Dudas acerca de la imparcialidad de un informe gubernamental sobre el 5G

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Redacción Nortes
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Te contamos lo ocurrido centradas en la periferia.

La Coordinadora Estatal por la Moratoria del 5G, acaba de enviar una carta abierta a la Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación, cuestionando la presencia de una representante de dicha Dirección General, así como del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en la presentación del informe del autodenominado Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS). Las organizaciones sociales y ecologistas cuestionan que este ente privado dependiente del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, no tiene entre sus fines y objetivos estatutarios el de la salud, pero si el de “defender los derechos e intereses de la profesión en todos sus ámbitos”, por lo que entraría, según la Coordinadora, en colisión con su propio código deontológico al asesorar a los organismos oficiales en materias que no son de su competencia.

Las organizaciones sociales y ecologistas piden una evaluación de los riesgos sanitarios y ambientales del 5G

La Coordinadora Estatal por una Moratoria del 5G, coincide con la Convención Ciudadana por el Clima, organización francesa de carácter consultivo y representativo, cuando propuso recientemente “establecer una moratoria sobre la implementación de 5G en espera de los resultados de la evaluación de 5G sobre salud y clima”, partiendo de que la propia Agencia Nacional francesa de Seguridad Sanitaria (ANSES) en 2019, dio cuenta de una falta significativa, o incluso una ausencia, de datos relacionados con los posibles efectos biológicos y para la salud y el medio ambiente de esta tecnología.

CRÍTICAS DESDE ASTURIES

La Plataforma Asturiana Contra la Contaminación Electromagnética, Ecoloxistes n’Aición d’Asturies, las Federaciones de Asociaciones Vecinales de Xixón y de Uviéu y su confederación, CAVASTUR, suscriben los argumentos de la Coordinadora Estatal por la Moratoria del 5G. En opinión de estas entidades “el despliegue de una tecnología absolutamente insegura, como es el 5G, continúa imponiéndose sin debate en Asturias, estando previsto que más del 80% de nuestra población pueda tener acceso a esta peligrosa tecnología para finales de este año, algo inaceptable dado que ignora las recomendaciones de la Resolución 1815 del Consejo de Europa, del Parlamento Europeo y de la Agencia Europea de Medio Ambiente

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