En los últimos meses los medios de comunicación, apoyados en los registros que proporcionan las agencias inmobiliarias, vienen informando sobre el aumento notable de los habitantes que trasladan (o proyectan trasladar) su lugar de residencia desde las ciudades de Asturias hacia el espacio rural circundante. Según estas fuentes, la pandemia del Covid podría estar impulsando ese flujo, facilitado también por la expansión de la infraestructura digital y, con ella, del teletrabajo y el comercio online además, lógicamente, de las ventajas relacionadas con la calidad ambiental del entorno, el atractivo paisajístico y una oferta de casas o solares a precios relativamente asequibles para los profesionales y autónomos, que serían sus principales demandantes.
A partir de aquí, y a la espera de que los datos oficiales del nomenclátor lo corroboren, van surgiendo ya interpretaciones que observan una inversión en la tendencia tradicional de despoblamiento rural y concentración urbana, detectan alicientes para la repoblación y revitalización del campo y perciben señales de la anunciada transición verde y digital que sustituiría progresivamente al tejido productivo y territorial basado en la polarización industrial, poblacional y dotacional de la era industrial.
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El diagnóstico no debería resultar tan pródigo si se tiene en cuenta que estos desplazamientos se limitan al ámbito geográfico del área central y de la franja litoral, permaneciendo al margen, en gran medida, las comarcas del interior (y, especialmente, las aldeas del suroccidente y de las cuencas mineras), que son las que verdaderamente se encuentran en una situación demográfica y socioeconómica más crítica, al borde en muchos casos del abandono definitivo. Y más si se tiene en cuenta también que todo ello ocurre de manera bastante espontánea, sin que la administración disponga de instrumentos normativos eficientes que permitan encauzar los flujos naturales y evitar los desequilibrios y los impactos negativos que también se pueden producir.
Porque, en efecto, la atracción que estos espacios -bien conectados y prácticamente englobados ya en el área metropolitana- ejercen hoy sobre la población urbana no parece tanto una inédita novedad como una aceleración del proceso de dispersión y suburbanización iniciado hace décadas y favorecido, desde un principio, por el uso generalizado del automóvil particular. Un proceso que ha multiplicado los asentamientos de residencia unifamiliar (principal o secundaria) sobre los viarios, parcelarios y construcciones tradicionales, apolillando y desgarrando el tejido rural, rompiendo la armonía agro-natural del “bocage” y desfigurando el paisaje que durante siglos había ido conformando la actividad campesina. Y no solo el paisaje, sino también el patrimonio etnográfico, el legado inmaterial y el entramado de relaciones sociales y vecinales que se disolverían definitivamente bajo el avance de la gentrificación y el estilo de vida urbano.
Es más, si la diseminación suburbana continuase desarrollándose de manera desregulada y a un ritmo creciente, no solo se agravarían los efectos destructivos sobre el medio rural sino también sobre el conjunto del territorio -con un incremento de la movilidad insostenible y sus secuelas- y sobre las ciudades mismas al desaparecer, entre otros de sus rasgos originales, el de la propia compacidad física. Se engendraría así un nuevo tipo de paisaje difuminado y desestructurado (como lo describe Oriol en Cataluña): el de la “no-ciudad”.
Partiendo de una actitud realista, que no puede desentenderse de las irreversibles transformaciones territoriales que se vienen gestando en Asturias, y que seguramente se acentuarán en el futuro, sí convendría establecer algunas pautas que facilitasen la adecuación entre los cambios previsibles y los objetivos del equilibrio territorial, la sostenibilidad y la preservación del patrimonio natural y cultural vinculado al singular poblamiento, tanto el lo referente a la relación entre las nuevas actividades y el hábitat tradicional como en la ordenación y control del conjunto del proceso.
“La política territorial tendría que favorecer, antes que la repoblación, la permanencia de la población local”
En primer lugar y respetando, por supuesto, las decisiones individuales sobre elección de residencia, la política territorial tendría que favorecer, antes que la repoblación, la permanencia de la población local, antes que el hábitat intercalar en el área central, el asentamiento en las alas y el interior regional y antes que la urbanización de las aldeas su rehabilitación y modernización compatible con la diversificación productiva y los nuevos usos.
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Y sobre las actividades, parece lógico priorizar las que aprovechen los recursos endógenos o faciliten servicios a las comunidades locales frente a las que exclusivamente se limiten al uso residencial sin interactuar en positivo con el mundo rural.
Disponer de unas Directrices actualizadas de Ordenación del Territorio, de una Ley del Paisaje (que ya han aprobado otras CC.AA.) y de unas normas avanzadas sobre edificación en el medio rural, además de reorientar los Programas de Desarrollo Rural (Proder y Leader) y aprovechar los nuevos instrumentos de financiación europea Next Generation, sería lo mínimo exigible a una administración autonómica que tiene las competencias en ordenación territorial pero no parece encontrar el modelo ni el camino para valorizar el potencial de los recursos territoriales y paisajísticos de Asturias como un medio para el desarrollo equilibrado y sostenible de este hermoso país Atlántico.
