada a las necesidades reales. Un ingente esfuerzo económico, más de 776.000 millones de pesetas, que jamás habría podido haber hecho un inversor privado. Pero es que además, según un Informe del Tribunal de Cuentas de 2005, la privatización de estas y otras 47 empresas públicas había sido por debajo del valor real.
A lo largo del siglo XXI la Corporación Siderúrgica Integral iría cambiando de nombre, de CSI a Aceralia y luego Arcelor y Arcelor-Mittal, así como de accionariado. Además de las plantas asturianas, mantiene algunas instalaciones más pequeñas en Sestao y Sagunto. En 2010 el magnate del acero Lakshmi Mittal se hacía con el control absoluto de la empresa, que a pesar de de ser privada, todavía recibió en 2019 10 millones de euros públicos solo por reducir su emisión de gases contaminantes. También se beneficia de otras subvenciones por sus centros de investigación. Desde Podemos Asturies han reclamado una contrapartida de acciones para el Estado a cambio de estas ayudas públicas. El debate sobre la participación del Estado solo acaba de empezar y es previsible que la crisis no haga más que avivarlo.
