“Los indultos son legales, pero el Gobierno debe justificarlos bien ante la sociedad”

Miguel Presno (Vegadeo, 1965) es catedrático de derecho constitucional en la Universidad de Oviedo/Uviéu. Ha hecho estancias de investigación en las universidades de Pisa y La Sapienza (Italia), Friburgo (Alemania) y Nueva York. Sus líneas de trabajo, sobre las que ha publicado varios libros y artículos, son los derechos fundamentales como núcleo esencial de la democracia, el sistema de partidos, el derecho electoral y parlamentario, la autodeterminación personal frente al paternalismo estatal y las transformaciones del estado de derecho. Ha colaborado con El Diario.es y otros medio de comunicación. Mantiene el blog “El derecho y el revés”, un espacio dedicado a “contribuir al debate jurídico con personas que no están seguras de tener razón”.

¿Tienen sentido los indultos en un país democrático? 

Es una medida de gracia de la que dispone el Gobierno cuando considera que hay razones de justicia, equidad, utilidad pública o debida reinserción social del penado. En EEUU, por ejemplo, es común que el presidente se despida de la Casa Blanca concediendo indultos y, además, con criterios mucho más laxos que en España.

¿Están justificados en este caso?

Es discutible, como casi todo en términos políticos, pero la valoración legal le corresponde hacerla al Gobierno, que puede atender a diferentes motivos, como dije anteriormente. La concesión del indulto no enmienda la labor de los jueces ni presupone que el juicio fuera injusto, pero el Gobierno considera inconveniente para el país que los indultados sigan en la cárcel. Además va en la línea anunciada por el mismo Gobierno de modificar el vigente delito de sedición para reducir la pena, que se considera excesiva, y mejorar su redacción, que se entiende ambigua, uno de los temas más controvertidos del juicio a los líderes del Procès.

Hasta ahora lo normal es que la izquierda criticara los indultos, que en más de una ocasión han servido para perdonar casos de corrupción o a los condenados por delitos de terrorismo de Estado.

Sí, efectivamente; esta figura es controvertida porque se concede a un grupo reducido de personas y otras muchas quedan fuera. La Ley vigente es de 1870, modificada en 1988, cuando desapareció la obligación de “motivar” la concesión del indulto. Además de debatir si algunos delitos deben quedar excluidos del indulto y cuáles, en su caso, es importante que se reforme la normativa vigente para que sea obligatorio hacer públicas las razones. No obstante, y aunque ahora eso no sea obligatorio hacerlo, es lo menos que se puede pedir: creo que los indultos son legales, pero el Gobierno debe justificarlos bien ante la sociedad y, en su caso, asumir el coste político.

“Hace tiempo que el Gobierno debería haber impulsado la derogación total o parcial de La Ley de Seguridad Ciudadana”

 La Ley Mordaza sigue sin tocarse

Resulta sorprendente porque los partidos hoy en el Gobierno no solo fueron críticos con la constitucionalidad de esa Ley sino que la cuestionaron en términos políticos y parece que, en coherencia, y contando con la necesaria mayoría parlamentaria, hace tiempo que deberían haber impulsado su derogación o, cuando menos, reforma, algo que ahora está en marcha; veremos hasta dónde alcanza y si incluye la legalización de las devoluciones en caliente.

¿Es constitucional?

El Tribunal dictaminó que la ley es constitucional, excepto en la prohibición de difundir imágenes de los agentes de seguridad en manifestaciones y actuaciones policiales pero que sea constitucional no convierte su actual redacción en obligatoria.

¿Es España un país restrictivo con el derecho de manifestación?

Ese derecho está en la Constitución y en los tratados sobre derechos ratificados por España y, en general, ha habido una buena práctica durante mucho tiempo pero la Ley Orgánica de seguridad ciudadana sanciona incumplimientos formales de la Ley Orgánica que regula el derecho de reunión aunque no generen inseguridad ciudadana y se han impuesto no pocas sanciones en los últimos años. Cabe recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que toda concentración o manifestación en un lugar público provoca ciertas molestias en la vida cotidiana y es importante que las Autoridades muestren cierto nivel de tolerancia si son pacíficas; también dijo que la imposición de sanciones administrativas por participar en una manifestación pacífica resulta desproporcionada y que puede tener un efecto desaliento y actuar como desincentivo para participar en reuniones semejantes.