El sindicato asturiano de Enseñanza Suatea, y la confederación sindical STEs-i en la que se integra, han acusado a las derechas y a las patronales de la enseñanza concertada de lanzar una ofensiva contra la nueva Ley de Educación (Lomloe) para defender “los privilegios de la educación subvencionada con dinero público”.
En un comunicado, en el que no obstante se critican duramente numerosos aspectos de la ley, el sindicato se desvincula totalmente de los ataques de los sectores conservadores al texto legal. “La ofensiva que están protagonizando las derechas y las patronales de la enseñanza privada concertada, con el apoyo de otras organizaciones representativas de esta enseñanza subvencionada con dinero público y en la que están utilizando a menores en sus protestas, es un tema político“, ha declarado la organización.
La ofensiva de la derecha “no responde a intereses pedagógicos, sino políticos”
“No responde, pues, a planteamientos educativos ni pedagógicos. Responde a la defensa de unos privilegios que se han dado en España, que se han incrementado con la aprobación de la Lomce en diciembre de 2013 y que no se dan en el resto de países europeos, salvo alguna rara excepción”, añade el comunicado.
La central sindical expresa su deseo de que “la controversia política y las demandas de la enseñanza privada en defensa de unos privilegios que no tienen parangón en Europa no oculten las deficiencias que no soluciona la ‘ley Celaá’”.
CON RELIGIÓN Y SIN FINANCIACIÓN
El sindicato ha criticado que la nueva Ley de Educación no suprima la Religión del currículum escolar y no asegure una buena financiación del sistema educativo. La no bajada de la ratio profesor alumno, y la falta de mejora de condiciones laborales de los docentes, son otras de las carencias que estas organizaciones ven en la propuesta.
En el comunicado, Suatea señala que la ley “está lejos aún de las necesidades educativas actuales”. “La Religión Católica debe quedar fuera del currículo escolar. No es suficiente que no cuente para la nota media, que luego repercute en temas como la EBAU o la concesión de becas. La laicidad debe ser una de las bases del sistema educativo en un estado aconfesional, como establece la Constitución Española que es el Estado Español“, comenta el comunicado.
“Ha de asegurarse una financiación del sistema público de enseñanza que la Lomloe no contempla”, ha añadido. En la misma línea, el sindicato “echa de menos una reducción de ratio, imprescindible para una mejora de la calidad de la enseñanza”.
Echa de menos mejoras laborales para los profesores y un sistema “racional” de oposiciones
La falta de reconocimiento de la labor del profesorado es otro de los aspectos criticados: plantea “mejorar sus condiciones laborales”, lo cual “esta ley no hace”. “El horario lectivo del profesorado en España es, sensiblemente, superior al del resto de países europeos, por ejemplo. Además, deja al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional como un cuerpo a extinguir, sin aportar soluciones para quien no pueda acceder al Cuerpo de Secundaria”, añade el comunicado de Suatea.
La falta de gestión democrática de los centros, la necesidad de una forma “racional” de acceso a la Función Pública (las oposiciones para ser profesor), la eliminación de la asignatura de Ética en ESO, o la posibilidad de que la inspección pueda separar directamente a un profesor de la docencia son otros detalles duramente criticados por Suatea.
ASPECTOS POSITIVOS
Sobre los aspectos “positivos”, desde la Confederación de STEs-i celebran “la eliminación de los aspectos más lesivos de la Lomce: segregación del alumnado, eliminación de competencias a claustros y consejos escolares, calificación de la materia de Religión, reválidas. Igualmente se avanza en las nuevas medidas de admisión del alumnado en cuanto a la distribución equilibrada del alumnado entre la pública y la concertada, se elimina la posibilidad de establecer perfiles de profesorado”. “La mayor autonomía de los centros educativos, la oferta pública para el ciclo 0-3 años, las prohibiciones de donar suelo público para la construcción de centros privados y de subvencionar colegios que segregan por razón de sexo, son todas ellas medidas necesarias”, añade el comunicado.
Los cambios sobre inmersión lingüística, el papel de la enseñanza privada concertada o la eliminación de las reválidas y la reducción de las veces que el alumnado puede repetir a lo largo de su escolaridad obligatoria son, según el sindicato, “para adecuarse a la realidad de lo que ya sucede en nuestros centros educativos con buen resultado -la cooficialidad de las lenguas propias-, o para acercarse a lo que es norma general en nuestros vecinos europeos que ni subvencionan la enseñanza privada, ni establecen carreras de obstáculos al alumnado, si no que tratan de integrarlo poniendo los medios humanos y materiales para ello”.