Tras veinticuatro años como bombero, Miguel Ordóñez empezó a plantearse su retirada en abril de 2016, cuando el incendio en Uría 58 en el que murió su compañero Eloy Palacio. Aquella mañana se pagó muy caro lo que Ordóñez llevaba tiempo denunciando: Aqualia, la empresa propiedad de FCC beneficiada con la gestión del agua en Oviedo desde su privatización en 1996, no estaba encargándose de revisar y mantener en buen estado los hidrantes de la ciudad.
“No teníamos agua”, recuerda el bombero y sindicalista de CSI, “uno de los camiones tuvo que dar doce viajes subiendo agua desde el parque de bomberos, en Rubín. Si tienes agua, una casa que se prende la apagas en diez minutos. Pero si no tienes agua se te va de las manos, que es lo que pasó en Uría”. Desde unos meses antes, Ordóñez venía ocupándose de revisar personalmente todos los hidrantes de Oviedo, “una tarea que por contrato debería hacer Aqualia”.
Ahí se dio cuenta de que la empresa “no da servicio de ningún tipo. Porque yo comprobé que muchos hidrantes estaban en mal estado, sin la presión suficiente, y le enviaba esa información a Aqualia, pensando que subsanaría las deficiencias. Pero volvíamos a mirar, meses después, y todo seguía igual”.
A raíz del incendio, y con el objeto de aportar documentación para la investigación del siniestro, los técnicos municipales se pusieron a revisar el contrato de Aqualia, cuya actividad apenas había sido fiscalizada por el ayuntamiento hasta entonces. Y repasando estos papeles descubrieron que la empresa le había cobrado al ayuntamiento casi 1,5 millones de euros de forma irregular solo en 2017 y 2018.
“La administración no tiene control real”
En marzo de 1996, en pleno apogeo del gabinismo, el consistorio ovetense aprueba por mayoría absoluta, pero con el rechazo de toda la oposición, la privatización del servicio municipal de aguas durante cincuenta años, el tiempo máximo que contempla la ley. La empresa adjudicataria debería abonar un canon de 3.000 millones de pesetas y comprometerse a realizar inversiones por otros 3.500 millones. De las cuatro propuestas presentadas resultó beneficiada la de Aqualia, cuya mayoría accionarial está en manos de FCC. Los movimientos sociales de la ciudad se movilizaron contra privatización, llegando incluso a convocar un referéndum popular sobre la cuestión.
Los críticos con la privatización argumentaban que, al dejar la gestión del agua en manos de una empresa, el ayuntamiento renunciaba al control de un recurso estratégico con beneficios asegurados. Asimismo, alertaban sobre el incremento del precio que podría suponer la privatización del agua.
La otra gran preocupación era el control insuficiente del consistorio para velar que se cumpliese el contrato suscrito. Un solo departamento de funcionarios tenía la responsabilidad de fiscalizar la actividad de una empresa con cientos de trabajadores y decenas de miles de clientes. Fuentes municipales reconocen que “el ayuntamiento de Oviedo no tiene capacidad para vigilar lo que hace Aqualia”.
“La titularidad, teóricamente, es mixta”, señala Pablo García, de la Unión de Consumidores de Asturias (UCA), “pero quien decide y gestiona es la empresa privada. Las administraciones no tienen un control real y, si los ayuntamientos privatizaron, fue para eso. Para olvidarse del tema y no saber nada”.
Dos millones en gastos sin justificar
Hasta que no quedó más remedio que saber. La investigación sobre el estado de mantenimiento de los hidrantes destapó los sobrecostes que Aqualia le cargaba al ayuntamiento. La propia empresa ha admitido que en 2017 le cargó al consistorio más de un millón de euros en gastos que no habían tenido lugar: fuentes que en realidad no funcionan, agua que no se compró y depuradoras que ya no existen. Asimismo, los técnicos de Infraestructuras del ayuntamiento han establecido que en 2016 Aqualia se cobró 550.210 euros de gastos sin justificar.
Las cuentas anteriores a ese año todavía no han sido revisadas, y ni siquiera se ha devuelto aún el medio millón cobrado de forma indebido en 2016. El pasado mes de abril, el PSOE ovetense instaba a PP y Ciudadanos a exigirle a Aqualia la devolución de ese dinero porque “no puede dejar prescribir los derechos municipales en beneficio de las empresas contratadas”. Respecto a los ejercicios de 2017 y 2018, la coalición PP-Ciudadanos pactó con Aqualia la devolución de 800.000 euros, una cantidad mucho menor que los casi 1,5 millones que la propia empresa ha reconocido que cobró indebidamente.
El consumidor paga la cuenta
Además de las arcas públicas, también las economías familiares han pagado la factura de la privatización. Entre 1996 y 2018, según datos del ayuntamiento, el precio del agua se duplicó en Oviedo, si bien el 57% de esa subida se debe al IPC acumulado. García, citando un informe elaborado por UCA en 2016 sobre las tarifas de agua en veinte concejos asturianos, destaca varios aspectos importantes para entender la cuestión:
“Por ejemplo, si las tarifas son progresivas o regresivas en el precio de hora de consumo. En Oviedo es regresiva: a más consumo, menor incremento del precio del metro cúbico. Sin embargo en Avilés, que también es de gestión privada, la tarifa es progresiva: más consumo, mayor incremento del precio. Desde el punto de vista de incentivar el ahorro de agua, y partiendo de un mínimo que tiene que estar cubierto, hay que penalizar los consumos derrochadores, que es lo que hacen las tarifas progresivas”.
“Otro tema clave”, explica, “son los conceptos por los que se paga. Una cosa es lo que pagas por el agua que consumes, y otra cosa es el precio final. Ahí hay todo un entramado de conceptos que es lo denunciable”. El concejo de Llanera, donde la gestión del agua es privada, se cobran hasta siete tasas distintas que suponen el 76% del precio total de la factura. En Langreo, también privada, se cobran seis; pero Castrillón, con el mismo régimen de gestión, solo tiene una, y Oviedo cobra dos. Aunque la tendencia general es que el agua de gestión pública le salga más barata al consumidor, toda norma tiene siempre una excepción. “Gijón es el único caso excepcional”, puntualiza el portavoz de UCA, “porque tiene una empresa municipal de aguas muy potente, pero eso no hace que tenga los precios más baratos”.
Según el informe de la asociación, con datos de 2016, la de Gijón es la tercera tarifa más cara de Asturias tras las de Langreo y Mieres. Y eso pese a los beneficios anuales de más de un millón de euros que presentó la empresa municipal en los últimos ejercicios. “En Gijón el abastecimiento es muy caro”, concede García, “pero no hay enriquecimiento. El ayuntamiento se paga el agua a sí mismo”.
