Los trabajadores de Alu Ibérica reclaman a las puertas de la FSA que el Estado intervenga la empresa

La plantilla de la antigua ALCOA se muestra satisfecha de que la Audiencia Nacional haya reconocido que la venta de la aluminera fue fraudulenta.

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Diego Díaz Alonso
Diego Díaz Alonso
Historiador y activista social. Escribió en La Nueva España, Les Noticies, Diagonal y Atlántica XXII. Colabora en El Salto y forma parte del consejo de redacción de Nortes.

Una de cal y otra de arena. La plantilla de Alu Ibérica está satisfecha porque la justicia haya reconocido el carácter fraudulento de la venta de ALCOA, pero sigue demandando al Gobierno de Pedro Sánchez medidas políticas para salvar el empleo y la actividad fabril.

Victoria en el frente judicial. La Audiencia Nacional ha condenado a la multinacional, reconociendo explíctimante lo que los trabajadores llevaban denunciando desde el primer día: “Alcoa nunca dejó de ser el empresario real de los trabajadores”. Ni Parter Capital ni el Grupo Riesgo responden al perfil de un “empresario serio, solvente y riguroso” ha explicado el tribunal. Para José Manuel Gómez de la Uz, presidente del comité de empresa, la justicia ratifica las hipótesis de los trabajadores. La multinacional nunca quiso vender las plantas alumineras de Asturies y Galicia a una empresa con capacidad de sacarlas adelante, sino que buscó liquidadores que hicieran el trabajo sucio de cerrarla. “Ya que nos estafó ahora tiene que cumplir el Plan B que es indemnizar a los trabajadores”, señaló ayer el sindicalista a las puertas de la Federación Socialista Asturiana, donde los trabajadores de Alu Ibérica, antigua ALCOA, llevaron su protesta en defensa de un futuro para la fábrica de aluminio de Avilés. Un futuro que para los trabajadores pasa por la intervención del Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

“Una cosa son los temas jurídicos, que no nos van a dar un puesto de empleo, ni van a devolver la actividad a Avilés, y otra es buscar un proyecto” señaló Gómez, para quién esto último pasa por un papel más activo del Gobierno en defensa de la industria. Para el comité de empresa la SEPI debería intervenir temporalmente las plantas hasta encontrar un inversor solvente con un proyecto de futuro. Mañana jueves se reunirán con Adrián Barbón y la ministra de industria Reyes Maroto.

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