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¿Estamos protegiendo a nuestros mayores prohibiéndoles recibir visitas?

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública alerta del peligro del aislamiento para la salud de quienes viven en residencias.

Foto: Feepick.

La Plataforma por la Defensa de la Salud y la Sanidad Pública de Asturias ha elaborado un documento analizando el impacto de la prohibición de las visitas en las residencias de mayores. El informe, revisado por trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública y el medio sociosanitario y apoyado por 29 organizaciones civiles de ámbito regional y nacional, concluye que la prohibición de las visitas en las residencias ha tenido un “efecto devastador” sobre su salud mental. Según el equipo que ha elaborado este documento el daño psicológico causado por el aislamiento tiende en muchos casos a “precipitar el declive y acelerar la muerte”. Concretamente para las personas con demencia, el informe señala que se produce un “empeoramiento de síntomas psicológicos y conductuales incluyendo apatía, depresión, agitación, ansiedad e irritabilidad”, un “aumento de la confusión, la desorientación y la pérdida de memoria”, así como un “aumento del nivel de dependencia para las actividades de la vida diaria”. En cambio según el documento la presencia de familiares contribuye a reducir la situación de estrés, ansiedad y pena de quienes viven la pandemia en las residencias.

La Plataforma señala que la seguridad es compatible con las visitas

Para la Plataforma “la seguridad es compatible con las visitas en las residencias si estas tienen lugar con las debidas medidas de seguridad”, y ponen el ejemplo de Canadá y Holanda donde se han puesto los medios para que los ancianos puedan recibir visitas sin perjuicio para la seguridad de los centros de mayores.

Las claves serían: más personal para gestionar las visitas, un número limitado de personas en cada visita, y un espacio seguro que se ventile y limpie después de cada encuentro familiar. Según esta histórica entidad en defensa del sistema público de salud “las residencias que tienen prohibidas las visitas también sufren brotes, de modo que su prohibición no elimina los brotes”. En el documento la Plataforma señala “no existe evidencia de que las residencias que sí han abierto hayan experimentado brotes como resultado de esa política”.

La Plataforma ha presentado las conclusiones de su investigación a la Consejería de Salud la Consejería de Derechos Sociales del Principado de Asturias, junto con una petición a ambas para que consideren destinar los recursos suficientes a que las residencias puedan abrir las visitas de forma segura.

Diego Díaz Alonso
Escrito por

Historiador y activista social. Escribió en La Nueva España, Les Noticies, Diagonal y Atlántica XXII. Colabora en El Salto y forma parte del consejo de redacción de Nortes.

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