Críticas a la nueva Ley de Ciencia: consolida la precariedad y desvía más fondos públicos al sector privado

Investigadores se movilizan en 11 ciudades españolas para reclamar al ministro de ciencia, Pedro Duque, que se siente a negociar la reforma legislativa.

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Diego Díaz Alonso
Diego Díaz Alonso
Historiador y activista social. Escribió en La Nueva España, Les Noticies, Diagonal y Atlántica XXII. Colabora en El Salto y forma parte del consejo de redacción de Nortes.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de marzo el anteproyecto para la reforma de la Ley de Ciencia. Ni la letra ni la música de un texto que en teoría debería corregir la precariedad laboral y la brecha de financiación de la ciencia española con respecto a los países más avanzados de la UE han convencido a la mayoría de la comunidad científica. Por eso, investigadores de toda España se han manifestado hoy en 11 ciudades contra la propuesta presentada por el ministro socialista Pedro Duque, que critican no ha negociado con nadie el proyecto. En Oviedo la convocatoria, que partió de CCOO, y a la que se sumó la Asamblea por el Futuro de la Investigación en Asturies, reunió a varias decenas de investigadores.

Denuncian que se eliminan la barrera entre lo público y lo privado


En opinión de CCOO, el texto difundido, que modifica la vigente Ley 14/2011, no hace sino profundizar “los importantes problemas que afectan al sistema científico-técnico español, agravados por la crisis de 2009 y agudizados por la pandemia”. Para el sindicato el anteproyecto de Ley “no resuelve el creciente envejecimiento de las plantillas del personal de la investigación, con edades de acceso que alcanzan los 43 años y tasas de precariedad que suponen el 40% en Universidades y OPIs y superan el 80% en el sistema sanitario. Tampoco plantea una carrera profesional para el conjunto de personal de investigación, denuncian desde el sindicato, que considera que la propuesta de Duque “ignora al personal de gestión, desprecia y excluye al
personal técnico, y no reconoce los derechos laborales plenos para los trabajadores y
trabajadoras del sector”.


Desde el sindicato se considera que la reforma de la Ley ni resuelve el problema de la estabilidad laboral ni el de la financiación y apuesta como único camino para el desarrollo de la I+D+I española por la transferencia de recursos públicos al sector privado “eliminado la barrera entre lo público y lo privado”. Frente a ello reclaman la apertura de una negociación de esta reforma, un Plan de Choque de nuevas contrataciones de personal investigador y más financiación para “reducir nuestro diferencial respecto a los países de la UE”.

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