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Las ONGs asturianas celebran el procesamiento del ex presidente Álvaro Uribe

Durante su mandato refugiados políticos y activistas fueron espiados en Asturies por los servicios secretos colombianos.

Álvaro Uribe en arresto domiciliario. Foto: Twitter.

“Ya era hora de que alguna de las causas contra Uribe prosperase” señala con satisfacción Javier Arjona, minero jubilado, militante internacionalista desde los tiempos de la revolución sandinista, y uno de los fundadores de la ONG asturiana Soldepaz Pachakuti, impulsora junto a otras entidades de toda España de una querella contra el ex presidente colombiano por sus vínculos con el terrorismo de Estado. Arjona señala que el procesamiento de Uribe, ahora mismo bajo arresto domiciliario, se produce después de una denuncia contra Iván Cepeda, parlamentario del Polo Democrático, e hijo de una víctima del paramilitarismo, que ha terminado volviéndose en contra de quien rigió los destinos de la República entre 2002 y 2010. Ocho años marcados por las políticas neoliberales en lo económico, el estrechamiento de las relaciones internacionales con los EEUU y la intensificación de la represión contra el sindicalismo y los movimientos sociales colombianos bajo el pretexto de la lucha contra las guerrillas y el terrorismo. Arjona apunta que Cepeda estuvo precisamente en Asturies invitado por Soldepaz para pedir apoyo a la causa que finalmente ha prosperado contra el ex presidente, acusado de sobornos, fraude y manipulación de testigos. “Acusaciones menores por las que cumple arresto no en su casa, sino en su latifundio”, recuerda Ana Andrés Ablanedo, presidenta de la Coordinadora Asturiana de ONGs, y que se muestra esperanzada con que esto sea un primer paso para juzgar y condenar a un mandatario que ha destacado “por la violación sistemática de los derechos humanos”. Colombia, el país más peligroso del mundo para ser sindicalista, y donde oficialmente no existe la pena de muerte, sufrió más de 4.000 ejecuciones extrajudiciales según The New York Times en la primera década del siglo XXI. En su mayoría campesinos que se resistían a abandonar sus tierra y que fueron acusados injustamente de ser combatientes de las FARC y del ELN. Según ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, Colombia tiene más de siete millones de desplazados internos. Una cifra superior a la de los refugiados sirios.

Uribe comenta su detención en Twitter.

Para Javier Orozco, coordinador del Programa Asturiano de Derechos Humanos en Colombia, los crímenes cometidos contra la oposición política, y especialmente el movimiento campesino, durante la presidencia de Uribe, fueron absolutamente funcionales a la “contra-reforma agraria que puso en marcha desde el Gobierno”, el proceso de desposesión y concentración de la tierra en unos pocos latifundistas, así como las privatizaciones y políticas económicas neoliberales desplegadas durante su mandato. Orozco, sindicalista y activista político que tuvo que exiliarse en Asturies a finales del siglo XX por la persecución del paramilitarismo colombiano, señala que él mismo fue espiado en Xixón por los servicios secretos del ex presidente en el marco de la llamada “Operación Europea”, que se dedicó a pinchar teléfonos y recoger ilegalmente información de exiliados políticos en la UE. Arjona lamenta que cuando recabaron pruebas de que habían sido espiados en Soldepaz y lo pusieron en manos de las autoridades, estas se desentendieron del caso. “Nos recomendaron que presentaramos una queja al Defensor del Pueblo” recuerda este activista asturiano que ha acompañado durante 20 años a los refugiados colombianos en el Principado. También Álvaro Villegas, de la Asamblea Moza d´Asturies, muy implicada en la solidaridad con Colombia, señala que “sería buen momento para esclarecer la responsabilidad de Uribe en el espionaje ilegal que sufrieron los compañeros colombianos refugiados en Asturies”.

Javier Arjona y Ana García de Soldepaz, Rafa Palacios diputado de Podemos Asturies y Ana Andrés, presidenta de la CODOPA en rueda de prensa. Foto: Iván G. Fernández.

Este mes de septiembre el Programa Asturiano de Derechos Humanos dedicado a la protección de activistas colombianos acogidos temporalmente en la región cumplirá 20 años en medio de grandes recortes que han mermado su capacidad de asilo. Un aniversario que coincidirá con los 15 años del asesinato del sindicalista Luciano Romero, una de las víctimas del paramilitarismo, que estuvo precisamente acogido unos meses en Asturies. El 12 de septiembre se celebrará una jornada homenaje en el Antiguo Instituto de Xixón

Diego Díaz Alonso
Escrito por

Historiador y activista social. Escribió en La Nueva España, Les Noticies, Diagonal y Atlántica XXII. Colabora en El Salto y forma parte del consejo de redacción de Nortes.

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