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¿Recortes después de los aplausos?

El vicepresidente asturiano, Juan Cofiño no descarta los ajustes salariales que el Gobierno PSOE-Unidas Podemos ha rechazado.

Juan Cofiño, vicepresidente asturiano. Foto: Iván G. Fernández.

La Navidad de 2012 fue amarga para millones de hogares españoles, aquellos en los que había al menos un empleado público. El Gobierno de Mariano Rajoy había eliminado, además de días de vacaciones y asuntos propios (los famosos “moscosos”), la simbólica paga extra de Navidad a más de 2,5 millones de empleados públicos (no confundir con funcionarios, que apenas alcanzan el 60% de esa cifra).

Se culminaba con este recorte una brutal campaña de injusta culpabilización a un sector de la población que era precisamente uno de los más alejados del origen de la crisis. La crisis de 2008 tuvo su génesis en la desregulación absoluta de los mercados financieros, de la que difícilmente se puede culpar a un probo funcionario de a pie. El problema se generó en el sector privado, ávido de beneficio rápido y se castigó en el público, ayuno de incentivos. La insuficiencia o falta absoluta de normas para controlar la avaricia desmedida se pretende reconducir recortando entre quienes se dedican precisamente a aplicar y controlar la aplicación de esas normas.

Cabe recordar que el PP de Rajoy se cebó con los empleados públicos, pero fue el PSOE de Zapatero quien primero apuntó y disparó, en 2010, con recortes de sueldos del 5% de media en el sector público, iniciando un proceso de devaluación salarial que se contagiaría fácilmente al sector privado, en cuanto a la política de rentas salariales, a través de la Reforma Laboral de 2012, que atacó frontalmente la ya escasa fortaleza sindical dinamitando el poder legal de la negociación colectiva en favor de la patronal.

No estaría de más algún aplauso a los administrativos del Servicio Público de Empleo que han gestionado 3,5 millones de prestaciones de ERTE

Todo indica que la crisis actual, de 2020, va a ser mucho peor, cuantitativamente, que la de 2008/2010. Si en aquella el sector productivo más afectado fue el inmobiliario, en esta ocasión previsiblemente sea el turístico pero también el hostelero o el automovilístico, pero los efectos van a ser mucho más transversales y van a afectar, también cualitativamente, a la estructura de la demanda y por ende a la estructura productiva del país. Y, lo más importante de todo, es que el origen primario de esta crisis no es financiero, sino sanitario: el (o la) COVID19, un virus sin vacuna, y todo el mundo (quizás con la exclusión de la Presidenta de la Comunidad de Madrid) lo ha entendido.

Se necesita fortalecer el sistema sanitario público porque es el único que garantiza la cobertura universal de la sanidad. No creo que nadie discuta la necesidad de la inversión en I+D en estas condiciones, donde sólo la vacuna puede salvar vidas. Pero también se va a necesitar una fortísima inversión de recursos para adaptar al modelo educativo a las nuevas condiciones post-pandemia (nuevas tecnologías, más profesores y mejor formados,…). El personal sanitario se ha llevado los aplausos de las 20:00, pero no estaría de más algún aplauso suelto (como este) a los menguados y olvidados administrativos del Servicio Público de Empleo que han gestionado 3,5 millones de prestaciones de ERTE en tiempo record y con colapso informático incluido.

En este contexto, sigue existiendo una resistencia importante que nos ancla en el antiguo régimen. Son algunos políticos que no han analizado todavía que para la profundidad de esta crisis no vale agarrarse a su viejo catecismo. El mismo día que la Ministra portavoz del Gobierno Mª Jesús Montero rechazaba la reducción del sueldo de los funcionarios (entiéndase empleados públicos) porque el gobierno progresista había entendido que la receta no era la devaluación de las rentas salariales, como en la crisis de 2008, sino precisamente su fortaleza, adelantando una salida keynesiana, el Vicepresidente del gobierno asturiano, Juan Cofiño, no descartaba ajustes en el capítulo de personal del presupuesto. Días después, pillado en renuncio, intentó enmendar sus declaraciones, aduciendo que no se refería a recortes salariales (que se fijan, básicamente, desde el gobierno central), sino a ajustes de plantillas. Eso, teniendo en cuenta que Sanidad y Educación son competencias del gobierno asturiano, es no haber entendido nada. Necesitamos una vacuna, también, contra el neoliberalismo de nuestra clase política.

Celso Miranda
Escrito por

Celso Miranda es economista, funcionario municipal en el Ayuntamiento de Colunga y miembro de la asociación cultural La Ciudadana.

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